Ayer, un grupo de encapuchados atacó a golpes, piedras, botellas de vidrio, pintura y gas pimienta a estudiantes de la Universidad Católica que solo querían manifestar, con un lienzo, su rechazo al paro convocado por la Confech. Diez de ellos debieron recibir atención médica; cuatro fueron derivados a la red UC Christus. Mientras tanto, en el resto de la Alameda, Carabineros tuvo que desplegar carros lanza agua y lanzagases desde los primeros minutos de una marcha que, según el propio Gobierno, dejó entre 17 y 31 detenidos.
La Confech condenó lo ocurrido. Su vocera, Laura Mlynarz, calificó la agresión de «inaceptable» y dirigentes estudiantiles fueron al hospital a ver el estado de los heridos. Pero conviene mirar con más atención esa condena, porque viene acompañada, casi en el mismo aliento, de una denuncia por «represión policial brutal e injustificada» contra Carabineros. Es decir, la violencia de un grupo de encapuchados contra estudiantes que pensaban distinto termina puesta, en el relato de la propia Confech, casi al mismo nivel que la actuación de la policía que intentaba contener los desórdenes. Una condena que se diluye en una narrativa de «equivalencia» no es una condena completa, sino la «ley del empate». Es, en el mejor de los casos, un gesto de cara a las cámaras, sin que hasta ahora exista alguna medida concreta: ni autocrítica interna, ni distancia de los grupos responsables para la próxima convocatoria, ni un pronunciamiento sobre las querellas que ya evalúan la propia Universidad Católica y el Movimiento Solidaridad contra los agresores.
A esta convocatoria no solo adhirió la Confech. También le prestaron su nombre y su estructura la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores, dos de las organizaciones gremiales con más peso del país. Ninguna de las dos ha condicionado su respaldo a que se garanticen marchas sin violencia, ni se ha pronunciado con fuerza sobre la golpiza a los estudiantes de la UC. Cuando una organización gremial presta su estructura, su convocatoria y su legitimidad a una jornada que termina así, cuesta no preguntarse qué están dispuestos a tolerar con tal de sostener la presión política contra el Gobierno.
Tampoco hay que perder de vista el otro costo, el que rara vez aparece en los titulares: el daño a la propiedad pública. El propio subsecretario del Interior, Máximo Pavez, lo dijo explícitamente en su balance oficial: «tampoco deben producirse daños a la propiedad pública o privada ni afectarse el normal funcionamiento de la ciudad». Esa frase no es gratuita, y confirma que, además de los golpes a los estudiantes de la UC, hubo alteraciones al espacio público que preocuparon lo suficiente como para que el Gobierno las incluyera en su condena. Esos daños —los que se ven y los que no se alcanzan a cuantificar en la urgencia de la jornada— también los termina pagando el Estado, es decir, todos nosotros.
Y aquí está el punto que de verdad hay que mirar con números en la mano. No estamos hablando de un hecho aislado. En apenas siete meses de Gobierno, la Confech ha convocado al menos tres paros y movilizaciones nacionales: el 3 de junio, el 3 de septiembre y el 1 de octubre. Tres jornadas de paralización, con sus respectivos carros lanza agua, sus propios detenidos y, en muchas ocasiones, sus propios episodios de violencia. Para poner esto en perspectiva, hay que mencionar que durante los cuatro años completos del gobierno anterior, las movilizaciones estudiantiles de alcance nacional convocadas por la Confech fueron solo tres. El contraste no es casualidad ni mala memoria, sino que un cambio de estrategia política, y cuesta no preguntarse por qué la calle se activó con esta intensidad justo ahora, cuando el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 ni siquiera había comenzado su tramitación formal en el Congreso —recién ingresó el 30 de septiembre y tiene 60 días de plazo para discutirse—.
Cada una de estas jornadas tiene un costo real que no sale gratis. El despliegue policial, la atención médica de los heridos, la reparación de espacios públicos dañados, y el tiempo de la justicia investigando querellas que, como sabemos por experiencia, rara vez terminan en una condena efectiva para quienes de verdad empuñaron un palo o lanzaron una botella. Ese costo lo paga el Estado. Es decir, lo pagamos todos, con nuestros impuestos, mientras un grupo decide que la violencia sigue siendo una herramienta política válida y la respuesta de sus propias organizaciones se limita a un comunicado.
Condenar con la boca es necesario, pero no es suficiente. Mientras no haya consecuencias concretas —dentro del movimiento estudiantil, en las organizaciones gremiales que les prestan su estructura, y en los tribunales—, la condena seguirá siendo, en los hechos, una formalidad que no cambia nada para la próxima marcha.
