La Contraloría Regional de Valparaíso dio un nuevo paso en la investigación por las irregularidades detectadas en los contratos suscritos con la empresa San Nicolás SpA tras el megaincendio de febrero de 2024: solicitó hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual de las exautoridades de la Delegación Presidencial Regional, en el marco del sumario que el organismo contralor mantiene abierto desde febrero de este año.
Quiénes están en la mira
El acto administrativo de la Contraloría incorpora directamente a Sofía González, quien fue delegada presidencial regional de Valparaíso durante el gobierno de Gabriel Boric al momento de la tragedia y que hoy ejerce como diputada electa por el Partido Comunista, y a su sucesor en el cargo, Yanino Riquelme, también militante del PC. Ambos habían sido señalados en los cinco informes de auditoría que la Contraloría emitió en febrero pasado, los cuales detectaron pagos no acreditados, sobreprecios de hasta 557% y deficiencias contractuales por más de $8.900 millones en la gestión de recursos destinados a la emergencia.
Sin embargo, según pudo confirmar Radio Bío Bío, ninguna de las dos exautoridades ha sido notificada formalmente por el ente contralor, ni ha tenido acceso al avance del proceso administrativo. La propia González reconoció a ese medio que se enteró de la situación por la prensa y que no ha podido revisar el expediente porque, según indicó, «no se encuentra digitalizado». Pese a ello, afirmó haber puesto a disposición de la investigación todos los antecedentes que le han sido requeridos.
Un mecanismo legal poco habitual
La solicitud de la Contraloría se enmarca en las atribuciones que le otorga su Ley Orgánica para revisar el patrimonio de exautoridades públicas, establecer responsabilidad civil por el manejo de fondos fiscales y resolver el llamado juicio de cuentas —el procedimiento mediante el cual el organismo contralor determina si un funcionario debe responder patrimonialmente por el mal uso de recursos públicos que administró—. Fuentes consultadas indicaron que, dada la falta de notificación formal y el hecho de haberse enterado por la prensa, las exautoridades podrían impugnar el proceso ante la propia Contraloría.
La actual administración marca distancia
Consultada al respecto, la actual Delegación Presidencial Regional de Valparaíso —hoy encabezada por Manuel Millones— confirmó que no se ejecutaron sumarios internos por parte de la gestión de González ni de Riquelme. Millones agregó un antecedente relevante para contextualizar el episodio. Al momento del megaincendio, la Ley de Compras Públicas vigente no había sido actualizada, modificación que solo se concretó en diciembre de 2024, varios meses después de la emergencia. Esa reforma legal estableció normas más estrictas para las adquisiciones por trato directo, exactamente el mecanismo que utilizó la delegación de la época para contratar a la empresa San Nicolás SpA por más de $6.700 millones.
El estado del proceso
Con este nuevo antecedente, la Contraloría mantiene abiertos tanto el sumario administrativo como el juicio de cuentas contra las exautoridades de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso por su gestión durante la emergencia que dejó 138 víctimas fatales. El caso ya había derivado en una investigación penal por parte del Ministerio Público —que incautó computadores y celulares de implicados en febrero— y en una querella criminal por fraude al fisco presentada en marzo por 123 damnificados del siniestro.
La solicitud de responsabilidad civil extracontractual representa un salto cualitativo en la causa. Mientras los sumarios administrativos buscan establecer faltas a la probidad funcionaria, el juicio de cuentas apunta directamente a que las exautoridades respondan con su propio patrimonio por los fondos fiscales mal utilizados durante su gestión —una posibilidad que hasta ahora no había sido activada formalmente en este caso.
