«Usted los ve salir vestidos de overoles blancos, con una bomba molotov a destruir lo que hay afuera.» Con esa frase, el Presidente Kast resumió por qué firmó ayer el proyecto de Responsabilidad Parental. Multas, pérdida de patria potestad y talleres de crianza para los padres que no cuiden a sus hijos.
Hay una escena que el Presidente Kast usó ayer para explicar por qué este proyecto era necesario. No eligió una estadística. No leyó un informe técnico. Señaló algo que Chile vio en cámara durante la marcha del 3 de junio: «Los padres tienen responsabilidades con sus hijos. Usted los ve salir vestidos de overoles blancos, con una bomba molotov a destruir lo que hay afuera.»
La imagen es poderosa porque es real. Detrás de cada encapuchado que lanza una Molotov, de cada adolescente que quema un bus o destroza una estación del metro, hay unos padres. Y la pregunta que nadie se atrevía a hacer con fuerza de ley hasta ahora es: ¿dónde estaban esos padres?
El jueves 11 de junio, en la Municipalidad de Independencia, Kast firmó el proyecto de ley de Responsabilidad Parental. La respuesta del Estado a esa pregunta, convertida en norma jurídica.
Qué busca la ley: prevención primero, sanción al final
Lo primero que hay que entender sobre este proyecto es que no es una ley punitiva. Es una ley preventiva que escala hacia la sanción solo cuando la prevención fracasa. El orden importa.
Su objetivo es combinar herramientas preventivas, apoyo familiar e intervención temprana, antes de llegar a sanciones frente a incumplimientos graves y persistentes de los deberes parentales.
La lógica es la siguiente: cuando un tribunal de familia detecta que un menor está en riesgo de conducta delictual o ya tiene comportamientos problemáticos, no va directo a sancionar al padre. Primero interviene para ayudar. Le ofrece herramientas. Lo involucra. Y solo cuando el padre ignora esa oportunidad de manera grave y persistente, llegan las consecuencias.
El proyecto ingresará al Congreso con un marcado énfasis en la prevención y la intervención temprana, dotando a los tribunales de familia de una nueva orgánica institucional para reforzar las competencias de crianza, apoyar a los núcleos familiares antes de que las problemáticas de conducta se agraven.
Las sanciones concretas: de talleres de crianza a pérdida de patria potestad
El proyecto establece una escalera de consecuencias proporcionales a la gravedad del incumplimiento parental. De menor a mayor:
Primer nivel — Intervención y apoyo: Herramientas para los tribunales de familia con la finalidad de reforzar competencias parentales y proteger a los menores. Multas, programas de habilidades parentales, revinculación familiar y atención psicológica y psiquiátrica en casos en que exista falta de la debida diligencia parental.
En lenguaje simple: el tribunal puede ordenar al padre o madre asistir a un taller de crianza, someterse a atención psicológica o participar en un programa de revinculación con su hijo. No es una sanción. Es una oportunidad. La ley le dice al padre: te vamos a ayudar a ser mejor padre. Pero tienes que venir.
Segundo nivel — Multas: Las facultades del Tribunal de Familia irían desde ordenar a los adultos responsables a tomar un taller para mejorar sus cuidados, hasta sanciones como multas de 5 UTM.
5 UTM equivalen aproximadamente a $320.000 pesos. No es una suma que destruya a una familia. Es una consecuencia concreta y proporcional por ignorar una obligación legal.
Tercer nivel — Consecuencias patrimoniales y legales graves: Sanciones más severas ante incumplimientos de deberes parentales que incluyen pérdida de derechos sucesorios, del derecho a solicitar alimentos y suspensión o pérdida de patria potestad.
Este es el nivel que solo se activa en los casos más graves y persistentes. Un padre que sistemáticamente abandona su rol, ignora las órdenes del tribunal y deja que su hijo se convierta en un problema para la sociedad puede perder los derechos que la ley le otorga precisamente porque fue padre. No puede heredar de ese hijo. No puede pedirle alimentos en la vejez. Y puede perder la patria potestad.
Es justo. Si no cumpliste con los deberes de ser padre, no puedes reclamar los derechos de serlo.
La reparación a las víctimas: el punto que nadie discute
Uno de los aspectos más concretos y menos controversiales del proyecto es el que tiene que ver con las víctimas de los actos de los menores.
La propuesta busca facilitar la reparación a víctimas de daños provocados por adolescentes, agilizando los mecanismos de indemnización y fortaleciendo la corresponsabilidad familiar.
Hoy en Chile, si un menor de edad rompe el auto de un vecino, quema un bus o destruye un negocio, la víctima tiene muy pocas herramientas para obtener reparación. El menor no puede ser procesado penalmente como un adulto. Y los padres, en la práctica, tampoco responden económicamente de manera efectiva.
Esta ley cambia eso. Crea un procedimiento más expedito para que las víctimas puedan obtener indemnización por los daños causados por adolescentes. La corresponsabilidad familiar se convierte en algo concreto y ejecutable, no solo en una declaración de principios.
Por qué se firmó en Independencia: la simbología que importa
La elección del lugar no fue casual. El Presidente Kast no firmó este proyecto en La Moneda ni en el Ministerio de Justicia. Lo hizo en la Municipalidad de Independencia, una de las comunas del Gran Santiago con mayores índices de violencia juvenil y con una comunidad que ha pedido respuestas al Estado durante años.
La actividad contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; el alcalde Agustín Iglesias; parlamentarios y vecinos de la comuna.
Vecinos de la comuna. No funcionarios de gobierno. No académicos. Los mismos que conviven a diario con adolescentes en situación de riesgo, con familias que han perdido el control de sus hijos y con las consecuencias cotidianas de la ausencia parental. Son ellos quienes más necesitan esta ley. Y fueron ellos quienes estuvieron ahí cuando se firmó.
Lo que dijo Kast: la frase que lo resume todo
El mandatario reconoció en el acto que «esto va a generar discusión, pero nosotros no podemos permitir la irresponsabilidad, que las malas conductas no tengan una sanción».
Y luego fue aún más directo sobre el propósito profundo del proyecto: «Queremos que los papás vuelvan a sintonizar con el día a día de sus hijos, que es difícil y queremos hablar de eso, que es más profundo el significado de lo que es cuidar un hijo.»
No es un discurso político. Es un llamado a la cultura. El Presidente no está diciendo que los padres son culpables de todo. Está diciendo que el Estado no puede seguir siendo el único responsable de la formación de los niños. Que la familia existe. Que la autoridad parental importa. Y que cuando esa autoridad falla de manera grave, hay consecuencias.
Lo que viene: el debate en el Congreso
El presidente Kast reconoció que «esto no va a ser fácil en la discusión parlamentaria, pero tenemos que ir creando conciencia, más allá del resultado del proyecto de ley.»
El aviso del Presidente es honesto. La izquierda ya prepara sus argumentos: que la ley criminaliza la pobreza, que no todos los padres tienen las mismas condiciones, que el Estado debe apoyar antes de sancionar.
Algunos de esos argumentos tienen parte de razón. Y el propio diseño del proyecto los recoge: la prevención va primero, el apoyo va antes que la multa, y los talleres de crianza son una oportunidad antes de que llegue la sanción.
Lo que el proyecto no acepta es el argumento más cómodo de todos: que los padres no tienen responsabilidad sobre sus hijos. Que si un adolescente sale de su casa con una bomba Molotov, es culpa del sistema, de la desigualdad o del gobierno de turno. Puede que el contexto influya. Pero hay unos padres. Y esos padres tienen un deber.
La ley dice que ese deber ahora tiene consecuencias cuando no se cumple.
