La oposición anunció ayer que presentará una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Lo hizo antes de tener un libelo redactado y reconociendo que la acusación tendría más sustento político que jurídico. Es una confesión que dice mucho.
Una acusación constitucional no es un voto de censura. La Constitución la reserva para infracciones concretas a la Constitución o a las leyes, o para dejarlas sin ejecución. No basta con que una decisión sea impopular, ni siquiera con que sea un error político. Y eso es, precisamente, lo que han advertido varios expertos: que el problema de las rebajas fue político y humano, pero que no hubo una transgresión de la Constitución.
Los hechos son tozudos. Durante el gobierno anterior se concedieron 276 rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores, la mayoría porque la Corte Suprema ordenó aplicarlas, al considerar que la ley de 2022 no podía aplicarse a delitos cometidos antes de su vigencia, por el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal. El ministro Rabat aplicó esa misma doctrina en 56 casos. Se le puede reprochar no haber litigado cada uno. Se le puede reprochar falta de sensibilidad política, y el propio Presidente Kast reconoció el error. Pero acusar constitucionalmente a un ministro por aplicar un criterio que la Suprema sostuvo en cientos de fallos es, cuando menos, una lectura forzada del derecho.
Incluso dentro de la oposición hay quienes lo ven. El diputado socialista Marcos Ilabaca advirtió que solo respaldará una acusación si se acredita una infracción a la Constitución o a la ley. No es un detalle menor: es la diferencia entre un juicio jurídico y un juicio de oportunidad.
Lo más inquietante, sin embargo, es otra cosa. Desde el oficialismo se ha acusado a la oposición de instrumentalizar el dolor de las víctimas, y cuesta no darles la razón cuando se observa el apuro por anunciar una acusación sin fundamentos claros, mientras los proyectos que de verdad cerrarían el vacío legal avanzan en el Senado. Si el objetivo fuera solo proteger a los niños, la prioridad estaría en aprobar esa ley cuanto antes. Si el objetivo es derribar a un ministro, la acusación tiene sentido aunque no prospere, porque sirve para mantener el tema en la portada y desgastar al Gobierno. Cuesta no preguntarse cuál de los dos objetivos pesa más.
El Gobierno, en tanto, suspendió las rebajas, reconoció el error, ingresó un proyecto que da voz a las víctimas y saca la decisión de las manos del Ministerio, y anunció que entregará la información de los 375 casos de los últimos cinco años. Es ahí donde debería estar la energía del Congreso: en una ley que no deje espacio a interpretaciones y que no dependa del ministro de turno.
Una acusación constitucional puede ganar titulares. Pero no cambia ninguna ley, no devuelve a ningún condenado a la cárcel y no le da ninguna respuesta a las víctimas.
