El exdiputado y exconvencional del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez Gálvez, recurrió esta semana al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para pedir que se limite el acceso a la información contenida en su teléfono celular, incautado por la PDI el pasado 20 de agosto en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en licitaciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). La solicitud abre una pregunta que no es menor, considerando la propia trayectoria del exlegislador: ¿por qué quien impulsó activamente la transparencia judicial en uno de los mayores escándalos de financiamiento político de la historia reciente de Chile pide ahora reserva sobre su propia información?
Lo que pide Gutiérrez hoy
A través de un escrito de seis páginas, Gutiérrez solicitó al tribunal una audiencia de carácter «urgente» para definir con precisión qué contenido de su dispositivo puede ser revisado por los investigadores y cuál debe quedar excluido de las diligencias. Su argumento central es el secreto profesional que, en su calidad de abogado, protegería las comunicaciones con sus clientes. Según su presentación, el teléfono contiene «comunicaciones privadas con fines profesionales» y otra información que no tendría relación alguna con los hechos investigados. Advirtió, además, que una revisión sin esos resguardos le «provocaría un perjuicio irreparable».
La investigación en curso —a cargo de la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina— apunta al rol que habrían tenido Gutiérrez y dos parlamentarios en ejercicio, los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (cupo FRVS), para favorecer a la empresa Soser en la adjudicación de licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Gutiérrez, según trascendió de la propia diligencia, inicialmente opuso resistencia a entregar su teléfono a los detectives, cediendo únicamente después de que se le notificara que existía una orden judicial que autorizaba la incautación.
Un dato que agrega tensión al reclamo
Lo que hace especialmente llamativa esta solicitud es un antecedente que forma parte de la misma resolución judicial que autorizó las diligencias del 20 de agosto: en esa misma resolución, el tribunal ya había ordenado el levantamiento del secreto bancario de Gutiérrez, junto al de los senadores Gahona y Calisto, como parte de las herramientas investigativas de la causa. Es decir, mientras el exdiputado pide ahora que se resguarde parte de la información de su teléfono, su propio secreto bancario —una de las protecciones más sensibles del ordenamiento jurídico en materia de privacidad financiera— ya fue levantado por orden de un tribunal en esta misma investigación.
El antecedente que marca la diferencia
La solicitud de esta semana contrasta con un episodio bien documentado de la propia trayectoria de Gutiérrez. En 2015, en pleno estallido del caso SQM —el escándalo que reveló el financiamiento ilegal de campañas y partidos políticos de prácticamente todo el espectro político chileno, con pagos por más de 14 millones de dólares a casi 300 personas—, Gutiérrez, entonces diputado, se sumó como querellante en la causa judicial, junto al Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y la Fundación Ciudadano Inteligente. Esa querella buscaba, precisamente, que la justicia pudiera acceder a toda la información necesaria —incluida la financiera— para establecer responsabilidades de otros actores políticos involucrados en el financiamiento irregular.
Once años después, el propio Gutiérrez es quien pide a un tribunal que limite el alcance de las diligencias sobre su propia información, en una causa que además ya derivó en el levantamiento de su secreto bancario por decisión judicial.
Un caso con otro protagonista en paralelo
Gutiérrez no es el único de los investigados que ha recurrido a la justicia esta semana. El senador Miguel Ángel Calisto también presentó una solicitud, aunque de otro carácter: pidió una audiencia de cautela de garantías, argumentando que las diligencias intrusivas ejecutadas en su contra por la PDI —autorizadas por la justicia— afectaron sus derechos fundamentales. Su abogado, Nelson Salas Stevens, solicitó además al tribunal una copia de la solicitud original de la fiscal Encina que dio pie a la autorización de las diligencias de entrada, registro e incautación de especies al senador.
Lo que viene
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago deberá resolver ahora la petición de Gutiérrez y definir si existen, efectivamente, elementos protegidos por el secreto profesional dentro del teléfono incautado, o si la revisión puede avanzar sin las restricciones solicitadas por el exdiputado. Mientras tanto, la investigación por presuntas irregularidades en las licitaciones de la Junaeb continúa su curso, con antecedentes que ya alcanzan a dos senadores en ejercicio y a Gutiérrez, quien hasta el momento ha señalado públicamente que «jamás» recibió una coima y que mantiene su disposición a colaborar con la Fiscalía.
