Hay momentos en que el Ejecutivo y el Legislativo hablan con una sola voz. Este martes fue uno de ellos. La Cámara de Diputados aprobó por 77 votos a favor, 40 en contra y 9 abstenciones un proyecto de resolución que pide al Presidente José Antonio Kast urgenciar la tramitación de la reforma penal juvenil — la misma iniciativa que el propio gobierno ha puesto en el centro de su agenda de seguridad desde el 11 de marzo.
La señal es política y es poderosa: una mayoría amplia y transversal del Congreso le está diciendo al Ejecutivo que el país está listo para avanzar.
La reforma que el Congreso quiere acelerar
El proyecto de resolución pide dar urgencia al boletín N°11.826-07, que propone rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente de 14 a 13 años y aplicar régimen penitenciario común a jóvenes de 16 y 17 años reincidentes o vinculados a delitos de mayor connotación social. En términos simples: quien tenga 16 años, reincida en delitos graves o integre bandas criminales, dejará de ser tratado como adolescente en el sistema judicial y cumplirá condena en cárcel de adultos.
Es exactamente lo que el gobierno de Kast ha planteado desde el inicio de su mandato como parte de la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, hoy en tramitación legislativa. El Congreso no está presionando al gobierno — está empujando en la misma dirección.
Los números que lo explican todo
La resolución se sustenta en el aumento sostenido de la participación de menores de edad en delitos, según cifras del Ministerio Público: 4.158 casos en 2022, 4.675 en 2023 y 4.966 en 2024. Tres años consecutivos de alza. Una curva que no se detiene sola.
Detrás de esos números hay encerronas, turbazos, sicariatos y reclutamiento sistemático de adolescentes por parte del crimen organizado. El caso del niño de 12 años arrastrado y muerto en San Bernardo — en una encerrona que participaron menores de edad — puso el tema en el centro de la agenda con una crudeza que no admite dilaciones. El Presidente Kast lo dijo sin rodeos tras ese hecho: «Nuestras políticas públicas han llegado tarde». La Cámara le respondió al día siguiente con 77 votos.
Ocho años de espera, un gobierno que actúa
El boletín que la Cámara pidió urgenciar no es nuevo. Fue presentado en junio de 2018 y lleva ocho años acumulando polvo en el Congreso. Ni el segundo gobierno de Piñera ni el de Gabriel Boric lo priorizaron. Bajo Boric, de hecho, la agenda de seguridad juvenil fue sistemáticamente postergada mientras las cifras de participación de menores en delitos no hacían más que crecer año tras año.
Kast llegó a La Moneda con un diagnóstico claro sobre este punto y lo incluyó desde el primer día en su agenda legislativa. La aprobación de este martes confirma que el Congreso comparte ese diagnóstico. Para que la reforma se convierta en ley deberá completar su tramitación en ambas cámaras, pero la alineación política que se vio entre el Ejecutivo y una mayoría legislativa despeja el camino de manera significativa.
El mensaje al crimen organizado
Lo que está en juego no es solo una reforma procesal. Es un cambio de señal hacia las bandas que hoy reclutan menores precisamente porque saben que el sistema los protege. La lógica es conocida: un adolescente de 16 años que comete un homicidio recibe una sanción equivalente a la de alguien que robó un teléfono, porque la ley actual no distingue por la gravedad del delito ni por la reincidencia. Eso es lo que Kast quiere cambiar — y este martes, 77 diputados le dijeron que van con él.
