La última encuesta Plaza Pública Cadem, edición N°682 correspondiente a la tercera semana de agosto, confirmó que la reforma constitucional de seguridad presentada por el presidente José Antonio Kast ya es ampliamente conocida por la ciudadanía. Un 85% de los encuestados supo que el Mandatario ingresó al Congreso esta iniciativa para ampliar las herramientas del Estado contra el crimen organizado. De ese universo, un 50% se declara de acuerdo con la propuesta, un 39% en desacuerdo y un 11% no responde.
El matiz clave: la gente quiere al Congreso de por medio
Donde el respaldo se vuelve considerablemente más frágil es al desglosar el mecanismo específico de aplicación. Consultados sobre si el Presidente debería poder decretar el nuevo Estado de Excepción por hasta 240 días sin necesidad de autorización del Congreso, un 58% se manifestó en desacuerdo, frente a solo un 37% que respalda esa facultad unilateral. Esa cifra cambia radicalmente cuando se incorpora al Congreso en la decisión. Si la creación de este Estado de Excepción requiere aprobación parlamentaria, el acuerdo sube a 52% y el desacuerdo baja a 40%. La lectura es clara: la ciudadanía no rechaza la herramienta en sí, pero exige que su aplicación tenga un contrapeso institucional.
Un dato que pocos esperaban: casi la mitad cree que la reforma no era necesaria
Uno de los resultados más relevantes del sondeo es que un 51% de los encuestados considera que no era necesaria una reforma a la Constitución, porque el Estado ya cuenta con las herramientas suficientes para enfrentar al crimen organizado. Un 43% opina lo contrario. Es decir, aunque la mayoría respalda el contenido específico de la propuesta cuando se le pregunta directamente, una porción mayor de la población duda de que fuera necesario llegar al nivel de una reforma constitucional para lograrlo.
Una foto marcadamente polarizada por identificación política
El respaldo a la reforma también muestra una brecha ideológica muy pronunciada. Entre quienes se identifican con la derecha, el acuerdo llega a 78%; entre los de centro, baja a 58%; y entre quienes se identifican con la izquierda, el desacuerdo alcanza un 71%, con solo 17% de respaldo. También existe una brecha etaria relevante: el apoyo a la iniciativa llega a 64% entre los mayores de 55 años, baja a 48% en el tramo de 35 a 54 años, y cae a 37% entre los jóvenes de 18 a 34 años.
Otras medidas específicas, sí con amplio respaldo
Es importante distinguir la reforma constitucional general de las medidas puntuales de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que en mediciones anteriores de Cadem sí concitaron consensos mucho más amplios. 88% de apoyo al aumento de penas por reclutar menores para delinquir, 84% al despliegue policial permanente en 50 barrios críticos, y 82% a tipificar como delito, con penas agravadas, la sola pertenencia a una organización criminal. En esta misma edición N°682, dos facultades específicas de la reforma también mostraron alto respaldo: 88% está de acuerdo con requisar bienes asociados a bandas de crimen organizado o terroristas, y 78% respalda que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros en operaciones contra estas organizaciones.
Lo que dice el conjunto de los datos
Tomado en su totalidad, el sondeo confirma que la agenda de seguridad del Gobierno mantiene un respaldo ciudadano real y por sobre el rechazo en la mayoría de sus componentes específicos, pero está lejos de ser unánime cuando se trata del instrumento constitucional en su conjunto y, sobre todo, de la posibilidad de que el Presidente ejerza esa facultad sin control del Congreso. La ciudadanía parece distinguir con bastante claridad entre respaldar el fondo de la lucha contra el crimen organizado y exigir, al mismo tiempo, resguardos institucionales frente a la concentración de poder.
Lo que viene
Con la reforma constitucional ya en tramitación en el Senado, el debate legislativo deberá hacerse cargo de esta tensión que revela la encuesta: cómo dotar al Estado de herramientas más fuertes contra el crimen organizado sin prescindir del control parlamentario que una parte importante de la ciudadanía —y no solo la oposición política— exige mantener.
