Manuales que nadie pidió. Circulares en escuelas. Años de «todos y todas» en documentos oficiales. Y una votación con respaldo transversal: 85 a favor, 53 en contra. La Cámara de Diputados le solicitó formalmente al Presidente Kast que termine con el lenguaje inclusivo impuesto durante el gobierno de Boric en los servicios públicos de Chile. El castellano, con todas sus reglas gramaticales, vuelve a ser la única norma del Estado.
El miércoles 17 de junio, en la Sala de la Cámara de Diputados, ocurrió algo que pocos esperaban hace apenas tres años: una mayoría amplia y transversal de parlamentarios votó para pedirle al gobierno que terminara con una de las políticas culturales más características del gobierno anterior. Con 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para solicitar al Presidente José Antonio Kast eliminar el uso del lenguaje inclusivo en los servicios públicos.
No fue un voto ajustado. No fue una victoria por la mínima diferencia. Fue una mayoría amplia que incluyó a sectores más allá de la oposición tradicional.
Lo que pide la resolución: claridad y reglas, no improvisación
El texto aprobado por la Cámara es preciso en lo que solicita. En concreto, piden al mandatario que instruya a todos los ministerios «dejar sin efecto circulares, resoluciones u otro tipo de acto administrativo que imponga el uso del lenguaje inclusivo en los diferentes servicios públicos y que ordene por decreto el correcto uso del idioma castellano, prohibiendo cualquier distorsión gramatical en razón del género, etnia u otra clasificación identitaria.»
No es una resolución que prohíba a ningún ciudadano hablar como quiera en su vida privada. Es una resolución que le pide al Estado, en su función administrativa y comunicacional, volver a usar el castellano según sus reglas gramaticales tradicionales. La diferencia es fundamental y la oposición sistemáticamente la confunde: nadie está legislando sobre cómo habla la gente en su casa. Se está legislando sobre cómo debe comunicarse el aparato público con todos los chilenos.
El origen del problema: el instructivo de 2022 que nadie había votado
Para entender por qué esta resolución tiene sentido, hay que recordar cómo llegó el lenguaje inclusivo a convertirse en política de Estado en Chile.
La administración de Boric impulsó el uso del lenguaje inclusivo de manera institucional. En noviembre de 2022, se publicó una guía para su aplicación, presentada por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.
Los parlamentarios argumentaron que durante el gobierno del presidente Boric «se intentó imponer forzosamente el uso del lenguaje inclusivo en diferentes servicios públicos, particularmente en los establecimientos educacionales, ordenando por medio de circulares el empleo de un idioma especial para referirse a personas que se identifican con un género distinto.»
Una guía. Una circular. Una subsecretaría que decidió, sin pasar por el Congreso ni por ninguna discusión democrática amplia, que el castellano oficial de Chile debía modificarse en sus instituciones, sus colegios y sus comunicaciones públicas. No fue una ley. No fue un debate nacional. Fue una imposición administrativa que el gobierno anterior aplicó de arriba hacia abajo.
El respaldo transversal: la izquierda blanda también lo aprobó
El dato más revelador de la votación no es que la UDI haya impulsado la resolución. Es quiénes más la respaldaron.
La votación mostró respaldos transversales. A los votos de Chile Vamos y Republicanos se sumaron apoyos provenientes de algunos diputados oficialistas, además de representantes del Partido Nacional Libertario y del Partido de la Gente.
Diputados del propio oficialismo votaron a favor de terminar con el lenguaje inclusivo en el Estado. No fue una votación de bloque ideológico cerrado. Fue una votación donde incluso sectores cercanos al exgobierno reconocieron que la imposición de 2022 había sido un error que el sentido común y la realidad lingüística terminaron derrotando.
El veredicto de la realidad: el lenguaje inclusivo nunca prendió
Una de las razones de fondo que esgrimen los impulsores de la resolución no es solo gramatical. Es empírica.
«Durante los últimos cinco años, y especialmente desde el fracaso del proyecto constitucional progresista, se ratificó el rechazo de la ciudadanía a este tipo de prácticas, restando legitimidad política a los intentos del gobierno por imponerlas.»
El proceso constitucional de 2022 incluyó propuestas de lenguaje inclusivo y fue rechazado por el 62% de los chilenos. El propio pueblo, en las urnas, ya había manifestado su rechazo a este tipo de imposiciones lingüísticas. Lo que el gobierno de Boric siguió aplicando por circular administrativa, la ciudadanía ya lo había rechazado democráticamente en un plebiscito.
Los impulsores de la resolución también citan a la autoridad lingüística de referencia del idioma: citan a la Real Academia Española, que aconseja «adoptar siempre el uso común del idioma» y entiende su valor político como la más alta declaración de los derechos y deberes de todos los ciudadanos, sea cual fuere su sexo, y especialmente como símbolo de su igualdad efectiva en todos los ámbitos de la sociedad.
La propia RAE, el organismo que define las reglas del castellano, ha sido clara: el masculino genérico ya incluye a todos. «Todos los chilenos» ya incluye a las chilenas. No hace falta forzar la gramática para lograr lo que el idioma ya hace.
El argumento que más pesa: el costo de algo que nunca funcionó
El diputado republicano Cristián Araya resumió el problema de fondo en redes sociales tras la votación: «Durante años se ha gastado dinero en hacer manuales de cómo hablar y comportarse.»
Años de recursos públicos destinados a producir guías, capacitaciones y manuales para que funcionarios del Estado aprendieran a hablar de una manera artificial que la mayoría de los chilenos nunca adoptó en su vida cotidiana. Plata que pudo haber ido a hospitales, a colegios, a seguridad pública. Se fue, en cambio, a financiar una imposición lingüística que ni siquiera logró su propio objetivo declarado: nadie se sintió más incluido por leer «todes» en un documento del Ministerio de Educación. Lo único que produjo fue confusión, rechazo y un gasto de recursos que el Estado no tenía por qué asumir.
La reacción de la izquierda: gritar «populismo» sin argumentos de fondo
Como era de esperar, la izquierda salió a calificar la resolución con el adjetivo de siempre. Algunos sectores acusaron «populismo ideológico» ante la eliminación del lenguaje inclusivo en los servicios públicos.
El argumento es interesante por su ironía: acusar de «populismo ideológico» a una resolución que busca que el Estado vuelva a usar el castellano tal como lo define la Real Academia Española, mientras se defiende silenciosamente la imposición previa que sí fue, en estricto rigor, una política ideológica impuesta por circular administrativa sin debate democrático amplio.
El principal argumento técnico en contra de la resolución radica en la imposibilidad biológica de congelar la evolución de un idioma por decreto o fuerza de ley. Es un argumento que la propia resolución no contradice: nadie está prohibiendo que el lenguaje evolucione de manera orgánica, como ha evolucionado siempre, con el uso real de los hablantes a lo largo de generaciones. Lo que se prohíbe es que el Estado fuerce esa evolución por decreto administrativo, saltándose el proceso natural por el que cualquier idioma cambia: el uso masivo y espontáneo de sus hablantes, no la imposición de una subsecretaría.
Lo que viene: la decisión está en manos de Kast
La resolución aprobada por la Cámara no es vinculante en sentido estricto. Es una solicitud formal del Congreso al Ejecutivo. Ahora la decisión está en manos del Presidente Kast, quien deberá determinar si instruye a sus ministerios para dejar sin efecto las circulares y guías que el gobierno de Boric implementó en 2022.
Dado el perfil del gobierno actual y su consistente defensa del sentido común en las políticas públicas, la señal que esta votación envía es clara: el Estado chileno está a un decreto de volver a comunicarse con sus ciudadanos en el castellano de siempre. El idioma que todos entienden. El idioma que nunca necesitó una guía de la Subsecretaría de las Culturas para incluir a nadie, porque ya incluía a todos desde el principio.
