La siguiente nota está basada en la columna «Impacto económico de la delincuencia», publicada por Sergio Lehmann, Economista Jefe de BCI, en el Diario Financiero.
Sergio Lehmann no es un político. Es el Economista Jefe de BCI, uno de los principales bancos del país, y lleva años midiendo con modelos empíricos lo que otros describen con opiniones. Esta semana publicó en el Diario Financiero la columna que el debate sobre seguridad en Chile estaba esperando: una que pone número al costo de la delincuencia. Y el número es tan grande que cuesta procesarlo.
US$22 mil millones de PIB que Chile no tiene
El equipo de BCI Estudios construyó un modelo empírico que corrige por inversión y factores de tendencia para estimar cuánto habría crecido la economía chilena si los niveles de delincuencia se hubieran mantenido en los registros de 2016. La conclusión es contundente: el crecimiento económico promedio desde 2016 a la fecha habría sido 0,6% superior por año. Traducido a cifras actuales, sin suponer ajustes en el tipo de cambio, el PIB de Chile medido en dólares sería hoy US$22 mil millones mayor — alcanzando los US$379 mil millones en vez de los US$357 mil millones actuales.
Para hacer tangible lo que representa esa cifra, Lehmann ofrece tres comparaciones que golpean con fuerza: con US$22 mil millones habría sido posible construir cerca de 150 hospitales completamente equipados, o 15 estadios de fútbol de primer nivel con capacidad para 80 mil espectadores, o 2.000 kilómetros de carreteras que, además de conectar al país, habrían generado aumentos adicionales en productividad y calidad de vida. Son recursos que Chile no tiene — y que no tuvo porque la delincuencia se los consumió silenciosamente durante una década.
Los homicidios casi se duplicaron en diez años
El punto de partida del análisis de Lehmann es el indicador más crudo de la violencia: los asesinatos por cada 100 mil habitantes, la única cifra comparable con rigor a nivel internacional. En 2016 Chile registraba 3,4 homicidios por cada 100 mil personas. Hoy esa cifra llega a 5,4 — un aumento del 59% en una década. Aunque el número sigue por debajo del promedio latinoamericano, que bordea los 20 asesinatos por cada 100 mil habitantes, ya duplica el estándar de los países más avanzados del mundo.
El salto no fue gradual ni inevitable. Fue el resultado de años de políticas que no priorizaron el control del crimen organizado, el ingreso irregular de migrantes con antecedentes penales y el uso de menores de edad en estructuras criminales. Todo eso con un correlato económico que hasta ahora nadie había cuantificado con la precisión del modelo de BCI.
Un impuesto regresivo que golpea a los más vulnerables
Uno de los argumentos más potentes de la columna de Lehmann es conceptual: el clima de inseguridad no afecta a todos por igual. Desde el punto de vista económico, funciona como un impuesto regresivo — carga con especial dureza a los segmentos más vulnerables de la población, que disponen de menos herramientas para protegerse de la violencia. Una familia de clase alta puede vivir en un condominio con seguridad privada, cambiar de barrio o enviar a sus hijos a un colegio con acceso controlado. Una familia de clase media o baja no tiene esas opciones.
Los efectos que Lehmann enumera son multidimensionales: asignación ineficiente del capital porque las empresas deben invertir en seguridad en vez de en productividad; menor movilidad y menos actividades de recreación por el miedo; mayor informalidad laboral porque el crimen expulsa empleos formales; fuga de capital humano hacia entornos más seguros; y deterioro de la educación por ausentismo escolar y rotación de docentes en zonas de alta violencia. Cada uno de esos efectos, por separado, frena el crecimiento. Juntos, explican el 0,6% de PIB perdido cada año.
«El Gobierno lo tiene del todo claro»
La columna de Lehmann no es solo un diagnóstico. Es también una hoja de ruta y, explícitamente, un respaldo a la dirección que está tomando el gobierno de Kast. «El Gobierno lo tiene del todo claro y es uno de sus ejes», escribe el economista. Y enumera las líneas de acción que considera indispensables para revertir el daño: fortalecer el trabajo de las policías, aumentar el control de las fronteras, reforzar la inteligencia policial y utilizar nuevas tecnologías para desarticular la acción de bandas criminales y del crimen organizado.
Son exactamente los cuatro ejes que el gobierno de Kast lleva 119 días ejecutando. Las detecciones en la frontera norte cayeron un 86% entre 2025 y 2026. Las 7 Fuerzas de Tarea especializadas operan con metas mensuales. El Plan 50 Barrios desplegó sus primeros 20 sectores con copamiento policial activo. El quinto vuelo de expulsiones dejó el país a 1.039 deportados. Y junio cerró como el primer mes sin atentados en la Macrozona Sur desde 2015.
Lo que Lehmann hace con su modelo es ponerle precio a esa agenda. Cada punto porcentual de reducción en los indicadores de violencia tiene un correlato en crecimiento económico, en empleos formales, en hospitales que pueden construirse, en carreteras que pueden tenderse. La seguridad no es un gasto — es la condición para que todo lo demás funcione. Y el economista jefe de uno de los bancos más grandes del país acaba de demostrarlo con un modelo econométrico.
