La columna del excanciller Ignacio Walker, ¿Tiene futuro Naciones Unidas? publicada en El Mostrador, hace un recorrido nostálgico por los grandes logros históricos de Naciones Unidas —la Declaración de los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, los tratados de no proliferación nuclear— para preguntarse si vale la pena abandonar ese legado. Es una pregunta legítima. Pero conviene complementarla con otra, más incómoda: ¿qué ha producido realmente la ONU en los últimos diez o quince años que justifique, hoy, su estructura y su costo? La evidencia disponible entrega una respuesta bastante más sobria que el recuento histórico de la columna.
El Consejo de Seguridad, en su peor momento en tres décadas
Empecemos por el órgano que, según la propia Carta de la ONU, tiene la responsabilidad central de mantener la paz mundial. Durante el 2025, el Consejo de Seguridad adoptó apenas 44 resoluciones, el nivel más bajo desde 1991, y solo el 61,4% de ellas contó con apoyo unánime, según documentó CIVICUS Lens. El año anterior, 2024, había sido aún peor en otro sentido: los cinco miembros permanentes ejercieron ocho vetos contra siete proyectos de resolución, la cifra más alta desde 1986.
Un informe de Oxfam titulado, sin ironía, «Veto a la humanidad», analizó 23 de los conflictos prolongados más relevantes del mundo durante la última década —Ucrania, Siria, Gaza, Sudán, Yemen, Venezuela, Etiopía, Myanmar, entre otros— y encontró que, en promedio, se implementaron menos de cinco resoluciones por cada una de esas crisis. Sobre Myanmar, una sola. Sobre Etiopía y Venezuela, ninguna. El 90% de todos los vetos emitidos en ese período (27 de 30) se concentró en solo tres conflictos: Palestina, Siria y Ucrania, dejando al resto del mundo prácticamente sin capacidad de acción del principal órgano vinculante de la ONU.
Una reforma que ni siquiera obliga a nada
Frente a este diagnóstico, la propia ONU intentó reaccionar en 2024 con el llamado «Pacto para el Futuro», presentado como el gran gesto de renovación institucional que Walker reclama en su columna. El problema es que ese documento es, según su propia definición, «sin carácter vinculante»: solo «abre la puerta» a una eventual reforma del Consejo de Seguridad, sin obligar a nada ni a nadie. Análisis especializados, como el de Esade, son categóricos al respecto: «Reformar la ONU hoy es imposible», ya que ninguno de los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, todos vencedores de una guerra terminada hace 80 años— está dispuesto a renunciar a su privilegio de veto. Es decir, la «gran reforma» que la columna de Walker espera que surja de esta Asamblea General ya fue intentada hace apenas dos años, y quedó reducida a una declaración de buenas intenciones.
El costo de mantener la estructura
Mientras el Consejo de Seguridad se paraliza, la organización enfrenta simultáneamente lo que la propia prensa especializada ha calificado como «la mayor crisis financiera del organismo en 80 años». El secretario general António Guterres debió lanzar un plan de austeridad, bautizado ONU80, que contempla la eliminación de 2.681 puestos de trabajo y un recorte de más del 20% en las misiones políticas especiales. En la sede de Ginebra, las medidas de ahorro llegaron a extremos simbólicos: reducir la calefacción y limitar el funcionamiento de las escaleras mecánicas.
Este contraste —recortar la calefacción de un edificio mientras se sostiene una estructura salarial como la de la ONU— merece explicarse con cifras concretas. Según las propias escalas publicadas por careers.un.org, un funcionario recién ingresado al organismo puede percibir entre 70.000 y 200.000 euros anuales solo en su nivel inicial, y entre 140.000 y 300.000 euros si alcanza un cargo senior. A esto se suman beneficios que rara vez se mencionan en los balances históricos de la organización: exención total de impuestos, subsidios de arriendo, gastos de reubicación cubiertos y jubilación a los 62 años. Un ejemplo particularmente ilustrativo es el de un funcionario destinado en Kabul —uno de los países más pobres del planeta— comienza cobrando entre 70.000 y 100.000 euros anuales, una cifra que la propia prensa especializada calificó de «astronómica» en relación con el nivel de vida local.
Una pregunta que la nostalgia histórica no responde
Ninguno de estos datos niega que la ONU haya producido, en su momento fundacional, avances civilizatorios reales, como bien recuerda la columna de Walker. Pero la pregunta que él mismo plantea —si tiene futuro— exige mirar no solo el pasado de 1945 a 1996, sino el balance concreto de las últimas décadas: un Consejo de Seguridad que produce cada año menos resoluciones y las cumple cada vez menos; un intento de reforma que resultó explícitamente no vinculante; y una estructura de costos y remuneraciones que, mientras recorta escaleras mecánicas por falta de fondos, mantiene sueldos varias veces superiores al promedio de la función pública en cualquiera de sus 193 países miembros, financiados en gran parte por esos mismos Estados.
La pregunta de fondo, entonces, no es solo si el mundo puede permitirse abandonar los «mínimos civilizatorios» que la ONU ayudó a construir hace ocho décadas. Es también si puede seguir financiando, sin cuestionamiento alguno, una estructura burocrática que, medida por sus resultados concretos de los últimos años —no por su historia—, cada vez parece explicar menos su propio costo.
