La Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda que hoy encabeza Jorge Quiroz, detectó un sobregasto de $10.615 millones en compras públicas realizadas mediante Convenio Marco durante 2022 y 2023, en pleno gobierno del expresidente Gabriel Boric, luego de constatar que distintos organismos del Estado optaron por adquirir productos a precios superiores a los de otras alternativas disponibles dentro del propio catálogo estatal de proveedores.
Cómo se detectó el sobregasto
El Convenio Marco es el catálogo de proveedores habilitados que utiliza el Estado para agilizar sus compras sin necesidad de recurrir a una licitación completa. El ejercicio de la Dipres consistió precisamente en revisar si, al momento de cada adquisición, existían dentro de ese mismo catálogo proveedores que ofrecían el mismo producto a un precio menor, y si la compra terminó realizándose de todas formas al proveedor más caro. El hallazgo quedó consignado en el segundo Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre de 2026 de la propia Dipres, y su desglose completo fue obtenido por La Tercera a través de la Ley de Transparencia.
Solo 28 entidades concentran casi todo el sobregasto
El dato más revelador del informe es la altísima concentración del problema. De todas las reparticiones públicas que realizan compras a través de este sistema, apenas 28 entidades acumulan el 91,2% del sobregasto total detectado. El listado lo encabeza Gendarmería, responsable por sí sola de 26,9% del total, equivalente a cerca de $2.835 millones. En segundo lugar aparece el Instituto Geográfico Militar (IGM), con 12,6% y aproximadamente $1.330 millones. Entre ambas instituciones concentran el 39,5% de todo el sobregasto identificado a nivel nacional.
Más atrás en el listado figuran distintos servicios de salud: el Servicio de Salud Metropolitano Sur (4,8%), el Metropolitano Oriente y el de Araucanía Sur (4,4% cada uno), el de Concepción (4,3%) y el Metropolitano Norte (4,2%).
En qué se gastó de más
Por categoría de producto, la gran mayoría del sobregasto se concentró en alimentos, que explican un 73,2% del total —cerca de $7.700 millones—, seguidos por insumos de aseo e higiene, con un 19,3% adicional. Los ejemplos específicos detallados por la Dipres son elocuentes: $437 millones de exceso en la compra de papas, $430 millones en pechugas de pollo deshuesadas, $348 millones en trutros de pollo y pavo, $255 millones en zapallos, $195 millones en plátanos, $144 millones en pañales y $66 millones en compras de jurel.
Un caso adicional, fuera del rubro alimentario, involucra al Servicio de Salud del Maule, que en 2022 adquirió 886 computadores HP por un monto cercano a los $595 millones. De esa cifra, alrededor de $34,2 millones fueron calificados como sobregasto, debido a que existía al menos un proveedor dentro del mismo convenio marco que ofrecía una alternativa más económica para el mismo equipo.
Las recomendaciones de la Dipres hacia adelante
A partir de estos resultados, la Dipres formuló dos recomendaciones concretas: primero, focalizar las revisiones y fiscalizaciones en los servicios y convenios marco que concentran las mayores proporciones de sobregasto —es decir, priorizar el control sobre Gendarmería, el IGM y los servicios de salud identificados—; y segundo, reforzar los incentivos para evitar ejecuciones innecesarias de recursos hacia el cierre de cada año presupuestario, advirtiendo que buena parte de este tipo de gasto excesivo tiende a concentrarse en los últimos meses del año, un patrón asociado a la necesidad de ejecutar el presupuesto disponible antes de que expire.
Parte de un esfuerzo más amplio de fiscalización
Este hallazgo se conoce en un momento en que el propio Ministerio de Hacienda, bajo la conducción de Jorge Quiroz, desarrolla una revisión más amplia de los recursos desembolsados por el Estado durante la administración anterior, en la línea de lo que ya hemos reportado extensamente a propósito de la auditoría «Inspección Total», que identificó 1.529 hallazgos en más de 500 servicios públicos y derivó en la apertura de más de 40 sumarios administrativos. El sobregasto detectado ahora por la Dipres en las compras de Convenio Marco se suma a ese mismo patrón de debilidades de control y gestión de recursos públicos que la actual administración ha ido documentando de manera sistemática durante todo este año, reforzando la necesidad de las revisiones y correcciones que el Gobierno ha impulsado desde su llegada a La Moneda.
