El Gobierno concretó este martes el noveno vuelo de expulsión de extranjeros del año, con 40 personas trasladadas hacia Perú y Colombia en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). Con este operativo, las expulsiones acumuladas durante 2026 llegan a 1.764, mientras que las salidas voluntarias —el otro pilar del Plan de Control Migratorio— alcanzan las 10.197, con un 79,13% correspondiente a ciudadanos venezolanos.
Las cifras que destaca el Gobierno
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló el balance del año: «Las expulsiones durante el año 2026 llegan a 1.764 extranjeros. En promedio, se han expulsado 200 extranjeros mensuales y más de 6 expulsiones diarias». Sobre las salidas voluntarias, fue enfático: «Lo más relevante que quisiéramos destacar es que en lo que va del año 2026 se han registrado 10.197 salidas voluntarias efectivas. Un 79,13% son venezolanos, que han salido del orden de 7.200 ciudadanos venezolanos que estaban en condición irregular».
Sumando ambas cifras, el total de extranjeros que han dejado el país en 2026 supera las 11.900 personas.
Una estrategia que prioriza las salidas voluntarias
Desde el Gobierno han insistido en que las salidas voluntarias son, junto con las expulsiones, el eje central de la estrategia migratoria. Representan una vía «más económica para el país», según ha explicado el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y explican por qué la cifra de salidas voluntarias más que sextuplica el número de expulsiones formales.
El nudo pendiente: Venezuela
El principal obstáculo para profundizar las expulsiones formales sigue siendo la falta de un acuerdo político con Venezuela para recibir vuelos de expulsión directos, lo que explica que buena parte de la salida de venezolanos se concrete por la vía voluntaria y no por expulsión. Según declaró Sauerbaum a fines de septiembre, Chile ya cuenta con un salvoconducto autenticado para ciudadanos venezolanos sin documentos, y estaría «muy cerca» de un acuerdo político para retomar vuelos con destino a ese país.
Contexto presupuestario
El plan también ha requerido ajustes de financiamiento. En agosto se agotaron los $4.000 millones inicialmente aprobados para expulsiones, por lo que el Ministerio del Interior gestionó $1.700 millones adicionales para sostener el ritmo de los operativos.
