El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, entregó uno de los testimonios más duros y directos sobre la violencia escolar organizada que enfrenta el país, al revelar en entrevista con El Líbero que debió ordenar una revisión forzosa de mochilas junto a Carabineros en un colegio de su comuna, hallazgo que resultó estremecedor: tres mochilas cargadas con bombas molotov. «Gracias a esa revisión dormí tranquilo porque pudieron haber quemado a otros alumnos, como ocurrió en el Barros Borgoño», relató el jefe comunal.
Una denuncia sin ambigüedades: hay coordinación política detrás
Sichel no dejó espacio para la duda respecto del origen de buena parte de la violencia que golpea a los liceos emblemáticos del país. Consultado sobre si las movilizaciones que buscan paralizar clases responden a un fenómeno espontáneo, fue categórico: «Tengo plena convicción de que las razones o las causas, en general, de las movilizaciones que buscan paralizar las clases (…) son coordinadas nacionalmente y por adultos. No tengo ninguna duda». El alcalde explicó que constata esta coordinación a través de la propia red de comunicación entre jefes comunales: «Yo mando al WhatsApp de los alcaldes: ‘¿Están con paro?’, y me responden que sí, el mismo día, a la misma hora».
El edil fue igualmente directo al señalar responsabilidades políticas concretas. «Cuando ves que quienes visibilizan esta actividad son particularmente actores del Frente Amplio y del Partido Comunista, tú dices dos más tres más cuatro, suma». Según relató, ha detectado en su comuna la propaganda del Grupo de Acción Popular (GAP) —la organización de ultraizquierda ya documentada repartiendo panfletos en liceos emblemáticos— así como la creación de centros de padres paralelos que operan como plataformas para impulsar estas movilizaciones, un fenómeno que calificó como «una lógica muy del viejo marxismo».
El sistema que castiga a los colegios y no a los violentistas
Sichel también expuso una falla estructural que, a su juicio, perpetúa el ciclo de violencia. El mecanismo conocido como la «sillita musical», mediante el cual estudiantes expulsados por violencia de un establecimiento terminan siendo reubicados, por asignación del sistema, en otros colegios emblemáticos, sin que exista ningún proceso de rehabilitación real. «A sabiendas de que estudiantes que fueron condenados por violencia o por Aula Segura, o expulsados de otros colegios, hay una posibilidad cierta, casi del 100%, de que terminen en un colegio en Ñuñoa», denunció, revelando incluso presiones desde el propio Ministerio de Educación para «hacer correr la lista» de matrícula pese a conocer estos antecedentes.
Este relato conecta directamente con el caso de un estudiante de 17 años, formalizado por lanzar una bomba molotov durante la romería al Cementerio General, que en apenas cuatro años pasó por cuatro colegios distintos —incluyendo el Instituto Nacional Barros Arana, donde estuvo entre los afectados por los incendios de 2024—, sin que el sistema activara nunca un mecanismo de contención real.
Una defensa firme de la revisión de mochilas frente al fallo del TC
El alcalde, además abogado especializado en derecho constitucional, defendió con fuerza la necesidad de ampliar las facultades para revisar mochilas de forma preventiva, en un contexto donde el fallo del Tribunal Constitucional acotó parte del alcance original de la Ley de Escuelas Protegidas. «Me parece ridículo que el principio de protección no sea el que prime en el sistema», sostuvo, invocando directamente el artículo 19 N°1 de la Constitución, que consagra el deber del Estado de proteger la vida y la seguridad de las personas: «Es un principio vital de interpretación y yo lo voy a aplicar. Y tendré que ir a los tribunales para defenderlo cuando sea necesario».
Un modelo de gestión que el propio Gobierno respalda con hechos
Las palabras de Sichel no son solo un diagnóstico. Están respaldadas por resultados concretos y ya reconocidos directamente por el Gobierno. El propio ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, visitó Ñuñoa en julio para participar de un operativo territorial y no escatimó elogios hacia la gestión del alcalde: «El alcalde Sichel (…) ha hecho una muy buena gestión. (…) una comuna que está con muy buenas cifras, sobre 30% de disminución en robos con violencia o intimidación, en robo de vehículos (…) con disminuciones de sobre 50% comparado con los años anteriores. Son cifras muy notables», afirmó el ministro.
Esos resultados se confirman también con datos oficiales independientes. La encuesta ENUSC 2025 ubicó a Ñuñoa entre las comunas con mayor caída en victimización por delitos violentos de toda la Región Metropolitana, y el propio Consejo de Seguridad municipal de julio registró bajas de 51,8% en robos con violencia e intimidación, 23,3% en robos por sorpresa y 31,1% en robos en lugares habitados, según la plataforma STOP de Carabineros. Es exactamente el mismo enfoque de mano firme y presencia territorial —»desde el alcalde hasta la última persona que trabaja en la municipalidad»— el que Sichel reivindica frente a las críticas de «hacer política de reels» que ha recibido desde sectores como el del propio alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.
Un aporte concreto para destrabar el estado de excepción
Sichel también entregó un antecedente valioso para la agenda de seguridad del Gobierno. Pese a haber cuestionado el diseño original del nuevo estado de excepción constitucional por considerarlo excesivamente amplio, propuso una fórmula concreta de acuerdo transversal, ya conversada con los senadores Andrés Longton y Arturo Squella: un estado de excepción de 15 días, renovable por otros 15, con aprobación del Congreso. «Si es así, creo que podríamos construir un acuerdo nacional ya, urgente, para eso. Así de concreto», planteó, ejemplificando con un caso ocurrido a metros del Estadio Nacional, donde una bala calibre 9 milímetros cayó sobre una vivienda hace menos de un mes.
Un llamado directo, sin ambigüedades
Frente a la carta de acuerdos de Estado impulsada por los alcaldes Jaime Bellolio y Tomás Vodanovic, Sichel fue franco en marcar distancia del Frente Amplio, a quien calificó como su «adversario principal». «No he visto en los hechos ninguna voluntad política del mundo del Frente Amplio, del Presidente Boric, de Tomás Vodanovic y de Gael Yeomans, de llegar a acuerdos». El alcalde de Ñuñoa cerró con un mensaje que resume su forma de entender la gestión pública: «Veamos los resultados más que los discursos».
