Este martes 21 de julio, pocas horas después de que la Cámara de Diputados aprobara el 99% de la Ley de Reconstrucción Nacional, la oposición cumplió su amenaza de semanas: senadores y diputados del PS, PC, FA, PPD, PL y DC ingresaron ante el Tribunal Constitucional los requerimientos para impugnar el proyecto que el gobierno de Kast llevó desde La Moneda hasta el Congreso en cuatro meses de tramitación. Son dos escritos — uno contra la invariabilidad tributaria y otro contra las normas medioambientales relacionadas con las RCA — y representan el último recurso de una oposición que no pudo frenar la ley en el Senado ni en la Cámara.
El problema es que el equipo jurídico que construyó ese recurso ya llegó con una baja importante. Tomás Jordán, el abogado constitucionalista al que la oposición había designado como coordinador de la ofensiva legal, se retiró del equipo «por motivos de agenda» según confirmó The Clinic. La coordinación quedó en manos de Jaime Bassa, Jaime Gajardo, Gabriel Osorio y Leslie Sánchez — abogados de los propios partidos, no especialistas externos. Y la mujer con más experiencia en el tribunal al que ahora van a golpear, la expresidenta Marisol Peña, dice que el proyecto no corre peligro.
«No veo cómo podrían levantarse objeciones que echaran abajo el proyecto»
Marisol Peña es directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y fue ministra y presidenta del Tribunal Constitucional durante doce años. Habló con El Líbero el domingo 19 de julio con una claridad que pocas veces se ve en el debate constitucional chileno: «Tengo 12 años de experiencia en la jurisdicción constitucional y no veo cómo aquí se podrían levantar objeciones que echaran abajo el proyecto. El proyecto de la megareforma no corre peligro en el Tribunal Constitucional».
La expresidenta desarrolló el razonamiento detrás de esa conclusión. Para que el TC acoja un requerimiento por inconstitucionalidad, explicó, los impugnadores deben demostrar que la norma cuestionada choca con un derecho garantizado en la Constitución o en tratados vigentes, y que esa colisión supera el test de proporcionalidad. Ese test tiene tres pasos: verificar que el fin de la ley es legítimo, que la medida es adecuada para lograrlo y que no sacrifica el derecho de manera desproporcionada.
En el caso de la invariabilidad tributaria, el primer paso se cumple con facilidad: «Promover el crecimiento y el desarrollo del país» es un fin legítimo sin discusión. El segundo paso podría ser debatible. Y el tercero, que es donde la oposición enfoca su argumento, es el más difícil de acreditar: «Me parece que difícilmente podrían sostenerse objeciones de proporcionalidad respecto de los anuncios de inconstitucionalidad que hemos escuchado», afirmó Peña. El propio rector Carlos Peña, en una columna en El Mercurio del 12 de julio, sostuvo el mismo criterio: el único camino posible para la oposición es la proporcionalidad, y es «complejo y probablemente no prosperará».
El mandato del legislador y la soberanía popular
Uno de los argumentos más repetidos por senadores como Daniel Núñez y Paulina Vodanovic es que una norma que dura más de cuatro años vulnera la soberanía popular porque «amarra» a los gobiernos futuros. Peña desmontó ese argumento con una precisión que el debate político ha ignorado sistemáticamente.
«Cuando elegimos a un Presidente de la República por cuatro años, cuando elegimos diputados por cuatro años y senadores por ocho años, les estamos entregando un mandato amplio. Esto no es un mandato imperativo, en el que les entreguemos un listado de instrucciones a quienes elegimos. En eso consiste la democracia representativa», explicó. En otras palabras: el Congreso puede fijar normas que duren más de un período presidencial porque eso es parte del mandato que la ciudadanía le entregó al votar.
La pregunta que Peña planteó y que nadie de la oposición ha respondido es: «¿Qué norma limita al legislador para impedirle aplicar normas medioambientales diferentes de las que existen, otras normas sobre permisología, u otras normas sobre datos sensibles?». Los límites al legislador son los derechos constitucionales y los quórums. En ninguno de esos dos frentes el proyecto de Kast está claramente en falta.
La paradoja que la expresidenta no pudo dejar de señalar
Hay una dimensión de esta ofensiva legal que Peña señaló y que el debate político debería procesar con honestidad. Los partidos que hoy recurren al TC son los mismos que durante años acusaron al organismo de ser una «tercera cámara» ilegítima que se imponía sobre el legislador democrático. Cuando Peña misma integraba el tribunal, fue blanco de esas críticas. El entonces diputado Gabriel Boric escribió en 2018 que el TC actuaba con «irresponsabilidad política en institución cuoteada binominalmente».
«Llama la atención que los mismos sectores que tradicionalmente tildaron al Tribunal Constitucional de ‘tercera Cámara’… ahora ellos mismos estén validando permanentemente el recurso al Tribunal Constitucional», dijo Peña. No lo calificó de estrategia política — reconoció no tener acceso a la mente de quienes operan esa estrategia. Pero sí lo calificó de «llamativo». Y la conclusión que dejó para el ciudadano es la misma que emerge naturalmente: usar el TC que uno quería eliminar para conseguir lo que no se logró por votos no es coherencia jurídica. Es pragmatismo político.
Jordán se fue — y el PPD impugna lo que negoció
El panorama de la ofensiva opositora tiene otra inconsistencia que Peña abordó con franqueza. El PPD fue el único partido opositor que participó genuinamente en la negociación de la invariabilidad tributaria, llegando a un acuerdo que redujo el plazo máximo de 25 a 20 años y estableció el régimen escalonado. Ahora ese mismo PPD firma el requerimiento que impugna esa norma ante el TC.
¿Tiene relevancia jurídica que el PPD haya co-diseñado la norma que ahora impugna? Peña fue clara: en términos estrictamente jurídicos, el TC resuelve conflictos de normas — no evalúa los antecedentes políticos de quienes presentan el requerimiento. Pero añadió algo que dice más de la política que del derecho: «No hay que ser ingenuos. Se van a sumar, evidentemente, a un requerimiento de toda la oposición». Y reconoció que el PPD «realizó un legítimo esfuerzo de no parapetarse en posiciones absolutamente irreconciliables, sino de intentar conversar y llegar a un acuerdo».
María Pía Silva: la nueva presidenta que cambia el escenario
El requerimiento opositora aterriza en un TC que esta semana cambió de presidenta. María Pía Silva, designada por Sebastián Piñera y con un perfil técnico-jurídico que Peña conoce de primera mano — fue su alumna en posgrado en la UC — asumió el lunes con una declaración de principios: «El control que aquí se ejerce no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico».
Peña depositó en Silva la confianza que le da haberla formado: «Ella es una constitucionalista de fuste. Conozco su responsabilidad, lo acuciosa que es y también su racionalidad y prudencia». Pero fue más allá en su predicción sobre cómo Silva ejercerá la presidencia: «Conociendo a María Pía Silva, soy una convencida de que, si se produce el caso frente a requerimientos deducidos por la oposición en estas materias, ella hará todo lo posible por no ejercer el voto dirimente. Es decir, hará todo lo posible por construir mayorías que le hablen a la ciudadanía en un sentido claro y contundente».
El voto dirimente fue el mecanismo que determinó tres de los cuatro artículos vetados en Escuelas Protegidas. Si Silva logra construir mayorías sin necesidad de ese voto — y Peña cree que lo intentará — los requerimientos de la oposición enfrentarán un tribunal que no resolverá por el margen mínimo posible, sino por una mayoría que tenga credibilidad jurídica y no solo aritmética política.
El consejo de la expresidenta: esperar antes de presentar
Peña también hizo una observación procesal que la oposición debería haber escuchado. Según la Constitución y la Ley Orgánica del TC, los requerimientos contra proyectos de ley pueden presentarse en cualquier momento antes de su promulgación — pero la actitud más deferente con el legislador democrático sería esperar a que la tramitación termine por completo y presentar el requerimiento en los últimos días antes de la firma del Presidente.
La oposición eligió presentarlos hoy, el mismo día en que la Cámara aprobó el 99% del proyecto. No es un vicio formal — es legítimo. Pero en la lógica de los propios argumentos que la izquierda ha usado contra el TC durante años —que el organismo invade la esfera del legislador democrático — presentar el requerimiento cuando el Congreso aún no ha terminado su proceso revela la misma impaciencia que siempre le criticaron al tribunal.
