Jean Chery Dormeus lideraba, hasta su detención del miércoles, dos entidades: una agencia de viajes investigada por tráfico de migrantes, asociación criminal y lavado de activos; y una ONG que recibía millonarios fondos del Estado chileno. La Policía de Investigaciones lo detuvo junto a Ezechiel Rome el miércoles 24 de junio tras allanamientos coordinados. Ambos fueron formalizados ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y el tribunal decretó prisión preventiva para los dos, considerándolos un peligro para la seguridad de la sociedad.
Lo que la detención dejó al descubierto es una historia que va mucho más allá del crimen: durante años, el mismo hombre que coordinaba el ingreso ilegal de niños haitianos al país estaba siendo financiado con dinero de todos los chilenos.
La ONG, los convenios y los ministerios del gobierno de Boric
La Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos en Chile (ODEHC) obtuvo un total de $50 millones del Estado, distribuidos entre el Gobierno Regional Metropolitano y el Ministerio del Interior desde el año 2021.
Del Gobierno Regional Metropolitano recibió $30 millones a través de tres convenios de $10 millones cada uno, destinados a proyectos de integración de migrantes haitianos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Los convenios y las resoluciones de aprobación no especifican en detalle el uso de esos dineros.
Los $20 millones restantes llegaron desde el Ministerio del Interior a través del Programa de Apoyo a la Inclusión de la Población Inmigrante Vulnerable. Tres años después, la ODEHC obtuvo el 77,9% de la puntuación en una nueva evaluación y volvió a adjudicarse fondos del mismo programa. Esta vez, fue la ministra Carolina Tohá quien firmó el decreto que aprobó $5 millones adicionales para una escuela de español para migrantes haitianos.
Se reunió con asesores del Sermig en 2024 — y seguía operando
En la plataforma de lobby consta que Jean Chery Dormeus mantuvo una reunión el 22 de mayo de 2024 con la entonces asesora del director del Servicio Nacional de Migraciones, Charlene Dilla. En ese momento, la red criminal que lideraba junto a Rome ya llevaba meses operando. Según el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, la red operó por al menos dos años, entre 2024 y junio de 2026.
Mientras se reunía con funcionarios del Sermig, Dormeus coordinaba el ingreso ilegal de menores desde Haití, pasando por República Dominicana, hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Pudahuel.
El negocio: $3 millones por niño, $800 millones en ganancias
A través de las agencias Mundo Pam y Cananeen, los imputados se dedicaban a promover y facilitar la entrada a Chile de niños haitianos, cobrando cerca de $3 millones de pesos por viaje a sus padres y familiares. La red habría conseguido ganancias por al menos $800 millones.
En el caso de Dormeus, en un período similar al investigado registraba ingresos por más de $839 millones, cifra que no se explicaba con las declaraciones de impuestos de su agencia de viajes. El juez dispuso que la Fiscalía oficiara al Servicio de Impuestos Internos.
Las víctimas eran las propias familias haitianas. Los imputados se aprovecharon de la urgente necesidad de reunificación familiar de padres que llevaban años separados de sus hijos. En algunos casos los niños nunca llegaron: un menor de 11 años pasó ocho meses en una residencia de República Dominicana y fue finalmente deportado a Haití, sin que hasta hoy se haya podido concretar la reunificación con su padre, quien reside en Chile.
El municipio que lo contrató hasta el mes pasado
El caso tiene un capítulo adicional que suma gravedad. Según registros de Transparencia Activa, Dormeus fue contratado por la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda desde agosto de 2025, primero como facilitador intercultural, luego como gestor intercultural y finalmente como gestor cultural, con un sueldo de $1.200.000 brutos mensuales — contrato que se mantuvo al menos hasta junio de 2026, el mismo mes en que fue detenido.
Es decir, mientras la Fiscalía y la Interpol lo investigaban, un municipio del Gran Santiago le pagaba un sueldo mensual con fondos públicos.
Por qué lo detienen ahora y qué pasó antes
La investigación que derivó en las detenciones de esta semana quedó al descubierto tras los hallazgos de una operación de Interpol que data de 2024, en la que diligencias desplegadas por la policía dominicana fueron clave. Durante el gobierno de Boric, la red operó con plena libertad, con fondos públicos, reuniones con funcionarios del Sermig y un contrato municipal vigente. Fue el gobierno de Kast, con la Fiscalía Centro Norte a cargo, el que ejecutó las detenciones.
El fiscal regional Francisco Jacir aclaró que esta investigación forma parte de varias que la Fiscalía Centro Norte tiene a su cargo, y confirmó que se harán las solicitudes correspondientes respecto de los otros imputados que aún residen en el extranjero.
