La diputada Irací Hassler (PC) demandó al Fisco y a la Contraloría para anular la resolución que la responsabiliza administrativamente por la fallida compra de la exclínica Sierra Bella cuando era alcaldesa de Santiago.
La diputada Irací Hassler (PC) presentó una demanda de nulidad de derecho público contra el Fisco y la Contraloría General de la República para dejar sin efecto la resolución que la responsabiliza administrativamente por la fallida compra de la exclínica Sierra Bella, durante su gestión como alcaldesa de Santiago (2021-2024). La acción fue ingresada ante el 7° Juzgado Civil de Santiago y se conoció este martes 6 de octubre de 2026.
Mediante la resolución exenta RE14499/2026, del 14 de mayo, Contraloría aprobó el sumario y estableció que Hassler infringió el principio de probidad administrativa al firmar el decreto alcaldicio 810, del 20 de enero de 2023. Ese decreto autorizó comprar los inmuebles de Sierra Bella 1.181 y Ventura Lavalle 431 por $8.248.886.210. La vendedora los había adquirido unos seis meses antes en $2.231.855.090. El organismo también cuestionó que la operación avanzara sin el control de legalidad y el visado de la Dirección de Control municipal. La resolución no impuso medidas disciplinarias.
¿Qué argumenta Hassler?
Representada por el abogado Leonardo Cofré, la diputada sostiene que la resolución tiene vicios de ilegalidad y que Contraloría excedió sus atribuciones al establecer responsabilidades por hechos conocidos en sede penal. Plantea además que se le atribuyó responsabilidad personal sin precisar el deber jurídico específico incumplido, lo que vulneraría los principios de legalidad y tipicidad.
También afirma que no se demostró perjuicio patrimonial efectivo, porque la compraventa no se concretó y los recursos municipales no fueron transferidos. Agrega que se encargaron tres tasaciones comerciales independientes y que adoptó medidas para detener la operación cuando Contraloría ordenó abstenerse. La demanda no pide indemnización.
¿Qué hay detrás del caso?
En 2023, un informe de Contraloría calificó el precio de «injustificado». Observó falencias en las tres tasaciones y que los trámites notariales continuaron pese a la orden de suspender.
En mayo, el sumario interno de la Municipalidad de Santiago terminó con nueve funcionarios sancionados, seis de ellos destituidos. El municipio, encabezado por Mario Desbordes, hizo suyo el análisis del fiscal instructor.
El 4 de junio, el 7° Juzgado de Garantía declaró admisible la querella por fraude al Fisco presentada por el municipio contra Hassler. La querella alude a una deuda judicial ejecutiva que supera los $9 mil millones. La diputada respondió que la causa «fue investigada y sobreseída» y acusó a Desbordes de «inventar denuncias». La Fiscalía había cerrado su investigación en mayo de 2025 sin formalizar cargos. Desbordes sostiene que la resolución de Contraloría se basa en antecedentes nuevos.
Según BioBioChile, Hassler también presentó una querella contra Desbordes y habló de «persecución política sistemática». Por su parte, seis concejales anunciaron un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional por notable abandono de deberes. El concejal Luis Mackenna (UDI) dijo que, de acreditarse, implicaría inhabilidad por cinco años.
El inmueble fue inscrito a nombre del municipio en septiembre de 2025, tras un fallo civil, y la inmobiliaria vendedora exige el pago de $8.252 millones.
¿Qué viene ahora?
El 7° Juzgado Civil de Santiago deberá tramitar la demanda. En paralelo siguen la querella del municipio y el requerimiento anunciado ante el TER.
