El lunes 27 de julio, en una ceremonia en el Palacio de La Moneda con alcaldes, parlamentarios y la diputada del PDG Pamela Jiles en primera fila, el Presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de reforma constitucional que cambia de raíz el estándar de probidad exigible a las autoridades del Estado chileno. La iniciativa crea una nueva causal de cesación en el cargo para quienes consuman sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas y establece la obligatoriedad de exámenes al asumir funciones y posteriormente de forma periódica. Los resultados serán públicos. Un positivo equivale a destitución.
La reforma no vino de la nada. El proyecto surge tras la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, removido de su cargo tras dar positivo en un test de drogas. Rodríguez aún aguarda el resultado de la contramuestra de su examen. Pero el gobierno no esperó ese resultado para actuar: la respuesta institucional fue inmediata y en la dirección más ambiciosa posible — no un protocolo administrativo, sino una reforma constitucional.
A quiénes cubre la reforma
El proyecto alcanzará a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales regionales y provinciales, alcaldes y concejales. Es una lista que abarca casi la totalidad del liderazgo político y administrativo del país — ejecutivo, legislativo, gobiernos regionales y municipios incluidos.
El mecanismo es doble: examen obligatorio al asumir funciones y exámenes periódicos durante el ejercicio del cargo. Los resultados de los exámenes serán públicos y un resultado positivo constituirá una causal de destitución, conforme al procedimiento que determine la legislación aplicable.
El biministro Claudio Alvarado explicó el argumento de fondo: «La ciudadanía no puede tener ninguna duda de que sus autoridades son efectivamente libres y no dependientes para tomar decisiones. Una materia de esta relevancia no puede depender de normas transitorias ni de la voluntad circunstancial de las autoridades de turno».
Kast fue aún más directo: «En esto tenemos que ser inflexibles. En esto no puede haber dos miradas, porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto». El Presidente también anunció que él mismo ya se sometió a controles de drogas en abril — antes de asumir — y durante su mandato, y que ambos resultados serán públicos.
El hueco que La Tercera identificó: el Presidente no está incluido
La reforma tiene una excepción que no pasó desapercibida. El test obligatorio tampoco se le aplicaría al Jefe de Estado. Una de las explicaciones sería de carácter jurídico: el primer mandatario, desde el punto de vista de la Carta Fundamental, no cesa en el cargo al igual que los parlamentarios — en su caso solo operan las acusaciones constitucionales o bien la declaración de inhabilidad por razones físicas o mentales, siendo el Senado quien tiene la última palabra.
El gobierno reconoce la asimetría pero la justifica en el texto constitucional vigente. La reforma no puede crear un mecanismo de cesación para el Presidente sin modificar toda la arquitectura constitucional que rige la acusación constitucional presidencial — un proceso considerablemente más complejo. Kast, que se sometió voluntariamente al test y hará públicos sus propios resultados, optó por liderar con el ejemplo mientras el marco jurídico limita la norma obligatoria.
La conexión con el crimen organizado
El argumento central de Kast no es solo de probidad personal. Es de seguridad nacional. El Mandatario sostuvo que el objetivo es adecuar la legislación a los desafíos que plantea el avance del crimen organizado. La lógica es directa: las organizaciones criminales que operan en Chile tienen interés en tener operadores dentro del Estado. Un funcionario con consumo de drogas ilícitas es una persona potencialmente vulnerable a la captación o al chantaje por parte de bandas que controlan los mercados de esas sustancias. La reforma no es solo una norma de higiene institucional — es una barrera de seguridad.
Pamela Jiles y la transversalidad del mensaje
La presencia de Pamela Jiles del PDG en la ceremonia de firma no fue accidental. El gobierno convocó específicamente a alcaldes y parlamentarios que han impulsado medidas similares — como la iniciativa de test de drogas para candidatos que circuló en el Congreso en 2025 — para mostrar que la reforma tiene respaldo transversal desde el inicio.
El mensaje político es claro: no solo el gobierno de Kast quiere esta norma. La quieren los alcaldes de distintos partidos que conocen de cerca los efectos del narcotráfico en la política local. La quieren los parlamentarios que han visto cómo el crimen organizado permea las instituciones. Y la quiere la ciudadanía, que según las encuestas de esta semana califica el desempleo y la delincuencia como sus dos principales preocupaciones.
Lo que viene: el Congreso y el quórum constitucional
La propuesta iniciará su proceso legislativo en el Congreso, donde necesitará el respaldo correspondiente al tratarse de una modificación constitucional. Durante el debate se definirán aspectos como la frecuencia de los controles, los protocolos para la toma de muestras, la posibilidad de contramuestras y el procedimiento para llevar a cabo la destitución. Al ser una reforma constitucional, requiere quórum de tres quintos de los parlamentarios en ejercicio — una mayoría más exigente que la legislación ordinaria, pero que el gobierno espera poder construir con el respaldo del PDG y eventuales votos cruzados de la oposición.
