La tasa de desocupación en Chile llegó a 9,6% en el trimestre móvil junio-agosto de 2026, su nivel más alto en cinco años, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra representa 989 mil personas desempleadas y 44 meses consecutivos con una tasa sobre el 8%. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció que se trata de «una situación difícil» y apuntó a medidas de corto plazo como el plan Chile Despega.
Detrás de estas cifras hay un conjunto de reformas laborales que se aplicaron en el gobierno de Gabriel Boric que, según economistas y gremios, han elevado significativamente el costo de contratar en Chile en los últimos años.
El peso de tres reformas simultáneas
Un estudio de la Universidad San Sebastián (USS) sobre el impacto de las políticas laborales en las mipymes analizó específicamente tres cambios normativos:
- Aumento del sueldo mínimo: el incremento sostenido —hoy en $539.000— podría generar, por sí solo, una caída de -4,6% en el empleo de las mipymes, según el estudio.
- Ley de 40 horas (Ley 21.561): la reducción gradual de la jornada laboral (ya en 42 horas desde abril de 2026, sin reducción de sueldo) es identificada por el estudio como «la medida más cara» para las pequeñas y medianas empresas.
- Reforma previsional (Ley 21.735): la cotización adicional de cargo del empleador subió de 1% a 3,5% en agosto de 2026, y seguirá aumentando hasta 8,5% en 2033.
Según las estimaciones del estudio, la combinación de estas tres medidas podría derivar en una reducción total del empleo de hasta -11,4% en el segmento de las mipymes, que son las que generan la mayor parte de los puestos de trabajo en Chile.
Lo que dicen los gremios sobre la reforma previsional
El alza de la cotización patronal ha generado advertencias explícitas desde el mundo empresarial. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, señaló que «para los empleadores, el aumento de las cotizaciones es un desafío considerable, y el período de implementación propuesto resulta insuficiente para absorber este cambio sin afectar el empleo». Economistas consultados en su momento por Diario Financiero coincidieron en que el riesgo es mayor para los trabajadores de sueldo mínimo, ya que en ese segmento el costo adicional no se puede traspasar al salario líquido —porque el piso está fijado por ley—, lo que podría generar «un efecto pernicioso» sobre el empleo formal.
Ley Karin: el temor que reportan las propias empresas
Un cuarto factor que se ha instalado en el debate es el eventual efecto de la Ley Karin —que endureció la prevención y sanción del acoso laboral— sobre la contratación de mujeres. Una encuesta de la consultora de reclutamiento Vertical Hunter, realizada entre casi 800 personas, encontró que un 45,5% de los encuestados percibe mayor reticencia a contratar mujeres desde la entrada en vigencia de la ley, y un 8,5% observa una preferencia a desvincular mujeres por sobre hombres. «Las empresas han tenido que cambiar y muchas de ellas por miedo a recibir demandas con o sin argumento, pero el temor se nota», señaló el gerente general de la consultora, Francisco González.
El desempleo femenino, de hecho, se mantiene sobre el 10% (10,3% en la última medición), por encima del promedio nacional y del masculino (9,1%).
El otro dato que preocupa: la informalidad
Junto al alza del desempleo, el INE reportó que la tasa de ocupación informal llegó a 26,3%, con un aumento de 0,3 puntos en el último año, mientras que los asalariados formales cayeron 2,9% en doce meses. Es decir, no solo hay menos empleos, una porción creciente de los que existen no cuentan con la protección de un contrato formal.
