El jueves 24 de julio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmó la aplicación de un arancel del 12,5% a una parte importante de las exportaciones chilenas — salmón fresco y congelado, uvas, arándanos, vinos, manufacturas forestales y carnes — por no haber implementado eficazmente mecanismos para impedir importaciones de productos elaborados con trabajo forzoso. El golpe fue significativo: Estados Unidos es el segundo mercado más relevante de las exportaciones chilenas, y solo en 2025 sumaron US$17.741 millones.
Lo que pocos sabían hasta entonces es que semanas antes de que se confirmara el arancel, dos ONGs chilenas habían viajado a Washington a exponer ante la USTR en el panel reservado a organizaciones de derechos humanos. Sus nombres: Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas y el Centro Ecocéanos. Sus líderes: Carolina Rudnick Vizcarra y Juan Carlos Cárdenas Núñez.
Carolina Rudnick: exfuncionaria del gobierno de Boric, caso sobreseído, vuelo a Washington
Carolina Rudnick Vizcarra es abogada de la Universidad de Concepción y máster en Política Criminal por la London School of Economics. Cofundó la Fundación Libera en 2015 y la preside desde entonces. La organización se dedica, según su propia descripción, a la prevención y erradicación de la trata de personas, la esclavitud moderna y el trabajo forzoso.
El dato que más ha circulado desde que se conoció su participación en Washington: Rudnick tuvo un paso previo por el Ministerio de la Mujer durante el gobierno de Gabriel Boric.
La historia judicial detrás de su actuación en Washington es igualmente relevante. En la comuna de Molina, la fundación representó a una familia venezolana que denunciaba haber sido sometida a trabajo forzoso entre 2021 y 2024. Sin embargo, el caso fue sobreseído por la justicia por falta de pruebas suficientes. Libera no aceptó el resultado e intentó revertirlo. Presentó un recurso de queja contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Talca, pero la Segunda Sala de la Corte Suprema lo declaró inadmisible el 7 de mayo de 2026, al estimar que había sido presentado fuera del plazo legal.
Dicho de otro modo: el caso insignia de Libera sobre trabajo forzoso en Chile fue rechazado por la justicia hasta su instancia más alta — y 62 días después, el 8 de julio, Rudnick viajó a Washington a exponer esos mismos hechos ante la USTR como evidencia del incumplimiento de Chile.
Ante las críticas, Rudnick respondió con una carta a El Mercurio: «Tras la aplicación de un arancel de 12,5% a las exportaciones de Chile por el USTR, la ONG que lidero ha sido objeto de cuestionamientos y se nos ha culpado, incluso, de ser los causantes de esa decisión». Sostuvo que su objetivo nunca fue pedir aranceles sino «cambios regulatorios». Pero la pregunta que el sector exportador le hace es difícil de esquivar: si el caso que llevaron a Washington ya había sido sobreseído por la Corte Suprema, ¿con qué evidencia denunciaron a Chile?
Juan Carlos Cárdenas: «La salmonicultura es hija de la dictadura» — y celebró el arancel
El director del Centro Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas Núñez, tiene una posición ideológica que no requiere interpretación — está explícita en sus propias declaraciones. En 2019, en una entrevista con la Revista Entorno, Cárdenas declaró: «La salmonicultura chilena es hija de la dictadura y de su proyecto: aumentar la inversión extranjera y abrir el país en el uso y explotación de sus recursos».
La línea de acción oficial de Ecocéanos apunta en la misma dirección: «Apoyar la lucha de las comunidades locales, nacionales e internacionales que resisten los impactos del modelo extractivista-exportador y privatizador de los mares, la naturaleza y los bienes comunes». En 2018, la organización se opuso al proyecto de planta procesadora de la empresa Australis — una inversión de US$70 millones que obtuvo su aprobación ambiental en 2019 pese a la oposición de Ecocéanos.
Pero lo más revelador vino después de que se confirmó el arancel del 12,5%. Mientras la industria del salmón, los agricultores y el propio gobierno de Kast salían a rechazar la medida y a negociar excepciones, Cárdenas publicó en redes sociales un video celebrando el resultado. Afirmó que la sobretasa «constituye una poderosa medida para impulsar cambios en las prácticas laborales de las empresas exportadoras». El hombre que viajó a Washington diciendo que no quería aranceles celebró los aranceles en sus redes sociales.
Lo que la industria y los parlamentarios dicen
La reacción del sector exportador fue furiosa. La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, acusó a las fundaciones de dañar deliberadamente la imagen de Chile al mezclar temas distintos y en base a mentiras. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, calificó la situación de «inaceptable» y dijo que el arancel «afecta la credibilidad de nuestro país» ignorando el TLC vigente con EEUU.
Los parlamentarios de la comisión de Pesca consultados por Emol fueron unánimes en señalar que no existen antecedentes verificados de trabajo forzoso en la industria chilena. Pero la pregunta que más se repite en el mundo político es la que aún no tiene respuesta: «Que digan quiénes los financian» — la frase que resume el reclamo de transparencia sobre el origen de los recursos que permiten a estas organizaciones costear viajes a Washington, contratar equipos jurídicos y sostener litigios durante años en tribunales chilenos.
La pregunta que nadie ha respondido
Ni Fundación Libera ni Ecocéanos han dado a conocer públicamente sus fuentes de financiamiento. La Ley de Transparencia no obliga a las organizaciones sin fines de lucro privadas a revelar sus financistas. Pero cuando una ONG viaja a Washington a acusar a Chile ante el gobierno de Trump con un caso sobreseído por la justicia chilena — y luego celebra el golpe arancelario resultante — la pregunta sobre quién financia ese trabajo deja de ser curiosidad académica y se convierte en un asunto de interés público.
El gobierno de Kast rechazó la conclusión de la USTR y comenzó negociaciones para excluir productos nacionales de la sobretasa. La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, afirmó que Chile posee una «sólida institucionalidad laboral» y un marco regulatorio eficaz para prevenir y combatir el trabajo forzoso. La negociación sigue abierta.
