La Contraloría General de la República reveló que 485 funcionarios públicos permanecieron suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026 —período que coincide en su tramo final y más extenso con la totalidad del gobierno de Gabriel Boric—, mientras continuaban cobrando sus remuneraciones con normalidad, en algunos casos por más de cuatro años.
El hallazgo, en cifras
Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 de la Contraloría, fechado el 21 de septiembre de 2026, elaborado a partir de información solicitada a 669 organismos públicos (sin incluir municipalidades). El documento recuerda que, si bien el Estatuto Administrativo efectivamente permite suspender preventivamente a un funcionario investigado mientras dura un sumario y establece que en ese período debe seguir percibiendo su remuneración, lo que la revisión dejó en evidencia es la duración desmedida de muchos de estos procesos: 13 funcionarios acumulaban más de cuatro años suspendidos, otros 17 entre tres y cuatro años —sumando 30 casos que superaban los tres años—, a los que se agregan 44 funcionarios con suspensiones de entre dos y tres años, y 147 con entre uno y dos años.
El caso más extenso corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), con una suspensión estimada en cuatro años y siete meses. Le siguen un caso del SLEP Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y otro del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses. Solo los diez funcionarios con las suspensiones más prolongadas significaron, en conjunto, un desembolso fiscal estimado de $671.426.189.
Cobrando sueldo… y trabajando en otra parte
Entre los hallazgos más llamativos de la revisión figura que 22 funcionarios registraron otras actividades remuneradas mientras se encontraban suspendidos y cobrando su sueldo estatal, según el cruce de información realizado con el Servicio de Impuestos Internos. Es decir, mientras el Estado les pagaba una remuneración en su cargo suspendido, esas mismas personas generaban ingresos adicionales en otras actividades.
La Contraloría también detectó que dos funcionarios suspendidos se encontraban, al mismo tiempo, en prisión preventiva, sin que ello hubiese detenido el pago de sus remuneraciones. En un caso adicional que grafica el nivel de descontrol del sistema, el propio fiscal instructor que había decretado la suspensión de un funcionario terminó, a su vez, bajo esa misma medida disciplinaria. A esto se suman 20 trabajadores cuyos sumarios quedaron, en la práctica, sin nadie a cargo, ya que los fiscales instructores designados originalmente ya no trabajan en los respectivos servicios públicos.
El informe agrega, además, que decenas de funcionarios suspendidos viajaron al extranjero o asistieron a casinos de juego durante el período en que permanecían bajo investigación, cobrando su sueldo estatal sin ejercer funciones.
El caso de los $247 millones
Un informe específico de la Contraloría, el N°827, ilustra con crudeza el problema. Un exdirector ejecutivo de un programa estatal continuó recibiendo remuneraciones hasta el 16 de marzo de 2026 —el día previo al cambio de gobierno—, pese a estar suspendido de sus funciones, debido a la demora en resolver su procedimiento de remoción. En total, esa persona percibió pagos líquidos por $247.557.391 mientras su situación permanecía sin resolver.
Ese mismo informe detectó, además, seis contrataciones directas justificadas con argumentos genéricos como «continuidad del servicio» o «idoneidad de los postulantes», sin antecedentes que acreditaran una necesidad excepcional real para omitir un concurso público; funcionarios en situación irregular por más de un año, superando los límites normativos; gastos con recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) cuyo destino no pudo ser acreditado; y diferencias entre las horas extraordinarias autorizadas, ejecutadas y efectivamente pagadas, con informes de respaldo calificados como genéricos y repetitivos. Ante estos hallazgos, autoridades de Gobierno dieron la bienvenida al informe, en momentos en que la actual administración avanza en distintos frentes de fiscalización sobre la gestión heredada.
Un patrón que se repite
Este hallazgo se suma a otros que hemos reportado en las últimas semanas sobre el manejo de recursos públicos durante el gobierno anterior, como el sobregasto de más de $10.615 millones detectado por la Dipres en compras a través de Convenio Marco, o los 1.529 hallazgos identificados por la auditoría «Inspección Total». En todos estos casos, el denominador común es el mismo: una falta de seguimiento oportuno por parte de las instituciones del Estado, que permitió que recursos públicos siguieran fluyendo —ya sea en sueldos a funcionarios suspendidos por años, en compras a sobreprecio, o en fondos sin rendición clara— sin el control que la ciudadanía y el erario fiscal merecen.
La Contraloría dispuso esclarecer las eventuales responsabilidades administrativas por estos casos y adoptar medidas concretas para agilizar los procedimientos disciplinarios que aún se encuentran pendientes en distintos servicios del Estado.
