La bancada de diputados de la UDI anunció que presentará una indicación en la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027 para reducir a solo $1.000 los recursos que recibe el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), como forma de forzar su cierre mientras no se concrete una reforma de fondo a su gobernanza. El anuncio lo realizaron el subjefe de bancada, Sergio Bobadilla, junto a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos Alejandra Valdebenito y Hotuiti Teao.
Diez polémicas para justificar la medida
Los parlamentarios citaron una decena de controversias que, a su juicio, muestran que el organismo «perdió el rumbo» y «se ha terminado alejando de la función para la que fue creada». Entre las más concretas:
- Presiones internas durante el estallido social: el exdirector del INDH, Sergio Micco, denunció presiones de consejeros del organismo para calificar como «sistemáticas» las violaciones a los derechos humanos durante ese periodo, calificación que ningún otro organismo confirmó.
- Toma de su sede en Santiago: la casa central del INDH permaneció tomada por más de ocho meses.
- Pensiones de gracia del estallido social: los diputados cuestionan que el INDH participó en el proceso de otorgamiento de estos beneficios en casos donde, según sostienen, no se acreditó la calidad de víctima de los beneficiarios.
- Gasto en una productora de eventos: $250 millones destinados a un contrato con la productora Ditecsur.
- Viajes al extranjero: más de $60 millones gastados desde 2022, cerca de la mitad correspondiente solo a viáticos.
- Defensa de parlamentarias que rechazaron un test de drogas: la UDI cuestionó que el INDH respaldara a diputadas del PC y el Frente Amplio que se negaron a someterse a un test dispuesto por la Cámara.
- Visita a un imputado por homicidio de carabineros: los diputados objetaron una visita del INDH a uno de los imputados por los homicidios de los carabineros Eugenio Naín y Marcos Cosme.
«No podemos seguir destinando millonarios recursos públicos a una institución que, en los últimos años, se ha visto envuelta en una serie de polémicas», sostuvieron los legisladores, quienes remataron: «El organismo debe dejar de funcionar y de malgastar millonarios recursos públicos» mientras no exista una «transformación profunda».
El INDH ya había respondido por uno de los cuestionamientos
Antes de este anuncio, el INDH había salido a defender el contrato de $250 millones con Ditecsur, señalando que fue adjudicado mediante licitación pública y que corresponde al financiamiento de todas sus actividades oficiales del año, no de un solo evento. El organismo remarcó que su ejecución presupuestaria —de $16.339 millones anuales en total— está sujeta a control de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Contraloría General de la República.
Una diferencia con la posición del Gobierno
Es importante precisar que la posición de la UDI no es, por ahora, la posición oficial del Ejecutivo. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha señalado que el Gobierno impulsa una reforma profunda a la gobernanza del INDH, pero no su desaparición. La indicación de la UDI busca, precisamente, presionar para que esa reforma avance más rápido, usando el instrumento presupuestario como palanca.
