El Congreso despachó la reforma que acelera las expulsiones, con el rechazo del Partido Comunista: la PDI podrá entrar a domicilios con orden judicial y la prohibición de reingreso sube a cinco años.
El Congreso despachó el martes 20 de octubre de 2026 la reforma que acelera las expulsiones administrativas de extranjeros en situación migratoria irregular. Con ella, la Policía de Investigaciones (PDI) podrá ingresar a domicilios, con autorización judicial, para detener a personas con orden de expulsión, y la prohibición de reingreso al país subirá de tres a cinco años.
¿Cómo se votó?
La reforma tuvo un amplio respaldo en ambas cámaras, con el Partido Comunista como principal opositor:
- Cámara de Diputados (lunes 19 de octubre): 128 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Nueve de los 11 votos en contra vinieron de la bancada comunista: Marcos Barraza, Nathalie Castillo, Luis Alberto Cuello, Sofía González, Irací Hassler, Lorena Pizarro y Daniela Serrano (PC), además de los independientes de esa bancada Gustavo Gatica y Bernardo Salinas. Completaron el rechazo Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Juan Santana (PS). El Frente Amplio votó a favor.
- Senado (martes 20 de octubre): 37 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, la de la senadora comunista Claudia Pascual.
Así, el PC fue el único partido que no respaldó la reforma en ninguna de las dos cámaras.
“El Congreso aprobó la ley que fortalece las expulsiones administrativas, entregando al Estado herramientas concretas para actuar con mayor rapidez y firmeza”, afirmó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.
¿Qué cambia con la reforma?
1. La PDI podrá ingresar a domicilios. La PDI podrá pedir por escrito a un juez de garantía autorización para entrar al inmueble donde se encuentre un extranjero con una orden de expulsión firme y definitiva, con el único fin de detenerlo. El juez tendrá 24 horas para resolver.
Antes de entrar, la PDI deberá consultar al Ministerio Público, por un procedimiento rápido y confidencial, si hay investigaciones penales en curso sobre la persona o el domicilio. La medida excluye a niños, niñas y adolescentes, y a establecimientos educacionales y de salud.
2. Más información para ubicar a los expulsados. El Servicio Nacional de Migraciones podrá exigir información a personas, empresas y funcionarios públicos para notificar las órdenes de expulsión.
3. Plazos más cortos. Se reducen los plazos para reclamar contra una expulsión.
4. Cinco años sin volver. La prohibición mínima de reingreso para los expulsados sube de tres a cinco años.
Según el senador Andrés Longton (RN), la reforma también permite acelerar la salida de extranjeros que enfrentan procesos judiciales por delitos menores.
¿Por qué es importante para el norte?
Durante el debate, los senadores destacaron la urgencia de la medida por las consecuencias de la crisis migratoria en las regiones del norte.
La presidenta de la comisión mixta, la senadora por Tarapacá Danisa Astudillo, informó que en 2025 se dictaron más de 23 mil órdenes de expulsión. Destacó, además, que los acuerdos incorporaron recomendaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público.
El problema, coinciden los parlamentarios, es la distancia entre las expulsiones que se dictan y las que se ejecutan. “Una orden de expulsión que no se cumple es una señal de debilidad”, sostuvo el senador republicano Renzo Trisotti.
¿Qué queda pendiente?
El Gobierno sigue impulsando la reforma constitucional que amplía el plazo de retención de migrantes para concretar su expulsión. Ese proyecto fue rechazado en la Cámara el 22 de septiembre: obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, y no alcanzó por un voto los 89 que exigía la Constitución. El Ejecutivo activó el mecanismo de insistencia en el Senado.
¿Qué viene ahora?
Para convertirse en ley, la reforma debe pasar el control del Tribunal Constitucional y ser promulgada por el Presidente José Antonio Kast; el Gobierno anunció que la promulgará pronto. Mientras no entre en vigencia, las nuevas facultades de la PDI no se pueden aplicar.
