La Operación Cancerbero, el plan del Gobierno que trasladó a cerca de 1.500 internos de alta peligrosidad hacia la cárcel de máxima seguridad La Laguna de Talca, sufrió esta semana un revés judicial que el propio ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, utilizó para reforzar el argumento detrás de la reforma constitucional en seguridad que impulsa el Gobierno.
La resolución judicial
El Juzgado de Garantía de Iquique ordenó devolver al Centro Penitenciario de Alto Hospicio a cuatro integrantes del denominado «Clan Chen» —Longdi Chen, Wu Chen, Wen Chen y Ziliang Chen—, quienes habían sido trasladados a La Laguna en el marco de la Operación Cancerbero. Los cuatro se encuentran imputados por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Según consignó el programa Informe Especial, el tribunal presentó un recurso de amparo en su favor y resolvió que el informe presentado por Gendarmería no cumplía con el estándar requerido para justificar los traslados hacia el recinto de máxima seguridad.
Gendarmería de Chile ya evalúa acciones legales para revertir esta resolución, mientras que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, salió a defender el operativo calificándolo como un éxito y pidiendo que se respeten las facultades de la institución penitenciaria para segmentar a la población penal según su peligrosidad.
La respuesta de Arrau: un argumento a favor de la reforma
Consultado sobre este revés, el ministro Arrau fue directo al vincularlo con la agenda legislativa que el Gobierno impulsa actualmente en el Congreso: «Vemos que hay ya personas que fueron trasladadas a La Laguna en Talca que han presentado recursos para ser devueltos por diferentes justificaciones, entre ellas hay personas del Clan Chen, a otros recintos penitenciarios con otras normas de seguridad donde están en su espacio de confort».
El ministro fue más allá y explicó cuál sería la solución concreta que el Ejecutivo está impulsando: «Creemos que lo que hemos presentado, que tendrá su bajada en leyes orgánicas y leyes de cobro específico, lo que buscamos es que cuando hayan personas condenadas por crimen organizado o terrorismo, ellos tengan un régimen penitenciario especial donde el juez, si decide que esa persona pertenecía a este tipo de organizaciones, no tenga incidencia en qué recinto cumple su condena ni de qué forma».
En otras palabras, la propuesta busca que, una vez establecida judicialmente la pertenencia de una persona a una organización de crimen organizado o terrorismo, sea la autoridad penitenciaria —y no un tribunal caso a caso— quien determine el recinto y las condiciones de cumplimiento de la condena, evitando precisamente episodios como el ocurrido esta semana en Iquique.
Quién es el Clan Chen
El «Clan Chen» es una organización criminal de origen chino-chileno que, según antecedentes de la propia PDI conocidos por BioBioChile, habría lavado más de $160.000 millones de pesos —cerca de US$180 millones— mediante estafas internacionales del tipo «pig butchering», un esquema de fraude que engaña a las víctimas para que entreguen dinero en falsas inversiones. La organización operaba desde un lujoso departamento del condominio Mar Egeo, frente a Playa Brava en Iquique, y utilizaba una estructura familiar: el patriarca supervisaba el flujo de dinero, mientras sus hijos se repartían la ingeniería financiera y la logística de la operación, apoyándose además en tiendas de la Zona Franca de Iquique (Zofri) para dar apariencia legal a sus actividades.
El caso ya había generado una crisis política en marzo de este año, cuando la entonces fiscal regional de Tarapacá y hoy exministra Trinidad Steinert se vio envuelta en la salida de la subdirectora de Inteligencia y Crimen Organizado de la PDI, Consuelo Peña, tras la investigación al clan.
El balance final de la Operación Cancerbero
Este episodio se conoce justo cuando el Gobierno da por concluida la etapa de traslados masivos de la Operación Cancerbero, que se extendió por diez días, entre el 13 y el 21 de agosto, movilizando a cerca de 1.500 privados de libertad hacia La Laguna: 690 internos el primer día, 249 el 15 de agosto, 219 el 17, 198 el 19 y 200 el 21, utilizando hasta 50 vehículos entre blindados, buses y helicópteros de apoyo. Con ello, el recinto de Talca alcanzó una ocupación de 83,2%. Aunque los traslados masivos terminaron, Gendarmería continuará poblando el penal de manera gradual según sus propias necesidades operativas.
Un antecedente que alimenta el debate de fondo
El caso del Clan Chen se suma así a la discusión más amplia que ya cubrimos respecto de la reforma constitucional en seguridad y su recepción en la opinión pública. Mientras la última Encuesta Criteria mostró que un 62% de los chilenos respalda cambios a la Constitución para reforzar la seguridad, episodios como este —donde una decisión judicial revierte una medida ejecutiva de segregación penitenciaria— son presentados por el propio Gobierno como evidencia concreta de por qué, a su juicio, se requiere un marco legal que otorgue mayor certeza y menos discrecionalidad judicial en el manejo de internos vinculados al crimen organizado.
