La Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 —la entidad público-privada que organizó uno de los eventos deportivos más exitosos de la historia reciente de Chile— dejó tras su cierre formal, el 26 de noviembre de 2025, una herencia de deudas cercana a los $10.000 millones y un vacío casi total de rendición de cuentas, según reveló la propia Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados.
Un cierre sin memoria ni balance
Pese a que la Corporación había recibido una prórroga adicional respecto de su plazo original de cierre en 2024, la sesión del 25 de noviembre de 2025 —a la que asistieron el ministro del Deporte, el entonces director del Instituto Nacional de Deportes (IND) y un representante de la Corporación— terminó sin que se entregara «ninguna memoria, ningún balance, ningún informe y ningún documento», según denunció la diputada Erika Olivera ante la comisión.
De acuerdo con lo expuesto por los propios representantes de la entidad, la deuda con proveedores superaría los $9.000 millones, a los que se suman pasivos por juicios laborales que bordearían los $430 millones. «La matemática no falla: nos estamos acercando a los $10 mil millones. Y pueden existir otras obligaciones entre medio», advirtió Olivera, quien remarcó que la extinción de la entidad deja en una posición incierta a quienes prestaron servicios, entregaron implementos o mantenían contratos vigentes con la Corporación.
Ante este panorama, la Comisión de Deportes solicitó formalmente una auditoría a la Contraloría General de la República sobre los traspasos de recursos hacia la Corporación, además de pedir la eventual intervención del Consejo de Defensa del Estado en caso de detectarse perjuicio al patrimonio fiscal.
Una responsabilidad que cruza tres gobiernos
Un elemento que la propia diputada Olivera se encargó de subrayar es que este no es un problema atribuible a una sola administración: «Esto no es un problema atribuible a un solo gobierno, sino a una estructura que atravesó tres administraciones, sin que hoy exista una delimitación clara de responsabilidades», señaló, recordando además que situaciones similares de descontrol ya se habían registrado en procesos anteriores, en 2014 y 2017, sin que los informes críticos generados en su momento fueran acogidos formalmente.
Sobre quién terminará haciéndose cargo de la deuda, la parlamentaria fue directa: «Probablemente será el fisco, porque los proveedores no se quedarán de brazos cruzados».
Un historial judicial que se acumula
Más allá del boquete financiero global, la dimensión estrictamente laboral del problema tiene proporciones considerables. Según cifras expuestas ante la propia Comisión de Deportes, la Corporación fue notificada en 207 demandas directas por declaración de relación laboral, de las cuales 76 permanecían activas hacia diciembre de 2025, con audiencias fijadas hasta noviembre de 2026. De las 131 causas ya terminadas, 118 se resolvieron por acuerdo, 12 mediante sentencia firme y ejecutoriada favorable a los demandantes, y solo 1 se perdió en 2023 por el equipo legal de entonces. De 36 sentencias de nulidad vigentes, la propia Corporación recurrió a la Corte de Apelaciones en 19 de esos casos —y perdió 17 de esas apelaciones—.
Ese patrón de litigios sigue vivo casi un año después del cierre formal de la entidad: esta semana, el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago requirió a Harold Mayne-Nicholls, en representación de la ya disuelta Corporación, pagar dentro de cinco días más de $54 millones a un extrabajador, y otros $14 millones a otra extrabajadora, en ambos casos por relación laboral encubierta ya reconocida judicialmente.
Un frente judicial adicional, distinto al laboral
A la crisis financiera y laboral se suma un frente penal completamente separado. Días antes de la segunda vuelta presidencial de noviembre de 2025 —en la que Mayne-Nicholls competía como candidato independiente— la Corte Suprema revocó, por tres votos contra dos, el sobreseimiento que él había obtenido en una causa por desacato, reabriendo la investigación sobre el presunto cobro irregular de una boleta de garantía por US$2,76 millones a la empresa brasileña Fast Engenharia e Montagens, contratada para instalar estructuras metálicas y elementos de branding en los recintos de los Juegos. Según los antecedentes del caso, pese a existir una medida precautoria vigente que prohibía cobrar dicha boleta, la Corporación habría procedido a cobrarla de todas formas. Mayne-Nicholls declaró en su momento no haber sido notificado de la imputación y defendió que su actuación buscó «proteger los intereses del Estado».
El estado actual
Con la Corporación ya disuelta, sin memoria financiera entregada al Congreso, con una deuda cercana a los $10.000 millones sin resolución clara sobre quién la asumirá, y con decenas de causas laborales y penales aún abiertas, el caso de Santiago 2023 ilustra cómo el éxito deportivo de los Juegos Panamericanos convivió con una gestión administrativa que hoy es objeto de escrutinio parlamentario, judicial y eventualmente contralor.
