La Comisión Mixta del Congreso despachó este miércoles el proyecto de ley que establece las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), zanjando las diferencias que durante años mantuvieron entrampada la iniciativa entre la Cámara de Diputados y el Senado. Con esto, el texto avanza a su etapa final de tramitación: restan dos votaciones en Sala —de la Cámara y del Senado— para que el proyecto se convierta en ley.
Más de tres años de espera
La iniciativa fue ingresada en abril de 2023, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, y ha atravesado un largo y complejo trámite. Fue despachada desde la Cámara al Senado en mayo de 2024, sufrió modificaciones en la Cámara Alta, volvió a la Cámara Baja —que rechazó diez de esas enmiendas— y finalmente fue derivada a Comisión Mixta en junio de este año, presidida por el senador Karim Bianchi. Solo esta semana, tras dos jornadas consecutivas de trabajo con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, la instancia logró resolver los últimos nudos.
Qué establece la RUF
El proyecto fija un marco jurídico claro sobre cómo y cuándo Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas pueden hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de su deber. Entre los puntos acordados esta semana en la Comisión Mixta:
- Un escalamiento gradual del uso de la fuerza, que va desde el despliegue disuasivo y la persuasión verbal hasta el empleo de elementos menos letales, el control físico y el uso de munición de salva.
- La regla 8, referida específicamente al uso de armamento letal.
- Ajustes de redacción sobre los «grados previos» en el uso de la fuerza, para dar mayor precisión jurídica.
Con esto, la ley entrega certeza jurídica y protección legal a los funcionarios que deban usar su armamento de servicio en el ejercicio de su deber, elevando a rango legal directrices que hasta ahora dependían de normativa interna.
«Que empiece a primar el sentido común»
El ministro Arrau, presente en el Congreso por segunda jornada consecutiva, valoró el resultado: «Un año y medio esperando que esta mixta dé resultados y que hoy empiece a primar el sentido común». Además, destacó que la norma constituye «el necesario marco jurídico más potente para todos esos hombres y mujeres que arriesgan su vida y nos defienden».
El contexto que aceleró la tramitación
El despacho de la RUF se produce apenas días después del asesinato del cabo segundo Cristopher Aguilera, ocurrido el domingo en Lo Espejo mientras cumplía un procedimiento policial, y que llevó al Gobierno a decretar tres días de duelo nacional. Tras el crimen, el propio ministro Arrau había emplazado públicamente al Congreso a «destrabar» la RUF y la Ley Naín 2.0, calificando a Aguilera como «el nuevo mártir» de Carabineros y advirtiendo que el asesinato de un funcionario policial «ataca a todo el pueblo de Chile».
