La tramitación de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno ha dejado en evidencia una fractura real dentro de la oposición, y podría convertirse en un frente políticamente más costoso para la izquierda que la propia megarreforma económica de Kast.
Una oposición que primero se dividió, y luego se unificó en contra
El proyecto no ha tenido un recorrido lineal dentro de la oposición. En su paso por la Cámara de Diputados, la reforma constitucional que refuerza las facultades del Estado en seguridad fue aprobada con votos de la DC, el PS y el PPD, es decir, con el respaldo de buena parte del sector conocido como Socialismo Democrático. Sin embargo, días después, la presidenta del PS y coordinadora de la oposición, Paulina Vodanovic, confirmó formalmente el rechazo unánime de todo el bloque opositor al proyecto ya ingresado al Senado, adelantando además que prepararán una agenda propia contra el crimen organizado.
Ese giro no ocurrió en el vacío. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó la agenda de seguridad como parte de «una involución de lo que es el sistema democrático», vinculándola directamente con la reforma tributaria y la reforma laboral del Gobierno. Y el propio expresidente Gabriel Boric se involucró personalmente, llamando a la oposición a adoptar «una posición clara y firme» y calificando la propuesta como «un estado de sitio de 240 días» con «una limitación a las libertades que no se habían visto en la democracia chilena».
Este patrón —parte de la oposición vota a favor en una instancia, y luego el eje más duro, con el respaldo activo de Boric, logra unificar el rechazo— es consistente con lo que ya hemos reportado sobre la composición de la nueva conducción del Frente Amplio. Una testera y un Comité Central donde predominan figuras con paso por el Gobierno de Boric, y un vínculo explícito entre el expresidente y la actual presidenta del FA, Gael Yeomans, quien calificó la reforma como «un gustito ideológico que se quiso dar el Partido Republicano» que «no es una reforma que una».
Un terreno donde el respaldo ciudadano es transversal
El problema de fondo para la oposición es que esta pelea se da en el terreno donde la ciudadanía muestra el mayor nivel de consenso de todo el gobierno de Kast. Como ya reportamos a partir de la última Encuesta Criteria, un 62% de los chilenos respalda realizar cambios a la Constitución para reforzar la seguridad, y un 89% conoce la reforma. Incluso la Encuesta Cadem, más crítica del proyecto específico, mostró que solo un 10% cree que el Gobierno debe mantenerlo tal como está —pero eso no equivale a rechazar la idea de fondo, sino a pedir ajustes y negociación, algo muy distinto del rechazo unánime que terminó adoptando la oposición.
A eso se suma que, según la medición de Criteria del 16 de agosto, la seguridad es la primera prioridad ciudadana (28% de las menciones), y un 73% de los encuestados dijo priorizar la seguridad por sobre la libertad si debía elegir entre ambas. En ese contexto, una oposición que cierra filas en bloque contra una reforma de seguridad —incluso cuando parte de su propia bancada ya la había votado a favor en la Cámara— corre el riesgo de ser percibida como rígida o ideologizada, justamente en el tema donde la ciudadanía exige más pragmatismo y menos trinchera.
Un contraste claro con la megarreforma económica
La situación es distinta en el frente económico. Ahí, la propia Encuesta Criteria mostró que un 48% de los chilenos cree que la megarreforma económica del Gobierno tendrá efectos negativos en el crecimiento y el empleo, frente a solo un 28% que la evalúa positivamente, y un 53% calificó la gestión económica como «peor de lo esperado». Es decir, en materia económica la oposición cuenta con un terreno de opinión pública mucho más favorable para sostener sus críticas. Se trata de un debate donde existe genuina divergencia ciudadana sobre el rumbo correcto, no un consenso mayoritario en contra de su posición.
En seguridad, en cambio, incluso los cuestionamientos más duros al proyecto de Kast no provienen exclusivamente de la izquierda, ya que dentro del propio oficialismo, figuras como el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) advirtieron que el nuevo estado de excepción «concede poderes excesivos al Presidente que jamás querría en manos de la oposición», y el exministro Gonzalo Blumel —hoy además integrante de la comisión de Kast para la nueva arquitectura del Estado— llamó a «tener mucho cuidado con entregarle herramientas poderosas al Estado». Esto revela que las críticas de fondo al articulado específico son transversales y compartidas por sectores de la propia derecha, lo que le resta a la oposición el argumento de que su rechazo responde a una defensa exclusiva y coherente de las libertades civiles, y refuerza la lectura de que su bloqueo total responde más a una lógica de bloque político que a un análisis técnico compartido con aliados naturales en esta discusión puntual.
Kast, por su parte, se muestra dispuesto a ceder
El propio Presidente ha jugado esta carta con cuidado. Rechazó explícitamente que su reforma sea «iliberal» y se mostró abierto a modificaciones durante la tramitación en el Congreso, tal como ya reportamos respecto de su decisión de bajar la urgencia legislativa para ampliar el debate. Esa postura de apertura, combinada con el alto respaldo ciudadano a la idea general de reforzar la seguridad constitucionalmente, deja a la oposición en una posición incómoda. Si el proyecto termina siendo modificado y aprobado con votos de otros sectores —dado que ni siquiera el oficialismo tiene los 4/7 asegurados en el Senado—, la oposición podría quedar retratada como la que se opuso en bloque a una reforma que, en su versión final negociada, terminó contando con apoyo transversal, mientras ellos insistían en el rechazo total.
El riesgo de fondo
Con todo, y en términos de posicionamiento electoral y de opinión pública, el desafío para la izquierda es que los argumentos técnico-jurídicos compiten contra una ciudadanía que, mayoritariamente, quiere ver acción concreta en seguridad, y que podría no distinguir con la misma nitidez entre «rechazar el articulado específico» y «rechazar la idea de reformar la Constitución para reforzar la seguridad». Ese margen estrecho —entre matizar y aparecer como obstruccionista— es, en definitiva, el terreno más resbaladizo que enfrenta hoy la oposición chilena.
