El Gobierno dio por concluida este martes la denominada «Inspección Total», la auditoría más extensa realizada hasta ahora a la gestión de un gobierno saliente en Chile, que revisó el manejo de recursos públicos durante la administración del expresidente Gabriel Boric (2022-2026). Arrojó un resultado que la propia administración de José Antonio Kast calificó como inédito por su magnitud: 1.529 hallazgos de desviaciones, debilidades o incumplimientos, detectados en más de 500 servicios públicos revisados.
Cómo se hizo la auditoría
El proceso, liderado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) —organismo dependiente de la Segpres y encabezado por la subsecretaria Constanza Castillo (RN)—, se inició el 11 de marzo de este año, el mismo día en que asumió el actual Gobierno. Involucró a más de mil auditores internos, que analizaron 913 millones de registros de datos, identificando primero 26 señales de alerta, las que dieron origen a 360 programas de auditoría interna aplicados a lo largo de toda la administración pública.
El resultado central: 1.529 hallazgos, pero con matices importantes
De ese trabajo surgieron los 1.529 hallazgos, definidos oficialmente como «desviaciones, debilidades o incumplimientos que requieren distintas acciones según su naturaleza y gravedad». Es un punto que el propio Gobierno se encargó de aclarar explícitamente: esta cifra no significa que existan 1.529 delitos o irregularidades graves. Se trata de un universo amplio que incluye desde fallas administrativas menores hasta situaciones que sí ameritan una investigación más profunda.
De ese total, 118 hallazgos, distribuidos en 57 servicios, cuentan con recomendación formal del CAIGG para la instrucción de sumarios administrativos, destinados a determinar la eventual existencia de responsabilidades individuales de funcionarios. Según pudo confirmar BioBioChile, la recomendación ya fue comunicada a los 57 servicios involucrados, y hasta el momento se han iniciado más de 40 sumarios para establecer posibles responsabilidades.
Los casos más delicados: cuatro organismos en la mira de la Fiscalía
Dentro de este universo, la revisión puso especial atención en nueve organismos, cuyos antecedentes fueron remitidos a la Contraloría General de la República (siete casos). De estos, cinco también fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE), y cuatro al Ministerio Público, para que la Fiscalía determine si existen hechos que puedan constituir delitos.
Según pudo establecerse, los cuatro organismos cuyos antecedentes fueron derivados a la Fiscalía son: la Subsecretaría de la Mujer, la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de Deportes y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) —esta última, un caso que ya hemos cubierto extensamente en ediciones anteriores a propósito de la investigación por presuntas coimas que involucra a los senadores Gahona y Calisto—. Por su parte, la ANID (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo) fue uno de los organismos cuyos antecedentes se enviaron específicamente al CDE. Otros servicios, como los ministerios de Vivienda, Agricultura y Transportes, recibieron instrucción de abrir investigaciones internas propias.
Un problema estructural de fondo
Más allá de los casos puntuales, uno de los hallazgos más relevantes del informe apunta a un problema transversal del Estado. Según el comité a cargo, «los antecedentes evidencian una dificultad estructural del Estado para realizar un seguimiento adecuado de las transferencias y sus rendiciones», particularmente en lo relativo a los recursos públicos traspasados a fundaciones y corporaciones privadas, debido a la falta de información consolidada y sistemas de control adecuados. Esta conclusión resuena directamente con varios de los casos que ya hemos investigado en profundidad durante los últimos meses, como el de ProCultura, la Corporación Santiago 2023, o el extravío de un acta de consulta indígena en el Ministerio del Medio Ambiente, todos ellos ejemplos concretos de esa misma falla estructural en el seguimiento de fondos públicos entregados a terceros.
Lo que viene
Con el cierre formal de la «Inspección Total», el foco pasa ahora a las instituciones que recibieron los antecedentes. La Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público deberán determinar, caso por caso, si los hallazgos remitidos ameritan acciones legales adicionales, mientras que los 57 servicios con recomendación de sumario deberán avanzar en sus respectivos procesos administrativos internos para establecer si existen responsabilidades funcionarias concretas. El Gobierno ha señalado que estos resultados permitirán, además, avanzar hacia un uso más riguroso y transparente de los recursos públicos hacia el futuro.
