Una auditoría realizada en el marco del «Plan Inspección Total», impulsado por el presidente José Antonio Kast, detectó que la construcción de las nuevas oficinas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ubicadas en Agustinas 1269, terminó costando un 146% más de lo presupuestado originalmente en 2023. El hallazgo fue confirmado este viernes y representa uno de los ejemplos más concretos y cuantificables de mal uso de recursos públicos detectados hasta ahora dentro de la gestión anterior.
Una obra que debía ahorrarle plata al Estado, y terminó costando mucho más
La ironía del caso está en su propio objetivo original. El proyecto buscaba generar ahorro para las arcas fiscales, trasladando las dependencias del ministerio a un edificio propio para dejar de pagar el arriendo de sus antiguas instalaciones. La inversión inicial contemplada era de $1.100 millones, con un plazo de ejecución estimado de un año y medio. En la práctica, las obras terminaron costando más de $2.800 millones —$1.700 millones por sobre lo presupuestado— y el plazo de ejecución se extendió hasta casi tres años y medio, más del doble de lo proyectado originalmente.
Gastos adicionales que se suman al sobrecosto
El exceso en el costo de la obra no fue lo único que debió asumir el Estado. A los $1.700 millones de sobrecosto se agregan $120 millones que se pagaron por el término anticipado del contrato de arriendo de las antiguas oficinas del ministerio, más otros $494 millones que se proyectan para habilitar y realizar reparaciones adicionales en el nuevo edificio, elevando considerablemente el costo total real de la operación por sobre lo que originalmente se había comprometido ante la ciudadanía.
No es solo el dinero: también hay dudas sobre cómo se hizo la obra
Más allá del sobrecosto y la demora, la auditoría identificó presuntas irregularidades en tres frentes adicionales: los procesos de licitación del proyecto, la forma en que se ejecutaron las obras, y las condiciones de seguridad y habitabilidad de las nuevas dependencias. Esto amplía la gravedad del hallazgo, que deja de ser únicamente un problema de mala planificación presupuestaria para convertirse en un caso con múltiples aristas que ameritan revisión.
La respuesta oficial: tres organismos ya tienen los antecedentes
Tras conocer los resultados, la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género remitió los antecedentes al fiscal regional metropolitano Centro Norte, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado. En paralelo, se instruyó un sumario administrativo, que se encuentra actualmente en curso. La subsecretaria de la Mujer, Marcia Raphael, explicó el sentido de esta decisión: «cuando una auditoría detecta antecedentes que pueden revestir gravedad, nuestro deber es entregarlos a quienes corresponde investigar. Tenemos una responsabilidad con las mujeres que atendemos, con nuestros funcionarios y funcionarias, pero también con cada peso de los recursos públicos. Por eso vamos a investigar, transparentar y corregir lo que haya que corregir».
El mensaje detrás del hallazgo
Raphael vinculó directamente este caso puntual con el sentido más amplio del proceso de fiscalización que impulsa el Gobierno desde meses atrás: «este caso demuestra por qué era necesario revisar de manera profunda el funcionamiento del Estado y el mandato que tuvo el Presidente con Inspección Total. La auditoría permitió detectar antecedentes serios que requieren ser investigados y nosotros no vamos a mirar para el lado», afirmó la subsecretaria.
Contexto: no es el primer problema de gestión que enfrenta esta cartera
Este hallazgo específico sobre las oficinas no ocurre de forma aislada. El Ministerio de la Mujer ya arrastra, desde comienzos de este año, una serie de episodios que exponen problemas de gestión y control interno heredados de la administración anterior:
- En marzo, la ministra Judith Marín solicitó la renuncia no voluntaria de la entonces directora del SernamEG, Priscilla Carrasco, tras una auditoría interna que detectó falta de trazabilidad en procesos financieros, créditos contratados sin autorización y desproporción en el gasto operativo.
- En abril, la propia ministra Marín debió acudir a la Contraloría para solicitar orientación institucional frente a un déficit superior a los $1.500 millones que enfrentaba la Fundación Prodemu, entidad vinculada al ministerio.
- En mayo, la llamada «Auditoría Total» al Estado —realizada sobre más de 500 servicios públicos correspondientes al período 2022-2026— incluyó al Ministerio de la Mujer entre los cuatro organismos con investigaciones específicas instruidas, señalando «uso ineficiente y falta de control de recursos públicos y resultados» en el SernamEG y Prodemu.
Lo que viene
Con los antecedentes ya en poder de la Fiscalía, la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado, y un sumario administrativo abierto, el desenlace de esta investigación determinará si el sobrecosto y las irregularidades detectadas en la licitación y ejecución de la obra derivan en responsabilidades administrativas, civiles o penales para quienes estuvieron a cargo del proyecto durante la administración anterior. Publinoticias seguirá de cerca los resultados de estas indagatorias.
