El 1 de mayo es feriado irrenunciable en Chile. Nadie trabajó ese día en el Censo. Nadie censó a nadie. Y sin embargo, el INE pagó $134.243.088 por el traslado de funcionarios y censistas. Sin hojas de ruta. Sin registros de trayectos. Sin ningún documento que acredite que algún vehículo se movió para trabajar. La Contraloría formulará un reparo por la totalidad de esos recursos. Es solo uno de los siete escándalos que la auditoría al Censo 2024 destapó esta semana.
Hay irregularidades que requieren explicación técnica. Y hay otras que se explican con un solo dato: el 1 de mayo de 2024, el INE del gobierno de Boric pagó $134.243.088 por traslados de censistas.
El 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador. Es feriado obligatorio e irrenunciable en Chile. No se puede trabajar ese día. Y en el contexto de un operativo censal, eso significa que ese día nadie fue a censar a nadie.
La propia Contraloría lo documentó con precisión: «También se verificó que el INE, el 1 de mayo de 2024, pagó a nivel nacional $134.243.088 para el traslado de funcionarios y censistas, sin embargo, el servicio no realizó labores censales ese día que justificarían dicho pago.»
No realizó labores censales ese día. Lo dijo el organismo fiscalizador del Estado chileno, con nombre del servicio, fecha y monto exacto.
Lo que hace el pago aún más inexplicable: no hay rastros de que alguien se moviera
Un pago de $134 millones por traslados podría tener, en el mejor de los escenarios, alguna explicación administrativa: movilización para guardar equipos, reunión de coordinación, traslado de materiales. Remotamente posible. Difícil de justificar. Pero al menos tendría algún papel que lo respaldara.
El problema es que ese papel no existe.
Se verificó que ese día no se realizaron labores censales y tampoco existen hojas de ruta ni antecedentes que acrediten trayectos efectuados.
Sin hojas de ruta. Sin registro de trayectos. Sin documentación que acredite que algún vehículo fue a algún lado a hacer algo. El Estado pagó $134 millones y no tiene ningún papel que explique a qué se destinaron esos recursos.
Contraloría formulará un reparo por la totalidad de esos recursos.
La totalidad. No una parte. No lo que no pudo justificarse. Todo. Los $134.243.088 completos serán objeto de reparo porque no hay ningún respaldo que permita sostener que ese pago fue legítimo.
El Censo que se convirtió en un catálogo de irregularidades
El pago del 1 de mayo no es una anécdota aislada. Es uno de los siete problemas distintos que la auditoría de la Contraloría General de la República encontró en el Censo 2024, el operativo más costoso y más sensible que ejecutó el gobierno de Boric.
El cuadro completo que la Contraloría documentó incluye: 515 censistas que recibieron pagos por $166.356.508 sin que el INE acreditara que efectivamente realizaron las tareas encomendadas. 267 personas contratadas por el INE trabajaban simultáneamente en otras instituciones públicas sin declararlo, pese a estar obligadas. Estos casos fueron remitidos al Ministerio Público. 77 contratos de arriendo de oficinas censales no contaron con fundamentos técnicos; cinco de ellos duraron 12 meses para un censo de 5 meses, pagando $49.430.231 injustificados. El INE no planificó el destino de 4.588 computadores y 37.529 smartphones adquiridos para el censo. Al 7 de noviembre de 2025, aún permanecían almacenados 484 computadores y 29.226 smartphones.
Y a esa lista se suman los 16 censistas con antecedentes penales por robo, hurto, estafa y tráfico de drogas y los 14 extranjeros sin permiso de trabajo, incluyendo uno con orden de expulsión activa, que fueron enviados a tocar el timbre de los hogares chilenos.
El costo total del desorden: $315 millones en reparos y el Ministerio Público investigando
La CGR ordenó al INE instruir un sumario administrativo, formuló un reparo por $315.645.819 y remitió el informe al Ministerio Público.
El reparo de $315 millones incluye los $134 del feriado, los $166 de los 515 censistas sin trabajo acreditado, los $49 de los contratos de arriendo injustificados y otros montos menores asociados a irregularidades específicas.
La derivación al Ministerio Público abre la puerta a investigaciones penales. Porque cuando el Estado paga $134 millones en un día feriado sin que exista ningún registro de que ese dinero se usó en algo real, no estamos ante un error administrativo. Estamos ante un pago que requiere que alguien explique a qué fue.
El contexto que lo hace más grave: el Censo fue diseñado e implementado bajo Boric
Una aclaración que el análisis político siempre requiere: el Censo 2024 fue un operativo completamente diseñado, licitado e implementado bajo el gobierno de Gabriel Boric. El INE que contrató a los delincuentes, que pagó $134 millones en feriado, que no acreditó el trabajo de 515 censistas y que dejó 29.000 smartphones en una bodega, era el INE de la administración anterior.
El Ministerio de Economía que supervisaba al INE estaba encabezado en ese período por Nicolás Grau, el mismo exministro que hoy enfrenta una acusación constitucional por las inconsistencias en las finanzas públicas que su cartera entregó al dejar el gobierno.
El biministro Daniel Mas lo conectó explícitamente en su reacción al informe de Contraloría: «Son hechos graves los que han pasado y están en la administración anterior. Todo el Censo fue licitado, implementado por el gobierno anterior y evidentemente pueden haber responsabilidades políticas.»
Responsabilidades políticas. La frase es precisa porque no prejuzga la responsabilidad penal. Pero tampoco la descarta.
Las preguntas que nadie del gobierno anterior ha respondido
Hay preguntas simples que el exequipo del INE y la exsubsecretaría de Economía deben responder:
¿Quién autorizó el pago de $134 millones en traslados el 1 de mayo? ¿Hubo alguien que verificó ese pago antes de autorizarlo? ¿Dónde están las hojas de ruta que justificarían ese gasto? ¿Cómo es posible que el INE no haya detectado que estaba pagando por trasladarse en el único día en que ningún traslado tenía sentido?
Las respuestas no han llegado. El exsubsecretario de Economía que supervisaba al INE en 2024 no ha emitido declaraciones públicas sobre los hallazgos de la Contraloría. El exministro Grau, ocupado en preparar su defensa ante la acusación constitucional, tampoco.
El silencio, en este caso, habla por sí solo.
