El cabo segundo de Carabineros Alejandro Ortiz Vásquez, de 32 años, murió la tarde de este jueves tras recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba de franco en la comuna de Renca, en un hecho con el que el Gobierno argumenta sobre la necesidad de dotar de más herramientas legales a las policías del país.
Lo que se sabe del crimen
El funcionario, perteneciente a la Subcomisaría Conchalí Norte, se desplazaba a bordo de su camioneta particular cerca de las 19:15 horas por la intersección de calle 21 de Mayo con Miraflores, en la población El Perejil, cuando fue interceptado por un grupo de al menos tres sujetos armados, en lo que las diligencias preliminares apuntan a un intento de robo de su vehículo. Según testimonios de vecinos, se escucharon al menos tres disparos. Uno de los impactos alcanzó a Ortiz en la cabeza, provocándole una lesión de extrema gravedad que derivó en su fallecimiento en el lugar, pese a la llegada del SAMU. Los atacantes huyeron y hasta el cierre de esta nota se encontraban prófugos.
Uno de los puntos que las autoridades buscaban esclarecer era por qué el carabinero se encontraba en ese sector específico. Nuevos antecedentes revelados por La Tercera, citando fuentes conocedoras del caso, indicarían una respuesta: Ortiz realizaba labores paralelas a través de la aplicación Uber Eats y habría llegado hasta Renca para efectuar una entrega ya coordinada. Según esta reconstrucción —aún sin confirmación oficial del Ministerio Público—, el funcionario salió esa tarde desde la Escuela de Formación de Cerrillos, llegó al lugar y entregó un paquete a tres sujetos, quienes se habrían negado a pagar. Uno de ellos habría usado un arma blanca para intimidarlo, y cuando Ortiz intentó sacar su arma de servicio desde un banano, otro de los sujetos le disparó en el rostro. Los atacantes habrían huido con el paquete y con el arma del funcionario. Este antecedente resulta relevante porque contradice la hipótesis inicial de un intento de robo de su vehículo particular, ya que este fue encontrado intacto en el lugar.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH, con apoyo de Labocar y el OS-9 de Carabineros. El fiscal a cargo, Cristóbal Salazar, confirmó que Ortiz se encontraba fuera de su vehículo al momento del ataque y fue enfático en señalar que, hasta ahora, no se descarta ninguna hipótesis. El propio ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, había evitado previamente confirmar hipótesis: «Tenemos bastante información de lo ocurrido, pero uno como ministro de Seguridad no puede darla a conocer. El sitio del suceso está recién siendo periciado».
La respuesta de Kast: «Necesitamos más herramientas»
El Presidente José Antonio Kast lamentó el crimen a través de su cuenta de X y utilizó el hecho para reforzar el llamado que su Gobierno ha hecho de manera reiterada al Congreso: «Necesitamos avanzar urgentemente en leyes que nos permitan entregar más herramientas de seguridad y protección en nuestro país». La frase se enmarca en la agenda de seguridad más amplia que el Ejecutivo ha impulsado durante todo el año, y que incluye tanto la reforma constitucional en tramitación como una serie de proyectos específicos orientados a fortalecer a las policías.
Arrau conecta el crimen con la agenda legislativa pendiente
El ministro Arrau fue más allá y detalló, punto por punto, cuáles son esas herramientas que el Gobierno considera indispensables. «Es lo que hemos dicho desde el día uno: la misión de este Gobierno es recuperar el rol de la autoridad, el respeto a nuestras fuerzas de orden y seguridad», declaró el secretario de Estado, agregando: «Eso se hace con leyes, por supuesto, como las que estamos viendo. La legítima defensa de franco a nuestros carabineros, para que tengan esa ley Naín 2.0 que estamos tramitando».
El ministro sumó a la lista «la regla de uso de la fuerza, el reforzamiento del equipamiento de nuestros carabineros en recambio de armamento y tantas otras cosas», además de adelantar «el aumento de presupuesto que ustedes van a ver para el próximo año de nuestras policías». Pese a ello, Arrau fue cuidadoso en el tono: «No viene al caso en un momento tan delicado como este entrar a discutir este tipo de políticas que estamos impulsando. Yo creo que es la condolencia a la familia, empatizar con las víctimas y, por supuesto, darle espacio al Ministerio Público».
Qué es la Ley Naín-Retamal 2.0 que el Gobierno busca acelerar
La referencia de Arrau apunta a un proyecto concreto que ya avanza en el Congreso. La Ley N° 21.560, promulgada en abril de 2023 y que lleva los apellidos de dos carabineros asesinados en actos de servicio —el cabo Eugenio Naín y el sargento Carlos Retamal—, estableció una presunción legal de legítima defensa para policías y gendarmes en el ejercicio de sus funciones. Tras una moción del Partido Comunista en junio de este año para derogar parte de esa presunción, Renovación Nacional respondió con una batería de indicaciones conocida como «Naín-Retamal 2.0», que busca extender ese mismo resguardo a los funcionarios que actúan en calidad de franco —como era el caso del carabinero asesinado en Renca— y aumentar las penas por atentados contra las policías.
El pasado 11 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó en general esta extensión por 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones, remitiendo el proyecto al Senado para su segundo trámite constitucional. En esa sesión, Arrau había defendido la iniciativa señalando que «un carabinero no deja de ser carabinero cuando termina su turno. Un detective no deja de reconocer un delito flagrante porque viste de civil. El deber y el riesgo no se apagan al marcar la salida» —una frase que, a la luz del crimen de este jueves, cobra especial relevancia—.
Una respuesta también a nivel local
Junto con el impulso legislativo, el Ministerio de Seguridad Pública anunció la inyección de recursos financieros hacia la Municipalidad de Renca para reforzar la seguridad situacional en la comuna, a través del plan Escudo de Barrio, que contempla patrullajes focalizados e intervenciones integrales del Estado, en respuesta a las complejidades de seguridad que habían sido reportadas previamente por el propio municipio, Carabineros y la PDI.
Un patrón que el Gobierno usa para justificar su agenda
El crimen de Renca se suma así a una seguidilla de episodios —el asesinato de un carabinero, la resistencia judicial al Plan Cancerbero, y ahora este nuevo caso— que el Ejecutivo ha ido utilizando de forma sistemática para argumentar la urgencia de su agenda legislativa en seguridad, tanto en lo que respecta a la protección específica de las policías como en la discusión más amplia sobre la reforma constitucional que se tramita actualmente en el Congreso.
