El sábado 19 de julio, en el acto conmemorativo del 47° aniversario de la Revolución Sandinista en Managua, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pronunció la frase más honesta que un líder político puede decir sobre sí mismo: «Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos —la oposición— atrapar el gobierno, atrapar el poder».
No fue un lapsus. No fue una frase sacada de contexto. Fue el anuncio formal de que Nicaragua, un país de 6,6 millones de personas, ha dejado de ser una democracia incluso en el sentido más mínimo del término. Ortega anunció que la Asamblea Nacional —que controla por completo— se encargará de aprobar las leyes tendientes a «ponerles un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias», para que, «por mucha plata que les den los yanquis, no puedan llegar al poder».
La comunidad internacional ya reaccionó. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue categórico: «La declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria». Rubio convocó a la comunidad internacional a «unir fuerzas» contra el régimen y calificó el anuncio de Ortega como prueba de su «cobardía».
El manual que ya conocemos
Lo que ocurrió el sábado en Managua no es sorpresivo. Es el capítulo final de un manual que la izquierda radical ha aplicado en América Latina con una regularidad que debería alarmar a cualquier demócrata sin importar su signo político.
El primer paso es llegar al poder por la vía electoral. Fidel Castro llegó a Cuba con el apoyo popular en 1959, presentándose como la alternativa a la dictadura de Batista. Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales venezolanas en 1998 con un discurso de renovación democrática. Daniel Ortega fue electo democráticamente en Nicaragua en 2006. En los tres casos, el acceso al poder fue legítimo en su origen.
El segundo paso es reescribir las reglas del juego. Castro instauró el partido único y nunca permitió elecciones competitivas. Chávez convocó una asamblea constituyente en 1999 que le dio poderes ilimitados, eliminó la independencia de los poderes del Estado y le permitió perpetuarse. Ortega hizo lo mismo: reescribió la Constitución de Nicaragua en 2014 para eliminar los límites a la reelección, sumó a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta en 2017, la convirtió en copresidenta mediante reforma constitucional en 2025 y eliminó la separación de poderes.
El tercer paso es destruir a la oposición. Más de 5.000 organizaciones han sido clausuradas en Nicaragua desde 2018. Centenares de dirigentes políticos, religiosos, periodistas y activistas han sido encarcelados, exiliados o despojados de su ciudadanía. En las elecciones de 2021, Ortega encarceló preventivamente a los siete principales candidatos presidenciales de la oposición — entre ellos, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro. La votación fue condenada unánimemente por la comunidad internacional como fraudulenta.
Y el cuarto paso, el que Ortega acaba de anunciar, es cancelar las elecciones directamente. No hace falta manipularlas. No hace falta encarcelar a los candidatos. Simplemente no habrá más elecciones. El Gobierno nicaragüense ya inició las reformas legales para formalizar esta decisión.
Venezuela: el ensayo general
Nicaragua no está inventando nada. Venezuela lleva años en el mismo camino. Nicolás Maduro, heredero de Chávez, llegó al poder en 2013 en unas elecciones que el propio Consejo Nacional Electoral venezolano reconoció como disputadas. Desde entonces, cada proceso electoral en Venezuela ha sido sistemáticamente viciado: inhabilitaciones arbitrarias de candidatos, control del padrón electoral, presión sobre los empleados públicos, conteo opaco de votos.
En 2024, el candidato opositor Edmundo González obtuvo, según las actas recopiladas por la propia oposición, el 67% de los votos frente al 30% de Maduro. El chavismo no reconoció el resultado, declaró a Maduro ganador y González debió exiliarse en España para no ser encarcelado. El patrón es siempre el mismo: la democracia vale mientras la izquierda gane. Cuando pierde, la democracia es «un instrumento del imperialismo».
La hipocresía que nadie quiere nombrar
En Chile, los mismos partidos que hoy utilizan el Tribunal Constitucional para frenar la Ley de Reconstrucción Nacional de Kast invocando la democracia y el estado de derecho, guardaron durante décadas un silencio cómplice —o un apoyo directo— hacia los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El Partido Comunista chileno mantuvo vínculos históricos con La Habana. Figuras del Frente Amplio visitaron Caracas durante el chavismo. La izquierda latinoamericana aplaudió a Ortega como héroe de la revolución durante años.
Hoy, cuando Ortega dice en público que no habrá más elecciones, esos mismos sectores están en silencio. El PC no ha emitido ningún comunicado. El FA tampoco. La misma izquierda que acusa a Kast de «atentar contra la democracia» porque aprobó una rebaja del impuesto corporativo y una invariabilidad tributaria, no tiene palabras para el gobernante que acaba de cancelar las elecciones en un país de 6 millones de personas.
Por qué Chile importa en este contexto
El propio Kast, durante su campaña presidencial de 2021, mencionó explícitamente a Cuba, Venezuela y Nicaragua como los modelos que Chile debía evitar. «Lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió», dijo entonces: «Frente a elecciones democráticas, se hicieron las elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos». Esa diferencia fue posible porque Chile mantuvo sus instituciones, su separación de poderes y sus mecanismos de alternancia.
El estallido social de 2019 y el proceso constituyente que le siguió estuvieron cargados de energía política que, en otras latitudes, ha sido el punto de partida de los procesos que hoy terminan en lo que Ortega acaba de anunciar. Chile eligió un camino distinto: dos plebiscitos, dos resultados contundentes en contra de los textos propuestos, y en diciembre de 2025 la elección democrática de un nuevo gobierno por mayoría absoluta. Las instituciones resistieron.
France 24 preguntó esta semana si la democracia en Nicaragua está «liquidada» o si aún existe una salida política. La respuesta de los analistas consultados fue desoladora: la oposición organizada prácticamente fue extinguida dentro del territorio nacional. Los líderes están en el exilio, en la cárcel o en el silencio. El camino de regreso a la democracia en Nicaragua, si existe, es largo y doloroso.
Lo que Ortega dijo el sábado en Managua no es solo la noticia de un país centroamericano. Es un recordatorio de a dónde lleva el poder sin contrapesos, la izquierda sin límites y las instituciones sin defensores. Chile lo sabe. Y por eso importa elegir bien.
