El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirmó este martes que las agencias de inteligencia de su país cuentan con un análisis que vincula el origen de la violencia del estallido social de octubre de 2019 con «organizaciones de izquierda», declaraciones que generaron una reacción inmediata del Gobierno chileno, que citó al diplomático para pedirle formalmente los antecedentes que dice manejar.
Lo que dijo el embajador
En entrevista con CNN Chile, Judd fue consultado por los dichos que la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, había realizado días antes en el V Foro de Madrid, celebrado en Santiago, donde afirmó que «en Chile, extremistas de izquierda incendiaron estaciones de metro y destrozaron negocios mientras intentaban chantajear al país para adoptar una nueva Constitución».
Consultado sobre si el gobierno estadounidense manejaba información propia sobre el origen de esas movilizaciones, Judd fue categórico: «Cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda, la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron». Y agregó: «Solo tienes que ver a esos manifestantes. En su gran mayoría, estaban alineados ideológicamente con la izquierda. (…) En 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice es que, categóricamente, provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda».
El embajador aclaró, eso sí, que sus palabras no implicaban que agentes estadounidenses hubieran operado en territorio chileno: «cuando digo analizar, no digo que hayan venido a Chile a hacerlo». Al ser requerido por la fuente específica de su afirmación, apuntó de manera genérica a «inteligencia estadounidense, inteligencia chilena, la comunidad de inteligencia», sin identificar un documento o estudio concreto.
¿Ha compartido esa información con la justicia chilena?
Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue la respuesta de Judd sobre si esos antecedentes habían sido puestos a disposición de la justicia o las autoridades chilenas. Su respuesta fue clara: «Yo no he entregado esa información a la justicia chilena. Hasta donde sé, lo que ocurrió en 2019 no está en disputa en este momento». Sin embargo, dejó abierta la puerta a una eventual colaboración: «Si el gobierno chileno acudiera a nosotros y nos solicitara inteligencia específica, somos naciones que comparten información de inteligencia. Ambas lo somos. Así que, sin duda, pero hasta donde sé, no ha habido ninguna solicitud al respecto».
La respuesta del Gobierno de Chile
Horas después de conocidas las declaraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración pública informando que «ha convocado para este miércoles al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, con el objeto de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores». La Cancillería añadió que el Gobierno de José Antonio Kast «considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo».
Según se precisó, la gestión del Gobierno no se limita a la citación protocolar. La administración adelantó que pondrá los antecedentes a disposición de las instancias correspondientes una vez que los reciba y evalúe, con el objetivo explícito de determinar responsabilidades por los actos de violencia registrados durante el estallido social. Es decir, de obtener Chile información concreta y verificable de parte de Estados Unidos, esta podría derivar en nuevas diligencias ante la justicia u otros organismos competentes, siete años después de ocurridos los hechos.
Un episodio que sigue sin una conclusión oficial unificada
El estallido social, iniciado el 18 de octubre de 2019 tras el alza en la tarifa del Metro de Santiago, se extendió durante meses y dejó cerca de una treintena de fallecidos, miles de heridos y personas con mutilaciones oculares, además de derivar en el proceso constitucional que el país vivió entre 2020 y 2022. El origen exacto de los episodios de violencia más graves —incendios de estaciones de Metro, saqueos e incendios de comercios— ha sido objeto de investigaciones judiciales y comisiones parlamentarias en Chile durante años, sin que exista hasta ahora una conclusión oficial unificada sobre una coordinación política detrás de esos hechos específicos. Es en ese contexto que la afirmación categórica del embajador Judd —sin acompañarla, hasta el momento, de documentos o evidencia concreta presentada públicamente— ha generado tanto la reacción del Ejecutivo chileno como un intenso debate político.
Lo que viene
Con la citación fijada para este miércoles, la atención se centra ahora en si el embajador Judd efectivamente entrega antecedentes concretos a la Cancillería chilena, o si sus declaraciones quedan únicamente como una afirmación pública sin respaldo documental verificable. El resultado de ese encuentro será clave para determinar si este episodio se transforma en un antecedente judicial relevante para esclarecer responsabilidades del estallido social, o si permanece como una controversia diplomática sin mayores consecuencias prácticas.
