Una investigación de Reportajes Teletrece accedió a los antecedentes de tres sumarios administrativos que indagan la eventual participación de funcionarios y exfuncionarios del Instituto Nacional en hechos vinculados a los llamados «overoles blancos», el grupo de estudiantes encapuchados responsable de reiterados episodios de violencia en el liceo. Los casos incluyen acusaciones que van desde la entrega de ropa para evitar que los estudiantes fueran identificados, hasta la eventual colaboración para el ingreso de elementos incendiarios al establecimiento.
El día de la visita de Boric
Uno de los episodios más llamativos ocurrió el 9 y 10 de agosto de 2024, en vísperas de la visita del entonces Presidente Gabriel Boric al Instituto Nacional, con motivo de la conmemoración de los 211 años del establecimiento. Según los antecedentes recabados, el 9 de agosto un funcionario habría observado a jóvenes retirando elementos desde dos vehículos estacionados en el recinto. Los autos fueron posteriormente identificados y asociados a dos docentes del liceo: una profesora del Departamento de Filosofía y un profesor de Educación Física.
Al día siguiente, mientras se desarrollaban los preparativos de seguridad para recibir al Mandatario —quien esa jornada declaró que «cuando me invitaron al IN había quienes, desde una óptica conservadora o algo asustadiza, recomendaban no venir»—, la revisión de seguridad encontró distintos elementos en el sector de estacionamientos. A raíz de esto, se abrió un sumario administrativo contra ambos docentes por una eventual falta grave a la probidad administrativa, que derivó en su suspensión de funciones mientras dura el proceso. La Municipalidad de Santiago presentó además una querella por estos hechos ante los tribunales.
El caso de Pilar Rojas
Otro de los sumarios investigados, iniciado en 2023, involucra a Pilar Rojas, quien se desempeñó como asistente de la educación en el Instituto Nacional entre julio de 2022 y octubre de 2025, y que actualmente se encuentra destituida de su cargo, aunque mantiene un vínculo con el establecimiento como apoderada de su hija.
El expediente señala que un estudiante del liceo había sido retenido en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) durante una jornada de incidentes, y que posteriormente habría logrado regresar al Instituto Nacional con ayuda de la entonces inspectora. Lo llamativo, según la investigación, es que pese a haber estado retenido esa misma mañana, el alumno terminó figurando como presente durante toda la jornada escolar. Declaraciones incorporadas al sumario indican que Rojas habría asegurado a una profesora que el estudiante permaneció esa mañana en Inspectoría, y que posteriormente aparecieron anotaciones no originales en el libro de clases, entre ellas una que señalaba que el alumno se encontraba «enfermo con vómito».
Consultada directamente por el equipo de Reportajes Teletrece, Rojas negó categóricamente su responsabilidad. «El funcionario que estaba a cargo de ese libro cerró conforme a lo que habían escrito los profesores. Yo no estaba a cargo de ese libro. Todo esto es mentira».
Las acusaciones en su contra no terminan ahí. Distintos funcionarios declararon en el expediente que Rojas habría mantenido una relación cercana con estudiantes encapuchados, llegando incluso a comunicarse con ellos durante episodios de violencia. Una de las declaraciones incluidas en el sumario es particularmente directa: «Ella ayudaba a los encapuchados. Cuando los encapuchados quemaron mi estante, dentro de la Inspectoría, ellos hablaban con Pilar, ella se tapaba la boca y les hablaba. Como dándoles instrucciones». También se denunció la existencia de fotografías en las que supuestamente aparecería la inspectora encapuchada dentro del sector de Inspectoría, acusación que Rojas negó rotundamente.
Pese a este cuadro, Rojas afirmó al equipo periodístico que podría regresar a trabajar al establecimiento, luego de haber obtenido una sentencia favorable en un proceso judicial distinto: «Son todos rumores, comentarios asquerosos (…) Yo gané la sentencia, está todo a mi favor, así que yo voy a volver». Es importante precisar que esa sentencia corresponde a una demanda de tutela laboral vinculada a una denuncia de acoso contra una compañera de trabajo, completamente independiente del sumario que investiga su presunta colaboración con los «overoles blancos».
El caso de Sussy Cartes
Un tercer sumario, iniciado el 17 de agosto de 2023, indaga a otra exfuncionaria, Sussy Cartes, acusada por testigos de haber entregado prendas de vestir a estudiantes que posteriormente habrían sido vistos encapuchados participando en desórdenes y lanzamientos de artefactos incendiarios. Según declaraciones incorporadas al expediente, Cartes también habría entregado pases en blanco y ropa seca a algunos alumnos, para que pudieran cambiarse después de las protestas y así evitar ser identificados.
El contexto: 12 querellas y un secreto a voces
Estos tres sumarios se enmarcan en un total de 12 querellas que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro ha presentado por hechos asociados a los «overoles blancos». Según ha reconstruido la investigación periodística, los antecedentes conocidos apuntan a una interrogante que por años ha circulado como «secreto a voces» en torno a la violencia registrada en algunos liceos emblemáticos: qué participación podrían tener adultos vinculados a las propias comunidades educativas en la organización y protección de estos grupos de encapuchados.
Un antecedente político previo
Este caso ya había generado tensión política en diciembre de 2025, cuando el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), reveló la existencia de un informe de septiembre de 2024 sobre estos hechos, que según él había sido remitido a la Dirección de Educación Municipal durante la gestión de la exalcaldesa Irací Hassler (PC) y el exdirector de Educación, Rodrigo Roco, sin que se hubiera presentado ninguna denuncia, querella ni sumario en su momento. Roco respondió acusando a la actual administración de buscar culpar sistemáticamente a la gestión anterior por cualquier hecho negativo. El Colegio de Profesores, por su parte, pidió cautela y exigió garantías de debido proceso para los docentes involucrados en las investigaciones.
