La Corte Suprema inició este miércoles una verdadera maratón judicial. A partir de las 10:30 horas, el pleno del máximo tribunal comenzó a revisar los 56 cuadernos de remoción abiertos contra jueces, juezas y otros integrantes del escalafón primario del Poder Judicial que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. El proceso podría extenderse hasta el 9 o 10 de septiembre, y contempla entre 37 y 42 horas de trabajo del pleno.
El origen del caso
La investigación se originó a partir de un cruce de información impulsado con antecedentes de la propia Contraloría General de la República, que permitió identificar a 104 integrantes del escalafón primario del Poder Judicial que habrían salido del país haciendo uso de licencias médicas. Tras revisar la totalidad de esos casos en distintas sesiones plenarias durante junio, la Corte resolvió:
- 9 de junio: revisó 25 investigaciones disciplinarias que habían concluido en absolución, y decidió no abrir cuaderno de remoción en ninguna de ellas, al tratarse de magistrados que se enfermaron o contrajeron Covid-19 mientras estaban en el extranjero con feriado o permiso ya autorizado.
- 8 de junio: revisó apelaciones de 15 miembros de la judicatura contra sanciones disciplinarias impuestas por distintas cortes de apelaciones. Confirmó las 15 sanciones, y en 14 de esos casos dispuso además abrir un cuaderno de remoción; en uno no lo hizo, por estimar que la conducta no lo ameritaba.
- 16 de junio: en votación dividida, decidió abrir cuadernos de remoción en 42 causas adicionales, mientras que en 13 se desestimó y en 9 se produjo un empate, sumándose estos últimos a los casos rechazados.
El resultado final: 56 magistrados —entre jueces, ministros y otros integrantes del escalafón primario de todo el país— arriesgan hoy su expulsión del Poder Judicial. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, explicó que la facultad del máximo tribunal para remover jueces, contemplada en el artículo 80 de la Constitución, tiene un carácter «preventivo y protector», cuya finalidad es «evaluar si el mal comportamiento afecta la idoneidad del juez o jueza para continuar desempeñando el cargo». El pleno también acordó fijar en cinco años el plazo de prescripción para hacer efectiva este tipo de responsabilidad disciplinaria.
El caso Urrutia y la avalancha de recursos ante el TC
Uno de los magistrados incluidos en esta revisión es el conocido juez Daniel Urrutia, cuyo intento de frenar su propio proceso de remoción mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional fue rechazado, despejando el camino para que la Suprema analice su situación junto a la de los otros 55 magistrados cuestionados.
Su caso no es aislado: al menos 18 jueces han recurrido al Tribunal Constitucional buscando frenar sus respectivos procesos, aunque hasta el momento solo uno ha conseguido suspender su cuaderno de remoción, mientras el resto de los recursos no ha prosperado.
La resistencia desde dentro y fuera del tribunal
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, encabezada por Mariela Hernández, presentó incluso una denuncia de tutela laboral contra la propia Corte Suprema, argumentando que la apertura de estos nuevos procesos «vulnera la honra» de sus asociados, ya que las conductas investigadas ya habían sido abordadas en sumarios disciplinarios tramitados ante las respectivas cortes de apelaciones, con resultados que incluyeron sanciones, absoluciones y sobreseimientos —es decir, cuestionando que se les esté juzgando dos veces por los mismos hechos—. La organización manifestó su expectativa de que los procesos «se desarrollen con estricto respeto al debido proceso», aunque reconoció que la apertura de un cuaderno de remoción «no constituye una sanción anticipada ni una declaración de responsabilidad».
Ese mismo argumento sobre una eventual doble persecución disciplinaria también apareció entre los votos disidentes dentro del propio máximo tribunal. Los ministros Leopoldo Llanos y Mauricio Silva, junto a la ministra María Angélica Repetto, se opusieron a la apertura de al menos parte de estos cuadernos de remoción durante las votaciones divididas de junio.
Un proceso que se suma a la crisis de confianza en la justicia
Esta «maratón disciplinaria» se desarrolla en un contexto particularmente sensible para el Poder Judicial. Como ya reportamos a partir de la última Encuesta Cadem, la confianza ciudadana en la justicia atraviesa uno de sus peores momentos, con un 67% de los chilenos responsabilizando a los jueces de que la justicia no funcione como se esperaría, y caídas históricas en la evaluación positiva de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. En ese escenario, el propio máximo tribunal enfrenta ahora la tarea de determinar, caso por caso y con nombres que permanecerán en reserva hasta que cada magistrado sea notificado, si 56 de sus propios integrantes deben o no continuar ejerciendo la magistratura tras haber hecho un uso indebido de sus licencias médicas para viajar fuera del país.
Lo que viene
Con hasta 11 casos adicionales que podrían sumarse una vez concluyan sus respectivos procesos de notificación, el resultado de esta revisión —que se extenderá durante prácticamente toda la próxima semana— definirá cuántos de estos 56 magistrados terminan efectivamente removidos de sus cargos, y marcará un precedente relevante sobre el estándar de exigencia que la propia Corte Suprema está dispuesta a aplicarse a sí misma en materia disciplinaria.
