La oposición dice apoyar la ley que impediría rebajas de condena a abusadores de menores, pero frenó su tramitación acelerada. Una columna sobre los sectores políticos que se alimentan del conflicto.
Hay médicos que curan y hay otros que, sin decirlo, prefieren que el paciente siga enfermo, porque la enfermedad les da trabajo, prestigio y un lugar en la sala de espera. La izquierda chilena tiene de ambos, y el caso de las rebajas de condena a abusadores de menores se ha convertido en el mejor examen para distinguirlos.
Los hechos son conocidos. El Gobierno reconoció un error, suspendió la revisión de nuevas solicitudes, ingresó un proyecto para que ningún condenado por abuso o violación de un niño pueda volver a acceder a una rebaja y, junto a los presidentes del Senado y de la Cámara, propuso un calendario para votarlo en general el martes 10 de noviembre. Bastaba una cosa: la unanimidad de los comités del Senado. El Socialismo Democrático dijo que no. No porque rechace el contenido de la ley, que dice compartir, ni porque varios de sus propios parlamentarios no hayan firmado mociones con el mismo objetivo. Dijo que no porque no quiere que el ministro Rabat aparezca como parte de la solución.
Conviene detenerse en esa frase, porque contiene todo el método. Si la oposición está de acuerdo con la ley, si sus senadores la firmaron, si las víctimas la necesitan y los niños la merecen, ¿qué gana retrasándola? La respuesta que dan es que Rabat es un “interlocutor no válido”. La pregunta que cuesta no hacerse es otra: ¿qué es más importante, cerrar la puerta a los abusadores o mantenerla entreabierta un par de semanas más, mientras la herida sigue sangrando frente a las cámaras?
El patrón se repite en otros frentes. La oposición anunció hace una semana una acusación constitucional contra el ministro y todavía no la presenta. La propia oposición reconoce que aún no tiene un texto jurídicamente sólido. Al Presupuesto 2027 le presentaron 3.845 indicaciones, más del doble que el año pasado, y el expresidente Eduardo Frei, que conoce como pocos esa discusión, dijo que se presentaron para destruir la ley o retrasarla hasta el último día. Y el martes volvió a escucharse en la Plaza de la Constitución “Un violador en tu camino”, la intervención que dio la vuelta al mundo en 2019, esta vez para exigir la renuncia de un ministro, no para exigir que se apruebe la ley que protege a las víctimas.
Nada de esto es casualidad, y tampoco es nuevo en la teoría. Buena parte del pensamiento político de la izquierda contemporánea, desde Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, sostiene que el conflicto no es un problema que la democracia deba resolver, sino su motor. La política se construye trazando una frontera entre un “nosotros” y un “ellos”, y esa frontera necesita ser alimentada. Mucho antes, el organizador estadounidense Saul Alinsky aconsejaba a sus seguidores mantener vivas las heridas del descontento, porque un pueblo tranquilo no se moviliza. Leídas así, ciertas conductas dejan de parecer torpeza y empiezan a parecer estrategia: el problema resuelto desmoviliza; el problema abierto convoca.
Se dirá que la oposición tiene derecho a fiscalizar, y lo tiene. Se dirá que el Gobierno cometió errores, y el propio Gobierno lo reconoció. Pero fiscalizar no es lo mismo que obstruir, y exigir responsabilidades no obliga a retrasar las soluciones. Se pueden hacer ambas cosas a la vez: aprobar la ley el martes y presentar la acusación el miércoles. Si no se hace, es porque el orden de los factores sí altera el producto. Una ley aprobada con el ministro en su cargo le quita a la oposición su mejor bandera.
Chile ya vio, no hace tanto, lo que ocurre cuando la política se acostumbra a vivir en la calle y en la trinchera, y cuando cada problema se transforma en una oportunidad para debilitar al adversario antes que en una tarea por resolver. Los chilenos no votaron por un Congreso que gane discusiones; votaron por uno que resuelva problemas. Y pocos problemas son más urgentes que asegurar que quien abusó de un niño cumpla su condena completa.
La pregunta, al final, es simple, y cualquier chileno puede responderla mirando el calendario. Si todos dicen querer la misma ley, ¿quién la está frenando y por qué?
