La última encuesta Plaza Pública de Cadem, publicada este domingo, reveló un fuerte deterioro en la confianza de los chilenos hacia el Poder Judicial, en un estudio que vincula directamente ese descontento con el revés judicial que sufrió el Plan Cancerbero tras la resolución de un juez de garantía que ordenó devolver a un grupo de reos de alta peligrosidad —entre ellos, miembros del Clan Chen— desde la cárcel de máxima seguridad de Talca hacia penales del norte del país.
Los jueces, como principal responsable
Según el estudio, un 67% de los encuestados responsabiliza a los jueces de que la justicia no funcione como se esperaría, una cifra que subió 18 puntos respecto de la medición anterior, muy por encima de los otros factores consultados: un 39% apunta a las leyes (-5 puntos), un 39% a la Fiscalía y los fiscales (+3 puntos), y un 31% al Gobierno (-6 puntos). El salto de 18 puntos en la responsabilización directa a los jueces es, por lejos, el movimiento más significativo de todo el estudio, y coincide en el tiempo con la polémica generada por el caso de Talca.
El vínculo explícito con el caso del Clan Chen
La propia encuestadora estableció la conexión de forma directa dentro del mismo informe: un 65% de los consultados afirmó conocer el revés que sufrió el Plan Cancerbero luego de que un juez de garantía revirtiera la decisión del director de Gendarmería de trasladar a un grupo de reos hacia la cárcel de Talca, y un 67% se manifestó en desacuerdo con esa resolución judicial. Se trata, precisamente, del caso que ya cubrimos hace algunos días, en el que el Juzgado de Garantía de Iquique ordenó el retorno de cuatro integrantes del Clan Chen —imputados por asociación ilícita y lavado de activos por más de $160.000 millones— a un recinto penitenciario de menor nivel de seguridad, y que el propio ministro Arrau calificó como un regreso de los imputados a su «espacio de confort».
Con ese antecedente conocido por dos de cada tres chilenos, no resulta casual que la evaluación del Plan Cancerbero también haya sufrido una caída relevante: solo un 45% de los encuestados cree que la iniciativa representa un cambio real en materia penitenciaria, 17 puntos menos que en la medición anterior. Es decir, el mismo episodio que erosionó la confianza en los tribunales también golpeó, de manera cruzada, la credibilidad de la propia política penitenciaria del Gobierno.
Un Poder Judicial en su peor momento de imagen
El deterioro no se limita a la pregunta sobre responsabilidades. Un 75% evalúa negativamente al Poder Judicial en su conjunto, 9 puntos más que en 2024, y un 82% considera que la justicia chilena no asegura la igualdad ante la ley. Los números de percepción específica son igual de duros: un 83% dice que el sistema no le genera confianza, un 81% no lo considera imparcial, un 79% cuestiona la claridad y transparencia de sus procedimientos, un 77% no lo cree eficiente, y un 61% no lo considera completamente autónomo.
Esa desconfianza también se trasladó a la evaluación específica de los tribunales superiores. La Corte Suprema cayó a solo un 23% de notas entre 5 y 7, una baja de 14 puntos, mientras que la Corte de Apelaciones —instancia que en el caso del Clan Chen resolvería eventuales apelaciones futuras— se desplomó a 22%, una caída de 18 puntos, la mayor de todo el ranking de tribunales medidos por Cadem.
El respaldo condicionado al nuevo Estado de Excepción
En el mismo estudio, Cadem consultó por el nuevo Estado de Excepción que el Gobierno busca crear como parte de su reforma constitucional de seguridad, encontrando una preferencia ciudadana relevante por un diseño con más controles. Un 50% respalda la medida si requiere autorización del Congreso y debe renovarse cada 30 días, mientras que solo un 33% la apoya en su versión de atribución exclusivamente presidencial, por un período de 120 días renovables hasta 240. Este resultado es coherente con el desgaste que muestra el Poder Judicial en el resto de la encuesta: la ciudadanía parece confiar menos en que un solo poder del Estado —ya sea el Judicial en la aplicación de las leyes, o el Ejecutivo en el manejo unilateral de un estado de excepción— actúe correctamente sin contrapesos institucionales.
La aprobación de Kast, en tanto, se mantiene estable
Pese a la crisis de confianza en la justicia, la aprobación del Presidente Kast no se vio arrastrada en la misma medida: cerró la cuarta semana de agosto en 38% (+1 punto), con un promedio mensual de 39%, dos puntos más que en julio. Su aprobación subió especialmente entre los hombres (46%, +3 puntos), los mayores de 55 años (54%, +4 puntos), el segmento socioeconómico alto (42%, +3 puntos), la Región Metropolitana (39%, +4 puntos) y quienes se identifican con la derecha (79%, +3 puntos) y el centro (31%, +3 puntos).
La lectura de fondo
El cruce de estos datos arma un relato coherente. El mismo episodio judicial que devolvió a integrantes del Clan Chen a un penal de menor seguridad no solo debilitó la percepción sobre el Plan Cancerbero, sino que parece haber sido el detonante de un salto abrupto en la desconfianza hacia los jueces como responsables del mal funcionamiento de la justicia, mientras la evaluación del Gobierno en esta materia específica —a diferencia de su aprobación general— incluso mejoró levemente. El desgaste, en otras palabras, recayó con más fuerza sobre el Poder Judicial que sobre el propio Ejecutivo.
