El martes 23 de junio el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales cuatro artículos del proyecto Escuelas Protegidas, una de las iniciativas emblemáticas del gobierno del Presidente José Antonio Kast. El fallo fue un golpe político y jurídico de primer orden para el Ejecutivo. El organismo convocado por diputados y senadores de oposición es liderado por Daniela Marzi, presidenta del Tribunal Constitucional hasta el próximo 12 de julio, nombrada por el expresidente frenteamplista.
Para entender el fallo hay que entender quiénes integran el tribunal que lo dictó.
Cómo se compone el TC: la arquitectura que dejó Boric
El Tribunal Constitucional está integrado por 10 ministros. De ellos, 7 se incorporaron durante el período del expresidente Gabriel Boric: Daniela Marzi y Nancy Yáñez fueron designadas directamente por él en ejercicio de la atribución presidencial, mientras que Catalina Lagos, Raúl Mera, Héctor Mery, Alejandra Precht y Marcela Peredo se integraron durante el mismo período con acuerdo del Congreso. Los tres restantes — María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández y Mario Gómez — fueron designados durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
A partir del gobierno de Gabriel Boric, la composición del TC ha ido girando hacia la izquierda.
Los perfiles: lo que dicen las fuentes oficiales
Dos de los siete ministros que llegaron durante el período de Boric tienen vínculos directos y verificables con el mundo político de la izquierda.
Daniela Marzi Muñoz (46), actual presidenta del TC hasta el 12 de julio, fue designada directamente por Boric en abril de 2022. Es abogada de la Universidad de Valparaíso — donde fue directora de Igualdad de Género y Diversidad — y Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.
Nancy Yáñez, ex presidenta del TC entre 2022 y 2024, también fue designada directamente por Boric en abril de 2022. Es abogada de la Universidad de Chile, con un Máster en Derecho Internacional con mención en Derechos Humanos. Trabajó en gobiernos de la Concertación y en 2003 participó en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. Fue además profesora guía de la tesis del ex jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, con quien es coautora de un libro.
Catalina Lagos Tschorne (43), designada por el Senado en enero de 2024, es abogada de la Universidad Diego Portales. Fue miembro de la Comisión Experta del segundo proceso constitucional, propuesta por el Partido Socialista, partido donde militaba. Trabajó en temas de derechos humanos y mujer en el primer y segundo gobierno de Michelle Bachelet, y como coordinadora legislativa de la Subsecretaría del Interior durante el gobierno de Boric.
Los cuatro ministros restantes incorporados durante el período de Boric — Mera, Mery, Precht y Peredo — tienen perfiles más técnicos y académicos: cuatro de los diez ministros del TC son abogados de la Universidad Católica (Silva, Fernández, Mery y Precht), tres de la Universidad de Chile (Yáñez, Mera y Gómez), y el resto titulados de la Universidad de Valparaíso (Marzi), la Universidad de Talca (Peredo) y la Universidad Diego Portales (Lagos).
Lo que el fallo derribó — y lo que sobrevivió
El TC declaró inconstitucionales cuatro disposiciones del proyecto: la facultad policial para revisar vestimentas y mochilas sin orden del fiscal; la obligación de avisar a Carabineros cuando un apoderado no acudiera tras una negativa de revisión; la prohibición de vestimentas con apología a la violencia y la calificación de paros y tomas como afectación grave a la convivencia; y la pérdida o inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria por cinco años para condenados por delitos graves cometidos en contextos escolares.
El gobierno enfatizó que no perdió todo: la revisión de mochilas por parte del establecimiento, la prohibición de encapuchados y los detectores de metales sobrevivieron al fallo. Pero el daño político fue evidente.
La doble vara: cuando la izquierda exigía disolver el TC
El fallo abre una pregunta que el debate político chileno no puede eludir. Cuando el TC era más cercano a la derecha, era objeto de duras críticas de la izquierda, que en varias ocasiones planteó su disolución. El propio entonces diputado Gabriel Boric publicó en X en marzo de 2018: «Al eliminar la prohibición efectiva del lucro en educación, borra de un plumazo el debate legislativo de años. Irresponsabilidad política en institución cuoteada binominalmente».
Hoy, esa misma izquierda celebra los fallos del mismo tribunal que antes quería suprimir. El diputado Marcos Barraza del PC afirmó que «el fallo del Tribunal Constitucional confirma lo que advertimos desde el inicio: la seguridad escolar no puede construirse vulnerando derechos fundamentales». El diputado Juan Santana del PS fue aún más lejos, pidiendo al gobierno que «detenga esta agenda».
El debate de fondo: ¿expertos o agentes políticos?
En La Moneda esperan conocer los fundamentos del TC sobre Escuelas Protegidas, en particular los argumentos de los ministros considerados más técnicos y menos políticos del tribunal: Mario Gómez y Raúl Mera, ambos nombrados por la Corte Suprema. El objetivo es despejar si los magistrados actuaron con consideraciones constitucionales o políticas.
El debate de fondo no es nuevo. El Tribunal Constitucional fue diseñado como un órgano técnico de control de constitucionalidad, compuesto por abogados con al menos 15 años de ejercicio y trayectoria destacada. Eso lo distingue formalmente de un órgano político. Pero la trayectoria verificable de varios de sus integrantes — una militante del PS, una coautora del jefe de gabinete de Boric, dos designaciones presidenciales directas del gobierno anterior — pone sobre la mesa una pregunta legítima que el propio gobierno está evaluando: ¿hasta qué punto un tribunal cuyos miembros tienen vínculos verificables con el sector político que impugnó la ley puede ser percibido como imparcial frente a esa misma ley?
El exministro de Seguridad de Boric, Luis Cordero, advirtió que «la oposición debe tener cuidado de creer que el tribunal va a ser un aliado político», calificando la composición actual como «académica y equilibrada». El gobierno de Kast tiene una visión distinta — y el fallo de dicha semana le da argumentos para sostenerla.
Lo que está en juego no es solo Escuelas Protegidas. El fallo abrió el apetito de la izquierda contra otros proyectos de Kast. Si la oposición usa sistemáticamente el TC como herramienta para frenar la agenda legislativa de un gobierno elegido democráticamente, la pregunta sobre si el tribunal es un árbitro constitucional o una tercera cámara política dejará de ser retórica.
