En su primera vocería, el subsecretario Gonzalo Arenas calificó de “malintencionada” la polémica por 56 rebajas de condena y explicó que responden a un procedimiento legal, no a una decisión del Gobierno.
El nuevo vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, debutó este miércoles 21 de octubre de 2026 en La Moneda abordando la polémica por las 56 rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores. Arenas explicó que las rebajas responden a un procedimiento respaldado por ley y que su aplicación no depende de una decisión arbitraria del Ejecutivo.
¿Quién es el nuevo vocero de Gobierno?
El Presidente José Antonio Kast nombró a Gonzalo Arenas Hödar, exdiputado UDI, como subsecretario general de Gobierno y vocero del Ejecutivo, en reemplazo de José Francisco Lagos. Arenas es abogado.
Con este cambio, el biministro Claudio Alvarado sigue a cargo de Interior y la Segegob, mientras Arenas concentra las vocerías oficiales del Gobierno. Su llegada busca responder a las críticas por la falta de un portavoz permanente y mejorar la coordinación comunicacional del Ejecutivo.
En su debut, Arenas descartó una “guerrilla comunicacional” con la oposición y destacó la importancia del diálogo y la búsqueda de acuerdos.
¿Qué dijo sobre las rebajas de condena?
Arenas calificó la noticia como “bastante malintencionada”, por la interpretación de que las rebajas responderían a una intención del Gobierno de favorecer a los condenados.
“Si las personas cumplen los criterios establecidos en la ley y son aprobadas y la decisión se toma por parte de las comisiones de rebajas de penas, el Ejecutivo no puede hacer mucho más que cursar esas solicitudes”, explicó.
Agregó que no se trata de algo que guste o no al Gobierno, sino de procedimientos establecidos por ley: “Es un derecho y no somos un gobierno arbitrario”. Precisó, además, que las solicitudes corresponden a causas anteriores a la modificación legal de 2022 que prohíbe expresamente las rebajas en delitos sexuales.
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¿Cómo funciona una rebaja de condena?
La rebaja de condena se regula por la Ley N° 19.856 y su calificación se realiza una vez al año. Es un beneficio penitenciario vinculado a la conducta del interno y propuesto por una comisión técnica, distinto del indulto particular, que es una facultad de gracia del Presidente regulada por otra ley.
El procedimiento tiene tres pasos:
- La Comisión de Reducción de Condenas califica la conducta del condenado.
- La Seremi de Justicia verifica que se cumplan los requisitos.
- La División de Reinserción Social revisa los antecedentes.
Luego, el decreto se dicta “por orden del Presidente de la República”. La ley establece que si se cumplen los requisitos y no hay causal de exclusión, el Ministerio no puede negar la solicitud.
¿Por qué se aplicó a delitos sexuales?
En febrero de 2022, la Ley N° 21.421 modificó la Ley 19.856 para excluir del beneficio a los condenados por delitos sexuales contra menores.
Según el ministro Rabat, antes de esa ley también se rechazaban esas solicitudes, pero la Corte Suprema acogió los recursos de amparo de esas personas. “Es el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema”, afirmó. Sobre la firma del Presidente Kast en los decretos, Rabat explicó que la sentencia judicial debe cumplirse mediante un acto administrativo.
Los 56 decretos se dictaron entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026: 27 por abuso sexual y 29 por violación, según reveló el medio Interferencia.
¿Qué dice la oposición?
La bancada de diputados del Partido Comunista anunció que reunirá las firmas para interpelar al ministro Rabat. La diputada Emilia Schneider (FA) anunció un proyecto para reforzar la exclusión de estos delitos de las rebajas de condena.
El senador Karim Bianchi (independiente), presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, sostuvo que una cosa es cumplir la ley y otra que el sistema siga permitiendo estas rebajas.
¿Qué viene ahora?
La oposición debe reunir las firmas para la interpelación del ministro Rabat. Arenas encabezará desde ahora las vocerías regulares del Gobierno.
