El lunes 6 de julio, primer día de vuelta a clases tras las vacaciones de invierno, el Instituto Nacional vivió una jornada de violencia que se ha vuelto dolorosamente familiar: encapuchados y estudiantes con overoles blancos rompieron puertas de los baños del establecimiento, salieron a la calle Arturo Prat e instalaron barricadas incendiarias. Lanzaron bombas molotov y fuegos artificiales contra Carabineros. La Alameda fue cortada al tránsito. Las clases matinales fueron suspendidas. El carro lanzaaguas tuvo que intervenir.
No fue una sorpresa. El inspector general del establecimiento había recibido semanas antes videos en los que sujetos exhibían armas. La directora del Instituto Nacional, Sandra Aravena, reveló que el equipo directivo recibió una amenaza de muerte anónima, sin petitorios específicos, que obligó a terminar el primer semestre en modalidad online. «Son situaciones que ponen en riesgo la integridad de las personas y que no podemos tolerar», declaró.
Lo que sí sorprendió fue el perfil de los agresores. La directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, fue explícita al presentar la querella al día siguiente: «Son internos y externos. Hay personas que se reconocen, porque esto no es primera vez». Adultos ajenos al establecimiento participaron del ataque — un dato que no es menor en el debate sobre quién financia y organiza la violencia escolar en Chile.
La querella y el respaldo irrestricto del gobierno
El SLEP Santiago Centro, el delegado presidencial de la RM, Germán Codina, y el director subrogante de Educación Pública, Pedro Larraín, presentaron una querella criminal ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago contra quienes resulten responsables. Larraín fue contundente: «Lo que sucedió en el Instituto Nacional traspasa todos los límites. Nuestro deber es apoyar a las comunidades educativas, perseguir las responsabilidades cuando corresponda y asegurar que las escuelas sean espacios seguros».
Codina reforzó el compromiso del gobierno: «El derecho a la educación está por sobre cualquier acto de violencia. Vamos a presentar y someter a la justicia a esas personas que son responsables de destruir sistemáticamente este establecimiento educacional». El SLEP evaluó además la posibilidad de implementar jornadas extendidas para recuperar las horas de clases perdidas.
El TC que le cortó las manos al gobierno dos semanas antes
Lo que hace especialmente significativa esta jornada es su contexto legislativo. El 23 de junio, apenas dos semanas antes del ataque del lunes, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales cuatro artículos del proyecto Escuelas Protegidas, la iniciativa emblemática del gobierno de Kast para garantizar la seguridad en los establecimientos educacionales. Cuatro artículos que el TC anuló. Cuatro herramientas que el gobierno ya no puede usar.
La primera era la facultad policial para revisar vestimentas y mochilas sin orden del fiscal — una medida diseñada precisamente para detectar artefactos incendiarios y armas antes de que ingresen a un recinto escolar. La segunda era la obligación de avisar a Carabineros cuando un apoderado no acudiera tras una negativa de revisión. La tercera era la calificación de los paros y tomas como afectación grave a la convivencia. La cuarta era la pérdida de acceso a la gratuidad universitaria por cinco años para quienes fueran condenados por delitos graves cometidos en contextos escolares.
Dicho de otra manera: el TC vetó la revisión preventiva de mochilas, la coordinación policial ante padres ausentes, la herramienta para sancionar tomas y la consecuencia para quienes destruyen recintos educacionales. Y dos semanas después, un grupo de encapuchados llegó con bombas molotov al Instituto Nacional el primer día de clases.
Lo que sobrevivió al fallo — y lo que no alcanza
El gobierno destacó en su momento que no perdió todo con el fallo del TC: sobrevivieron la revisión de mochilas por parte del propio establecimiento, la prohibición de encapuchados y los detectores de metales. Pero la realidad del lunes mostró los límites de esas herramientas cuando quien llega con molotov no es un estudiante buscando entrar al colegio, sino un grupo que sale desde adentro hacia la calle.
Un establecimiento educacional de primer nivel histórico en Chile, terminando su semestre en modalidad virtual por amenazas de muerte. Sin revisión policial preventiva autorizada. Sin consecuencias efectivas para quienes reclutan a adultos externos para llevar a cabo el ataque.
El círculo que no se rompe solo
El Instituto Nacional lleva años atrapado en el mismo ciclo: violencia, querella, clases suspendidas, promesas de recuperación y nueva violencia en el siguiente semestre. El gobierno de Kast diseñó una herramienta legislativa específica para intentar romper ese ciclo. El TC la desarmó parcialmente antes de que pudiera probarse en terreno.
Lo que el lunes ocurrió en la calle Arturo Prat no es solo una noticia de seguridad. Es la demostración más concreta y dolorosa de lo que significa que un tribunal anule la política pública de un gobierno elegido democráticamente para proteger a los estudiantes. Y mientras esa tensión institucional no se resuelva, el Instituto Nacional seguirá lanzando molotov al noticiario cada vez que vuelvan las clases.
