La Contraloría General de la República remitió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) los antecedentes de un informe que expone fallas graves en la fiscalización que hizo la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) sobre WOM durante la administración de Gabriel Boric, en el marco del proyecto de Fibra Óptica Nacional (FON), la red troncal con la que el Estado busca reducir la brecha digital entre Arica y Parinacota y la Región de Los Lagos. El documento, identificado como Informe Final N°96 y fechado el 5 de agosto de 2026, auditó el desarrollo de esta concesión entre junio de 2020 y julio de 2025.
El hallazgo central: garantías que vencieron sin cobrarse
El principal problema detectado por el organismo contralor tiene que ver con dos de las cinco macrozonas adjudicadas a WOM —Arica y Parinacota, y Centro Norte—, donde la empresa incumplió los plazos máximos para iniciar el servicio comprometido. Según el propio informe, en esos casos «no se adoptaron íntegramente las medidas previstas en las bases específicas del concurso», ya que si bien se formularon cargos infraccionales contra la empresa, nunca se procedió a ejecutar las boletas de garantía correspondientes. El resultado: esas garantías, por un total de $3.792 millones, terminaron venciendo sin haber sido cobradas, y hoy ya no pueden ejecutarse por la vía administrativa.
Un segundo problema: garantías de reemplazo por debajo de lo exigido
El informe reveló, además, una segunda irregularidad. Durante la gestión anterior se aceptaron garantías de reemplazo por montos insuficientes, con una diferencia total de 134.503,4 UF respecto de lo que las propias bases del concurso exigían mantener. La actual subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, calificó estas garantías como «llamativamente inferiores» a las requeridas.
Quién estaba a cargo cuando ocurrieron los hechos
Los incumplimientos detectados por Contraloría se produjeron durante la gestión de Claudio Araya (PC), quien encabezó la Subtel entre 2022 y 2026, en la administración de Gabriel Boric. Se trata del mismo exsubsecretario cuyo nombre ya apareció en esta cobertura semanas atrás, cuando Estados Unidos le revocó la visa por el rol protagónico que jugó en la tramitación del proyecto de cable submarino de la empresa China Mobile.
No es la primera vez: un patrón que se repite
El caso WOM no es un hecho aislado dentro de la gestión de Araya al frente de Subtel. La Contraloría ya había detectado, en una auditoría de 2023 al proyecto «Conectividad para la Educación 2030» —también diseñado por Araya en un cargo anterior dentro de la propia Subtel—, que la subsecretaría no cobró más de $24 mil millones en garantías de empresas que incumplieron sus compromisos contractuales. Sumando las distintas auditorías realizadas hasta ahora, las cifras de garantías y gravámenes no cobrados durante su paso por la institución rondarían los $100 mil millones, con sumarios administrativos ya en curso.
La explicación de la actual Subtel
La subsecretaria Garrido expuso este miércoles ante la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado los antecedentes completos del informe de Contraloría, calificándolo como «bastante» duro respecto de la fiscalización ejercida durante la gestión anterior. Consultada sobre el alcance de las fallas, fue directa. El informe da cuenta de «fallas importantes» en el control formal del proyecto, en su trazabilidad y en la aplicación de las bases del concurso, «algunas de ellas con consecuencias patrimoniales» para el Estado. La propia Subtel actual reconoció formalmente ante el organismo contralor que las medidas previstas en las bases no se adoptaron de manera íntegra, y que las boletas de garantía ya no estaban vigentes cuando asumió la nueva administración, lo que hoy impide su cobro por la vía administrativa.
El contraste: la Subtel actual sí está actuando
A diferencia del período auditado, la actual Subtel ha mostrado una postura considerablemente más activa frente a los incumplimientos de WOM. El pasado 3 de agosto, la subsecretaría ordenó el cobro íntegro de boletas de garantía por UF 316.410,15 —cerca de US$13,9 millones, equivalentes a más de $12.900 millones—, tras detectar fallas calificadas como «graves, persistentes y transversales» en la operación y mantención de la red en las cinco macrozonas del país. Entre los problemas identificados, Subtel constató que WOM aplicaba una metodología de cálculo distinta a la aprobada, que reducía artificialmente el peso de los tiempos de falla en los resultados reportados, mostrando porcentajes de disponibilidad de red superiores a los reales. WOM presentó un recurso de reposición cuestionando que el cobro se aplicara sobre la totalidad de las garantías y no de forma proporcional a las faltas detectadas, argumentando además que la medida no compromete su liquidez operacional.
Lo que está en juego y lo que viene
Con los antecedentes ya en poder del Consejo de Defensa del Estado, y en momentos en que se evalúa solicitar una sesión especial del Senado para abordar la situación en su conjunto, el caso WOM se ha transformado en uno de los ejemplos más claros del contraste entre la fiscalización que hizo la administración anterior y la que ha desplegado hasta ahora el actual Gobierno. Según reportó Diario Financiero, la Subtel actual incluso evalúa aplicar multas adicionales y estudia la eventual caducidad de parte de las concesiones de WOM si persisten los incumplimientos, en una postura considerablemente más firme que la registrada durante el período auditado por Contraloría.
