El Gobierno renovó este lunes la urgencia legislativa a 23 iniciativas que conforman la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), en un nuevo esfuerzo por acelerar la tramitación de su paquete de seguridad en el Congreso, en momentos en que la discusión de una de sus medidas más sensibles —la reforma constitucional— permanece entrampada.
Cómo se distribuyen las urgencias
Según informó la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) mediante un comunicado, del total de 23 proyectos, 10 recibieron «discusión inmediata» —la categoría de mayor premura dentro del sistema de urgencias legislativas—, otros 10 quedaron con «suma urgencia», y los 3 restantes con «urgencia simple».
De las 10 iniciativas con discusión inmediata, cinco se encuentran actualmente en el Senado, en segundo trámite constitucional, mientras que las otras cinco están en primer trámite en la Cámara de Diputados. Entre los proyectos que el Ejecutivo busca acelerar con mayor fuerza destacan: el que regula el control de identidad por parte de las Fuerzas Armadas durante un estado de excepción constitucional; las modificaciones que buscan suprimir la facultad judicial de ordenar notificaciones a través de funcionarios de Carabineros; y la modificación a la Ley N°19.970, que crea el sistema nacional de registro de ADN, con el objetivo de agilizar las investigaciones penales.
El estado de excepción, con menor urgencia que lo esperado
Un dato que llama la atención dentro de esta reorganización es que el proyecto para crear el nuevo Estado de Excepción Constitucional —la medida más polémica y discutida de toda la agenda de seguridad, y la misma que semanas atrás generó fuertes críticas tanto desde la oposición como desde sectores del propio oficialismo— quedó clasificado con urgencia simple, la categoría de menor premura entre las tres. Esta decisión es consistente con la señal que el propio Gobierno había dado días atrás, cuando trascendió su disposición a bajar la urgencia de la reforma constitucional para ampliar los plazos de negociación en el Congreso.
El mensaje del Ejecutivo
Desde el Gobierno insistieron en que, más allá de las dificultades que enfrenta la reforma constitucional, la decisión es continuar avanzando con el resto del paquete. «El Gobierno tiene la decisión de avanzar con urgencia en la agenda de seguridad, que es la agenda de los chilenos. En esta semana, vamos a empujar distintas iniciativas que son muy importantes para entregar mayores herramientas al Estado y combatir el crimen organizado», señalaron desde la cartera a cargo de la coordinación legislativa.
El contexto: un cuello de botella legislativo
Esta nueva batería de urgencias se da en medio de lo que la propia prensa especializada ha calificado como un «cuello de botella legislativo» para el Gobierno. Apenas tres días antes, el Senado había resuelto congelar la discusión de la reforma de seguridad para abrir una negociación que permita redefinir parte de sus contenidos, en un escenario donde el Ejecutivo ya acumulaba 88 urgencias vigentes repartidas en distintas iniciativas.
Entre los proyectos que continúan su tramitación en el Senado en segundo trámite constitucional se cuentan la Ley Antiencapuchados, la Ley Corta de Seguridad Municipal y la reforma a la responsabilidad penal adolescente. En comisiones, en tanto, siguen su discusión los proyectos sobre estados de excepción y control de identidad, la legítima defensa privilegiada para policías de franco —la conocida Ley Naín-Retamal 2.0, que ya abordamos a propósito del crimen del carabinero en Renca— y los juicios en ausencia. La Cámara de Diputados, por su parte, también tiene pendiente una de las propuestas más sensibles para La Moneda: la que busca ampliar a 180 días el plazo de detención de personas migrantes en situación irregular.
Lo que ya se ha logrado
Pese a las dificultades en el frente de seguridad, el Gobierno ya ha conseguido despachar 13 leyes de iniciativa propia durante su gestión, entre ellas la megarreforma para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico, la autorización de mayor endeudamiento del Gobierno Central para 2026, la ley de protección tarifaria eléctrica, el reajuste del ingreso mínimo mensual, modificaciones a la Ley de Seguridad Privada, y medidas transitorias para contener el precio del kerosene doméstico. Será precisamente la comparación entre lo que el Ejecutivo continúa ingresando y lo que el Congreso efectivamente logra despachar la que marcará el pulso político de las próximas semanas en la tramitación de la agenda de seguridad.
