Una investigación de Teletrece reveló que los municipios de Chile han gastado más de $5.700 millones en fiestas y espectáculos masivos durante los últimos años, recurriendo a tratos directos sin licitación, bajo causales de urgencia, emergencia o imprevisto. El reportaje, que cruzó antecedentes del Consejo para la Transparencia (CPLT) con datos de Mercado Público, expone una serie de casos donde la justificación legal para evitar el proceso competitivo resulta, cuando menos, discutible.
El caso que encendió las alertas: Laja
Uno de los ejemplos más llamativos ocurrió en Laja, comuna de cerca de 24 mil habitantes, que en febrero de este año realizó el festival Vive Laja 2026 por un costo de $357 millones, contratado mediante trato directo. El problema: los propios antecedentes revisados muestran que el festival ya estaba contemplado en la planificación municipal anual, lo que abre serias dudas sobre la utilización de una causal pensada para situaciones imprevistas.
El caso incluso llegó hasta la Contraloría, luego de una presentación de un concejal. En un oficio del 28 de mayo, el organismo fiscalizador concluyó que el decreto del alcalde no consignaba las circunstancias que justificaban el trato directo de emergencia, ni se habían acreditado suficientemente los elementos que exige la normativa. Desde el municipio explicaron que inicialmente se publicó una licitación pública, pero la única empresa participante no presentó todos los antecedentes necesarios para ser evaluada. El alcalde Vladimir Fica, pese a la insistencia del equipo periodístico, no accedió a dar una entrevista.
$1.570 millones solo en 2024
El punto de partida de la investigación fue el informe del CPLT sobre compras de emergencia municipales durante 2024, que detectó que solo ese año se pagaron más de $1.570 millones para producir eventos recurriendo a este tipo de causales.
La presidenta del CPLT, Natalia González, fue categórica al evaluar estos casos. «Son fiestas que probablemente tienen una fecha asociada tradicional de larga data, que uno no entiende que se recurra a estos gastos de emergencia, urgencias o imprevistos». Y agregó, sin matices, se trata de «una interpretación forzada de lo que es un imprevisto. Entonces, no corresponde».
Los municipios que lideraron el gasto en 2024
Según el reportaje, Coyhaique encabezó ese año el listado, con un pago único de $270 millones para contratar artistas y la producción técnica de un festival de verano. El municipio explicó que primero intentó una licitación pública, pero ninguna oferta cumplió los requisitos técnicos mínimos, por lo que el proceso fue declarado desierto antes de recurrir al trato directo. Pese a esa explicación, el concejal Sebastián Vera fue crítico: «Una emergencia en nuestra región es un frente de mal tiempo que aísla a nuestros vecinos, no la contratación de un artista para un festival».
El segundo lugar fue para Quillota, con poco más de $208 millones destinados a la Expo Quillota 2024. Le siguió San Fernando, con más de $192 millones en dos eventos, de los cuales $180 millones correspondieron al denominado «Tren Cultural». El alcalde Pablo Silva justificó la premura señalando que los recursos provenían del Ministerio de las Culturas y que los plazos hacían inviable licitar. «Por la cantidad de recursos, que eran alrededor de 180 millones de pesos, no había tiempo para licitar, para poder cumplir con las fechas que nos pidió el propio Ministerio». Sin embargo, el concejal Matías Álvarez cuestionó esa versión, ya que —según afirmó— se habría realizado en paralelo una licitación pública para ese mismo evento, lo que abre una contradicción no resuelta.
2025: Cañete toma la delantera
Durante 2025, fue la comuna de Cañete la que encabezó los gastos para fiestas mediante trato directo, con más de $335 millones destinados a la Feria Agrícola, Ganadera y Forestal (FAGAF). El alcalde Jorge Radonich explicó que los recursos fueron transferidos por el Gobierno Regional del Biobío recién el 29 de diciembre, mientras que la feria se realizaba entre fines de enero y comienzos de febrero: «Llamamos a licitación el 9 de enero, pero fue declarada inadmisible. No existió nada irregular», sostuvo.
La señal más preocupante: el gasto sigue creciendo
Más allá de los casos puntuales, el dato que debería encender las alarmas de cara a una fiscalización urgente es la tendencia. Al comparar los primeros cinco meses de 2026 con igual período de 2025, el monto gastado mediante esta modalidad aumentó un 51%. «Estamos hablando de 1.500 millones versus más o menos 1.000 millones», explicó Cristóbal Huneeus, director de Data Science de la empresa Unholster, que colaboró con el análisis de datos del reportaje.
Por qué la fiscalización no puede esperar
El patrón que emerge de estos casos es consistente. Municipios que planifican con anticipación festivales y ferias tradicionales —muchos de ellos de fecha fija y recurrente año tras año—, pero que terminan recurriendo a una causal legal diseñada para imprevistos genuinos, ya sea por licitaciones convenientemente declaradas desiertas, por plazos ajustados en la transferencia de fondos regionales, o por decretos que, según la propia Contraloría, no logran acreditar las circunstancias exigidas por la ley. Con un crecimiento de 51% en apenas un año y casos que ya han motivado observaciones formales del organismo contralor, la evidencia disponible respalda con fuerza la necesidad de que Contraloría y el propio CPLT profundicen sus fiscalizaciones sobre este mecanismo antes de que seguir escalando se convierta en una práctica normalizada dentro de la gestión municipal.
