Hay coincidencias que dejan de ser coincidencias cuando se examina el calendario con atención. El 24 de marzo de este año, el Gobierno de José Antonio Kast retiró el patrocinio a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Seis meses después, apenas se conoció la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, Bachelet se comunicó con Gabriel Boric y ambos decidieron que «esto no se podía dejar pasar». El resultado fue una carta pública, cargada de un lenguaje solemne sobre soberanía y autonomía estratégica, que en La Moneda se lee de una forma bastante más terrenal: como un acto de «revanchismo» político.
No es una lectura aislada ni malintencionada
Esta no es una interpretación exclusiva de esta columna. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), fue el primero en ponerle nombre al fenómeno con total claridad: «Aquí hay una revancha política de la expresidenta Bachelet. Si cree ella que con esta revancha va a generar un liderazgo en la oposición, se equivoca». Y agregó, sin medias tintas, que «el presidente Boric con respecto a Estados Unidos siempre ha tenido una posición ideológica que ya todos conocemos». El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, fue igual de directo al acusar a ambos expresidentes de usar la política exterior para atacar al Gobierno, cuestionando que «hay una intención de hacer una confrontación política que no corresponde» y que ese tipo de diferencias no debieran canalizarse «por la prensa».
El propio jefe de bancada de RN, Diego Schalper, apuntó a algo aún más grave que la simple molestia partidista. Acusó a los expresidentes de «traicionar» una tradición histórica del país, según la cual es el Presidente de la República —y solo él— quien conduce las relaciones internacionales de Chile.
Una carta que llega tarde, mal encaminada y con el motivo equivocado
Lo que el Escudo de las Américas propone es, en esencia, cooperación: coordinación entre 15 países frente a un problema que ningún Estado enfrenta con éxito en solitario, el crimen organizado transnacional. No es un tratado. No cede soberanía. No obliga a Chile a alinearse militarmente con nadie. Es, en los hechos, exactamente el tipo de instrumento que cualquier país que se toma en serio la seguridad de sus ciudadanos debería evaluar con pragmatismo, no con sospecha ideológica automática. Y sin embargo, la carta de Bachelet y Boric elige presentarlo como una amenaza a la «soberanía nacional», una advertencia que suena grave en el papel pero que no logra explicar, con ningún argumento técnico concreto, en qué consiste exactamente esa supuesta subordinación.
Esa ausencia de sustento técnico es, precisamente, lo que delata el verdadero origen de la carta. No nace de un análisis riguroso sobre los términos de la adhesión —que ambos expresidentes, dicho sea de paso, jamás solicitaron revisar en detalle antes de pronunciarse—, sino de una molestia personal y política que encontró, en la coyuntura del Escudo de las Américas, la excusa perfecta para manifestarse con ropaje de Estado.
El costo de anteponer la ideología al país
La seguridad no es un tema menor ni sectorial en Chile. Es, según todas las mediciones de opinión pública de los últimos años, la principal prioridad ciudadana, y fue precisamente ese mandato el que llevó a José Antonio Kast a La Moneda con una votación amplia y clara. Que dos expresidentes decidan cuestionar públicamente, sin matices ni propuestas alternativas concretas, una herramienta de cooperación internacional orientada exactamente a esa prioridad ciudadana, revela hasta qué punto la ideología —y en este caso, según todo indica, también el resentimiento— puede llegar a pesar más que el interés país en el cálculo de quienes ya ejercieron el poder.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, lo resumió con una frase que vale la pena repetir: «Esta carta ayuda a entender cómo llegamos a la situación de crisis, pese haber sido un país modelo hasta hace muy poco». No es una exageración retórica, es el reconocimiento de que decisiones tomadas con esta lógica —anteponer el cálculo ideológico y personal al interés nacional en materia de seguridad— son, precisamente, parte de la explicación de por qué Chile llegó a atravesar los años más duros de su historia reciente en esta materia.
Un exabrupto sin planificación que termina dañando a sus propios autores
Lo más llamativo de todo este episodio es que, más allá del ruido político que generó, la carta luce como una reacción improvisada, montada sobre la indignación del momento más que sobre una estrategia meditada. No hubo un documento técnico previo, no hubo una consulta a especialistas en derecho internacional que respaldara la tesis de riesgo a la soberanía, no hubo siquiera una coordinación aparente con la oposición parlamentaria que sí ha planteado objeciones más matizadas y mejor fundamentadas al mismo acuerdo. Lo que hubo fue una llamada telefónica entre dos expresidentes molestos y una publicación conjunta en redes sociales.
El resultado es una jugada que termina perjudicando más a quienes la protagonizan que al propio Gobierno al que buscaba incomodar: expone a Bachelet como alguien dispuesta a instrumentalizar un tema de Estado para saldar una cuenta personal pendiente, y a Boric, una vez más, como el expresidente incapaz de disociar su posición ideológica de larga data hacia Estados Unidos de su rol institucional ya concluido. Ambos, en el intento de golpear políticamente a Kast, terminaron exhibiendo ante el mundo una imagen de la institucionalidad presidencial chilena bastante más frágil y personalista de lo que el país merece proyectar.
