El pleno de la Corte Suprema, encabezado por su presidenta, la ministra Gloria Ana Chevesich, resolvió este viernes la destitución de 11 jueces que fueron investigados por viajar al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, cerrando así el capítulo central del proceso disciplinario más agresivo que ha enfrentado el Poder Judicial en años.
El universo completo de casos: 58, 37 y 11
Las cifras finales, precisadas directamente por Chevesich, permiten entender con exactitud el alcance real de este proceso. En junio, la Corte Suprema había ordenado abrir procedimientos respecto de un total de 58 integrantes de la judicatura, entre ministros y ministras de Cortes de Apelaciones, relatores, relatoras, jueces y juezas.
De ese universo total, 11 casos quedaron suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC), tras requerimientos de inaplicabilidad presentados por los propios jueces afectados, por lo que la Corte Suprema no se pronunció respecto de ellos. En otros 10 casos, fue la propia Corte Suprema la que determinó que no correspondía analizar una eventual remoción, por razones diversas: la naturaleza del cargo ejercido, la calidad de suplente de la persona investigada, una renuncia previa al cargo, o el cese de funciones de uno de los involucrados.
Esto dejó al pleno con 37 cuadernos de remoción efectivamente analizados en detalle. De esos 37, 11 magistrados fueron removidos y 26 permanecieron en sus cargos, con la remoción rechazada. Dentro de esos 26 rechazos, en 7 casos no se alcanzó el quórum constitucional de 11 votos requeridos —de los cuales 4 terminaron en empates de 9 contra 9—, mientras que en los 15 restantes la mayoría del pleno decidió derechamente no remover al magistrado.
La explicación del quórum
Chevesich explicó con precisión por qué el quórum de 11 votos se mantiene inalterable pese a que la Corte Suprema no opera hoy con la totalidad de sus integrantes: «La Corte Suprema está constituida por 21 miembros, y la norma de la Constitución, el artículo 80, exige la mayoría de los componentes, o sea, 11 miembros», señaló, aclarando que aunque actualmente solo 18 ministros se encuentran en ejercicio, la exigencia constitucional sigue calculándose sobre la dotación completa de 21 cargos, no sobre los ministros disponibles al momento de votar.
La propia presidenta del máximo tribunal precisó además su voto personal en el proceso: «De los 37 casos, yo concurrí a la decisión de remover tratándose de los 11 miembros que ya la Corte Suprema acordó aquello», es decir, respaldó la totalidad de las remociones finalmente aprobadas.
El sello de Chevesich
Este proceso lleva el sello personal de Chevesich, quien asumió la presidencia de la Corte Suprema en enero de este año con el objetivo explícito de recuperar la confianza pública en el Poder Judicial, en medio de una serie de escándalos de corrupción que golpearon a la institución, entre ellos el que afectó a la exvocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco. La propia ministra había ganado notoriedad años atrás investigando el histórico caso MOP Gate junto al entonces presidente Ricardo Lagos.
Sobre el fundamento de este ejercicio disciplinario, Chevesich fue categórica: «La Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deterioran su estatura moral, degradan su credibilidad o alimentan el desprestigio de la judicatura». Y reconoció, con franqueza, la dificultad del proceso: «Los plenos fueron bastante pacíficos, aun cuando obviamente remover a un juez o a una jueza igual es complejo».
Los 11 casos que aún esperan al Tribunal Constitucional
El proceso mantiene un frente institucional abierto. Los 11 cuadernos suspendidos por el TC —entre ellos el del juez Daniel Urrutia, titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien logró en un segundo intento que el TC frenara la deliberación sobre su caso— deberán esperar el pronunciamiento de ese tribunal antes de que la Suprema pueda resolver definitivamente su situación. Chevesich confirmó que esas causas «serán examinadas y resueltas tan pronto el estado procesal así lo permita».
Efecto inmediato
Los 11 magistrados removidos quedaron inmediatamente suspendidos de sus funciones, a la espera de la redacción formal del fallo por parte de la relatora de pleno, Alejandra Aguilar, quien es la encargada de notificar oficialmente a cada uno de los afectados.
Una señal de fondo para el Poder Judicial
Con esta decisión, la gestión de Chevesich al frente de la Corte Suprema deja una señal concreta en momentos en que la confianza ciudadana en la justicia atraviesa uno de sus peores registros históricos —como confirmó la última Encuesta Cadem que ya reportamos, con un 67% de los chilenos responsabilizando a los jueces del mal funcionamiento del sistema—. La disposición del máximo tribunal a destituir efectivamente a 11 de sus propios integrantes, pese a la complejidad política e institucional que ello implica, representa un antecedente concreto de que la autofiscalización dentro del Poder Judicial puede traducirse en sanciones reales, más allá de los frentes que aún deberá resolver junto al Tribunal Constitucional.
