Sin respaldo técnico. Sin consultar a los organismos obligatorios por ley. Usando una ley que no les daba las atribuciones que necesitaban. Y perjudicando a los pescadores artesanales que sí hicieron los trámites correctamente. La Contraloría Regional de Valparaíso acaba de declarar ilegal otra resolución del gobierno de Boric. El biministro de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas, lo dijo sin rodeos: «Hay otra ilegalidad de la administración anterior. Parece que era un estilo de gobernar.»
En los últimos 90 días, el gobierno de Kast ha encontrado irregularidades en Junaeb, en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de la Mujer, en la ANID, en el Censo y en las finanzas públicas. Hoy se suma un nuevo capítulo a ese catálogo. La Subsecretaría de Pesca del gobierno de Boric abrió un registro pesquero que estaba cerrado por ley, metió a 12 mil personas en él sin el respaldo técnico necesario, ignoró los procedimientos obligatorios y perjudicó a quienes sí habían seguido las reglas.
La Contraloría lo revisó. Y su veredicto fue claro: no se ajustó a derecho.
Qué es el Registro Pesquero Artesanal y por qué estaba cerrado
Para entender la magnitud de lo que hizo el gobierno de Boric, hay que entender qué es el Registro Pesquero Artesanal y por qué su cierre no es un capricho burocrático.
El Registro Pesquero Artesanal es un catastro formal para ejercer la pesca artesanal-comercial. Establece un número de pescadores cuyo propósito es ordenar, controlar y hacer sustentable en el tiempo la actividad pesquera.
El concepto detrás del registro es de conservación: si hay más pescadores que los que el recurso puede sostener, el recurso colapsa. Las especies se agotan. Y quienes dependen de ellas pierden su sustento para siempre. Por eso el registro tiene un número limitado de cupos. Por eso existen listas de espera. Por eso hay pesquerías cerradas.
La Contraloría determinó que la medida vulneraba la Ley General de Pesca y Acuicultura, al abrir indiscriminadamente el acceso a pesquerías que se encontraban en estado de plena explotación y bajo régimen de cierre para nuevos ingresos.
Plena explotación. Esas dos palabras significan que los científicos y los técnicos ya habían determinado que esas pesquerías no podían sostener más pescadores sin deteriorarse. Y el gobierno de Boric las abrió igual.
Los tres problemas que Contraloría identificó: ninguno tiene excusa
El dictamen de la Contraloría Regional de Valparaíso no se limitó a decir que la medida era ilegal. Identificó con precisión tres problemas distintos, cada uno suficiente por sí solo para invalidar la resolución.
Problema 1: Usaron una ley que no les daba las atribuciones que necesitaban
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que se utilizó la Ley N° 21.752 para justificar nuevas incorporaciones al Registro Pesquero Artesanal, pese a que dicha norma únicamente modificó el fraccionamiento de cuotas entre el sector industrial y artesanal. Además, no permite la reapertura de pesquerías cerradas, ni modificar el régimen de inscripción en el Registro Pesquero Artesanal, ni eliminar las restricciones para pesquerías en plena explotación.
En lenguaje simple: la Subsecretaría de Pesca encontró una ley que sonaba parecida a lo que necesitaban y la usó como justificación. El problema es que esa ley no hacía lo que ellos decían que hacía. La Contraloría lo revisó artículo por artículo y concluyó que la autorización simplemente no existía en ninguna norma vigente.
Problema 2: No consultaron a quien debían consultar
El órgano contralor reiteró que dicha medida exige consultas previas al Consejo Zonal y al Comité de Manejo correspondiente, señalando que se hizo «eludiendo el mecanismo legal de reemplazo por vacancia y desnaturalizando el carácter cerrado de dichas pesquerías.»
Antes de abrir un registro pesquero, la ley exige consultar a los organismos técnicos especializados que evalúan si el recurso puede sostener más presión. El gobierno de Boric no lo hizo. Saltó ese paso. Y al saltarlo, no solo violó un procedimiento sino que además se saltó la única garantía técnica que existe para proteger la sustentabilidad de los recursos.
Problema 3: No había respaldo técnico suficiente
Según el dictamen, la Subpesca no acreditó haber cumplido los procedimientos exigidos por la Ley General de Pesca y Acuicultura para abrir el Registro Pesquero Artesanal en determinadas pesquerías.
El dictamen de Contraloría determinó que la medida carece de sustento técnico suficiente y que se implementó sin respetar los procedimientos establecidos en la normativa vigente.
Sin sustento técnico. Sin procedimientos. Sin las consultas obligatorias. La resolución N°2.563 del año 2025 fue firmada y publicada como si todos esos requisitos existieran, cuando en realidad ninguno de ellos fue cumplido.
Las víctimas silenciosas: los pescadores que sí hicieron bien las cosas
Hay una dimensión del escándalo que los números y los procedimientos tienden a opacar: el impacto humano sobre los pescadores artesanales que llevaban años esperando en la lista correcta.
La anterior administración abrió el registro pesquero artesanal para que se inscribieran cerca de 12 mil nuevos pescadores, en pesquerías como jurel, jibia, reineta, langostino amarillo, langostino colorado, camarón nailon y merluza de cola, pasando por alto los mecanismos técnicos establecidos en la actual legislación y sin respetar las listas de espera de otros artesanales que sí habían realizado el proceso en la forma correcta.
Hay pescadores artesanales en Chile que llevan años en listas de espera. Que presentaron sus documentos, cumplieron con los requisitos y esperaron su turno respetando las reglas del sistema. El gobierno de Boric les pasó a llevar con un decreto que abrió la puerta trasera para 12 mil personas que no siguieron ese proceso.
El actual subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, lo calificó con dureza: «Profundamente irresponsable, ya que generó expectativas en miles de personas sin respaldo normativo y perjudicó a quienes siguieron los procedimientos establecidos.»
Dos grupos de víctimas. Los que entraron por la puerta trasera y ahora tienen una inscripción que puede ser anulada. Y los que esperaron en la fila correcta y vieron cómo otros se saltaban esa fila con el aval del Estado.
Mas lo dice con todas sus letras: «Era un estilo de gobernar»
El biministro Daniel Mas, recibió la noticia del dictamen de Contraloría con la siguiente evaluación. «Hay otra ilegalidad de la administración anterior y parece ser que era un estilo de gobernar.»
La frase «parece que era un estilo de gobernar» no es un ataque político improvisado. Es una descripción del patrón que el gobierno de Kast ha ido documentando en los últimos 90 días. Junaeb pagó $14 mil millones por onces que no llegaron a los niños. El Ministerio de Transportes dejó $30 mil millones en deudas sin contrato válido. La ANID tenía millones sin rendir. El Ministerio de la Mujer usó recursos sin evaluación de resultados. El Censo contrató delincuentes y extranjeros ilegales. Y ahora la Subsecretaría de Pesca abrió un registro cerrado sin las atribuciones ni el respaldo técnico para hacerlo.
No son errores aislados. Son episodios de un mismo patrón: un gobierno que cuando no tenía las herramientas legales para hacer lo que quería, buscaba la manera de hacerlo igual. Sin las consultas obligatorias. Sin el respaldo técnico suficiente. Sin respetar los procedimientos que la ley establece.
Lo que el gobierno de Kast hará ahora: cumplir la ley causando el menor daño posible
El biministro Mas fue claro sobre la postura del actual gobierno: «Vamos a hacer cumplir la ley, vamos a aplicarla de la forma que cause menos perjuicio para los pescadores. Eso será en el tiempo, pero tenemos que hacer lo que la ley indica.»
La Contraloría instruyó a la actual Subsecretaría corregir la situación observada, recordando la potestad invalidatoria contemplada en el artículo 53 de la ley 19.880, mecanismo que permite dejar sin efecto actos administrativos ilegales. El plazo otorgado es de 15 días hábiles para informar las medidas adoptadas.
El subsecretario Urrutia comprometió la misma línea: «Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad, apegarse a la ley y resguardar los intereses del sector pesquero artesanal.»
El gobierno tiene 15 días hábiles para presentar un plan de regularización. El desafío es doble: cumplir con la ley que el gobierno anterior violó y al mismo tiempo minimizar el impacto sobre las 12 mil personas que se inscribieron de buena fe creyendo que lo que hacían era legal porque el Estado se los permitió.
Son víctimas de una ilegalidad que no cometieron. Y merecen una solución que no las castigue por haber confiado en un gobierno que no actuó dentro de la ley.
El patrón que Chile no puede seguir ignorando
Esta es la séptima irregularidad grave documentada del gobierno de Boric en 90 días de auditorías y revisiones del gobierno de Kast:
| Institución | Irregularidad | Monto/Impacto |
|---|---|---|
| IFP/Hacienda | Deuda oculta | US$10.500 millones |
| Junaeb | Onces fantasmas | $14 mil millones |
| Transportes | Deudas sin contrato | $30 mil millones |
| Ministerio Mujer | Uso ineficiente recursos | Sin monto establecido |
| ANID | Millones sin rendir | Sin monto establecido |
| Censo INE | Delincuentes y extranjeros ilegales | $315 millones en reparos |
| Subpesca | Registro pesquero ilegal | 12 mil inscripciones inválidas |
Siete episodios. Siete instancias en que el gobierno de Boric actuó fuera de la ley, sin el respaldo técnico necesario o sin los procedimientos obligatorios. Siete problemas que el gobierno de Kast heredó y debe resolver.
Como dijo Daniel Mas: parece que era un estilo de gobernar.
