La Cámara de Diputados despachó al Senado, con 119 votos a favor y 27 en contra, un proyecto de ley que otorga nuevas facultades a las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción constitucional de emergencia o de catástrofe, los que se decretan, por ejemplo, ante una crisis de seguridad grave o una catástrofe natural. Con esta iniciativa, el personal militar desplegado en esas zonas podrá hacer algo que hoy, en general, corresponde principalmente a Carabineros y la PDI: realizar controles de identidad a las personas.
Qué puede pedirte un militar según la nueva norma
En términos concretos, el proyecto faculta al personal de las Fuerzas Armadas para practicar control de identidad, y también para registrar vestimenta, equipaje o vehículos, en la misma línea de lo que ya establece el Código Procesal Penal para este tipo de procedimientos. Además, se les permite realizar detenciones en casos de flagrancia —es decir, cuando alguien es sorprendido cometiendo un delito—, pero con un límite claro: solo pueden hacerlo para poner de inmediato al detenido a disposición de Carabineros o de la PDI, en el lugar más cercano posible. En otras palabras, un militar podría detener a alguien en flagrancia, pero no podría llevarlo a un cuartel militar ni mantenerlo bajo su custodia: debe entregarlo a la policía civil lo antes posible.
La aclaración clave del Gobierno
Consciente de que este tipo de medidas suele generar preocupación, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, fue explícito en un punto que conviene remarcar: el proyecto «no modifica los requisitos legales para realizar controles de identidad ni altera las normas que regulan la detención por flagrancia». Es decir, no se están creando nuevas reglas sobre cuándo se puede pedir el carnet a alguien o cuándo se puede detener a una persona. Lo único que cambia es quién puede aplicar esas reglas ya existentes, sumando a las Fuerzas Armadas en un contexto específico y acotado.
Un antecedente que ya existe
Durante el debate, el diputado Jaime Coloma (UDI) recordó un dato relevante para entender que esto no es completamente nuevo. Estas mismas facultades ya existen en la ley que regula la defensa de la infraestructura crítica del país, aprobada tras una reforma constitucional en 2023. Esa norma permite a las Fuerzas Armadas hacer control de identidad y registro en las zonas fronterizas que resguardan por decreto, además de detener personas solo para ponerlas a disposición de las policías. Lo que hace este nuevo proyecto es extender un mecanismo similar, ya probado, a los estados de excepción de emergencia y catástrofe en general.
El caso que inspiró la discusión: la Macrozona Sur
El debate sobre estas facultades no surgió en el vacío. La Macrozona Sur —que incluye zonas de La Araucanía, Biobío y otras regiones cercanas— mantiene presencia militar desde hace más de 50 meses, desde que el entonces presidente Gabriel Boric decretó por primera vez el estado de excepción en mayo de 2022. Semanas atrás, el biministro del Interior, Claudio Alvarado, había entregado cifras que grafican el impacto de esa presencia sostenida en el tiempo: los hechos de violencia rural cayeron 80% desde el peak registrado en 2023, y siguieron bajando incluso en el último año, pasando de 116 a 111 eventos entre 2025 y mayo de este año.
Lo que no pasó: el proyecto de test de drogas para militares
En la misma sesión donde se debatió esta iniciativa, hubo otro proyecto que no logró avanzar. Una propuesta para realizar test de drogas de manera periódica y aleatoria al personal de las Fuerzas Armadas, que fue rechazada en general en la Comisión de Defensa por no contar con el respaldo del Gobierno. El ministro de Defensa, Fernando Barros, argumentó que los controles de drogas ya están normados dentro de las Fuerzas Armadas, aunque señaló que recogería las recomendaciones planteadas por los parlamentarios que impulsaban la medida. Al ser rechazado en general, ese proyecto específico no continuará su discusión en particular y deberá enfrentar un nuevo debate en la Sala con un informe negativo.
Por qué esto importa para la seguridad cotidiana
Para el ciudadano común, el efecto práctico de esta ley —si se aprueba también en el Senado— se sentirá principalmente en zonas donde exista un estado de excepción decretado por emergencia o catástrofe: ahí, además de Carabineros y la PDI, también un militar podría solicitar la identificación de una persona o revisar su vehículo o equipaje, dentro de los mismos márgenes legales que ya existen para las policías. Fuera de esos contextos específicos y acotados en el tiempo, la vida cotidiana de las personas no se ve alterada por esta normativa.
Próximo paso
Con el despacho desde la Cámara, el proyecto ahora deberá ser discutido y votado en el Senado, instancia en la que se espera que se repita el mismo debate que se dio en la Cámara: el oficialismo defendiendo la medida como un refuerzo necesario para las Fuerzas Armadas en contextos de crisis, y sectores de la oposición insistiendo en la necesidad de acotar aún más su alcance para evitar eventuales abusos.
