La exconcejala de Santiago Yasna Tapia Cisternas, militante del Frente Amplio, será formalizada el próximo 5 de octubre ante el Séptimo Juzgado de Garantía por la venta de entradas de cortesía al parque de diversiones Fantasilandia que la Municipalidad de Santiago destinaba, de forma gratuita, a vecinos de la comuna.
Entradas para los vecinos que terminaron en su bolsillo
Según el convenio entre Fantasilandia y el municipio, el parque de diversiones entregaba mensualmente 300 entradas de cortesía para ser repartidas gratuitamente entre los habitantes de la comuna, de las cuales 10 quedaban específicamente en manos de cada concejal para que las regalara a sus vecinos. De acuerdo con la querella presentada por la propia Municipalidad de Santiago, Tapia comercializó esos boletos —que debían ser gratuitos— por montos que iban entre los $6.900 y los $9.900 cada uno.
El escrito judicial detalla que «la venta de las entradas era coordinada directamente por la querellada junto a sus asistentes, don Yerko Moraga y doña Loreto Contreras», y que los compradores realizaban las transferencias directamente a una cuenta bancaria personal de la entonces concejala. Un antecedente que agrava el cuadro es que, para coordinar estas gestiones, se habría utilizado un teléfono de propiedad institucional. La investigación abarca hechos ocurridos entre 2021 y 2024.
El fiscal a cargo y el tribunal
Será el fiscal Francisco Ledezma quien formalice a Tapia por estos hechos. La querella de la Municipalidad de Santiago fue presentada en nombre del actual alcalde, Mario Desbordes, y contó con el patrocinio del abogado Sergio Contreras.
«Fue un error», dijo ella hace más de dos años
El caso se destapó en febrero de 2024, cuando el propio partido de Tapia, Convergencia Social —la colectividad del presidente Gabriel Boric—, recibió una denuncia interna por presunto mal uso de recursos públicos. Militantes de esa colectividad relataron entonces que la propia Tapia había reconocido los hechos ante otros integrantes del partido, precisando que vendió las entradas para pagar «gastos de imprenta y otras necesidades propias de su cargo como concejala».
Días después, ante el Concejo Municipal de Santiago, la propia edil admitió públicamente su responsabilidad, aunque con un lenguaje considerablemente más suave que el que hoy usa la Fiscalía: «Mencionar que hay un error de mi parte en esta situación», declaró en esa oportunidad, agregando que su concejalía había estado «reuniendo todos los antecedentes para facilitar esa investigación». Dos años y medio después, esa autodefinición de «error» no impidió que el Ministerio Público avanzara hacia una formalización penal por los mismos hechos.
La reacción de su propio partido
Convergencia Social no se quedó de brazos cruzados en su momento. Tras conocer la denuncia, el Tribunal Regional del partido resolvió suspender la militancia de Tapia mientras durara la investigación, calificando los hechos como contrarios a «el espíritu de la militancia» y a los principios de «probidad y transparencia» que dice representar la colectividad. En su comunicado, el partido fue categórico: «Convergencia Social repudia cualquier práctica que represente un aprovechamiento político de la posición o función pública». La propia diputada Emilia Schneider, cercana a Tapia y también de Convergencia Social, respaldó en su momento la decisión de sancionarla, señalando que «no podemos tolerar ningún aprovechamiento de nuestra función pública».
Cabe recordar que Tapia fue electa originalmente representando al partido Comunes, con 3.382 votos, y se cambió a Convergencia Social en diciembre de 2022, ya como parte del actual esquema del Frente Amplio.
El paso por Contraloría
En su momento, la Contraloría General de la República también ofició a la Municipalidad de Santiago por este caso, aunque el requerimiento se dirigió al municipio y no directamente contra la concejala, dado que, según explicó el propio organismo, los concejales «no pueden recibir responsabilidad administrativa, por ley». Esa vía administrativa quedó así acotada, y fue finalmente la Fiscalía —a través de la querella municipal— la que llevó el caso hasta la instancia penal que se resolverá el próximo 5 de octubre.
