La firma que reabre el debate constitucional
El presidente José Antonio Kast firmó el lunes, en una ceremonia realizada en el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda, el proyecto de reforma constitucional que da sustento legal a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). «Hoy no estamos firmando una declaración de buenas intenciones, estamos dando un paso decisivo frente a lo que es, sin duda, el desafío de nuestro tiempo en materia de seguridad», afirmó el Mandatario, quien remató su intervención con una frase que resume el sentido político de la iniciativa: «sin seguridad no hay libertad».
La reforma contempla cinco ejes centrales: consagrar expresamente en el artículo primero de la Constitución que la seguridad pública es un deber del Estado, crear un nuevo estado de excepción constitucional focalizado para actuar en barrios o territorios capturados por el crimen organizado, establecer un registro de organizaciones criminales y terroristas, disponer regímenes penitenciarios diferenciados, y facilitar la incautación de bienes de estas organizaciones. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sintetizó el alcance del proyecto: «es una reforma constitucional en tres ejes, bien acotada, para dar algunas funciones y atribuciones nuevas en términos de seguridad. Son herramientas nuevas».
Kast envió la iniciativa al Senado con «suma urgencia» y pidió al Congreso un debate «rápido» y con «altura de miras».
El análisis: «el Gobierno comienza a jugar de local»
Más allá del contenido técnico de la reforma, el verdadero valor político del anuncio está en el terreno que elige para dar la pelea. El analista Pepe Auth, en el podcast Política para Adultos de El Líbero, fue categórico al describir el movimiento: «el gobierno comienza a jugar de local y pasa a una fase siguiente», señalando que «el Presidente se mueve con mucha más fluidez y conexión con este tema que lo llevó al poder». Según Auth, la explicación del triunfo electoral de Kast fue precisamente que una mayoría lo identificó como el candidato más capacitado para enfrentar el problema del orden público, y advirtió sobre una diferencia clave respecto al debate económico previo: «el discurso opositor de ‘ricos versus pobres’ funcionaba para la reforma económica, pero el discurso opositor de los comunistas de ‘carabineros versus ciudadanos’ no funciona» en seguridad.
La proyección de Auth sobre la votación en el Congreso fue específica. Calculó que la reforma constitucional y la mayoría de las medidas contenidas en la ACOT serán aprobadas por entre 80 y 90 diputados en la Cámara, y entre 35 y 45 senadores, dejando una imagen elocuente del escenario legislativo que se viene: «el Partido Comunista quedará solo o acompañado de la mitad del Frente Amplio».
El exministro y abogado Gerardo Varela, también en el mismo espacio, planteó que el debate sobre seguridad ordenará al sector oficialista: «en materia de seguridad la derecha no se confunde. Lo único que es capaz de disciplinar a la derecha son los votos. Y yo creo que los votos de la masa electoral de derecha es: ‘¿sabe qué más? Yo quiero salir a la calle tranquilo'».
El nudo interno del Partido Socialista
El punto más interesante del tablero político, sin embargo, no está en el oficialismo, sino en el Partido Socialista. El anuncio de Kast golpeó de lleno en medio de un congreso programático que el PS lleva adelante a nivel nacional para redefinir sus principios ideológicos tras la derrota electoral de la izquierda. En ese proceso —que incluye comisiones regionales, grupos temáticos y figuras históricas del partido—, la seguridad ha sido identificada como uno de los ejes estratégicos con los que el socialismo busca diferenciarse del Frente Amplio y el Partido Comunista, y así recuperar el liderazgo dentro de la izquierda chilena.
El riesgo, reconocido dentro de la propia colectividad, es que ese esfuerzo de renovación quede debilitado si el PS termina alineándose con el FA y el PC en el rechazo a la agenda de seguridad del Gobierno. El exministro y militante histórico Insulza fue franco sobre sus propias dudas: «mi razón me dice que debo tener una alta expectativa respecto de eso, pero temo que eso no vaya a ocurrir. Nosotros tenemos que tener una discusión que afine mucho nuestros principios».
La estrategia socialista: abrirse, pero sin comprometerse del todo
Consciente de la presión, el PS ha optado por una postura cautelosa, distanciándose del rechazo inmediato que sí mostraron el Frente Amplio y el Partido Comunista frente al anuncio. El diputado socialista Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad, marcó la línea: «esperamos conocer los proyectos de ley y darles una adecuada tramitación, pero proyectos que entreguen mayores herramientas de persecución criminal y no solo un aumento de penas que, en definitiva, no tiene una sanción efectiva». El PPD, socio histórico del PS, adoptó una postura similar: su presidente, Raúl Soto, señaló que evaluarán «cada proyecto en su mérito, punto por punto», con una «predisposición positiva».
La incomodidad paralela en el Frente Amplio
El desafío no es exclusivo del PS. El Frente Amplio atraviesa su propio proceso de redefinición ideológica —hace algunas semanas se autodenominó «partido socialista»— y, aunque en el PS consideran poco probable que ese sector se sume a la agenda de seguridad en el Congreso, reconocen que la demanda de orden sí tiene eco en algunos de sus liderazgos más relevantes. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, una de las figuras con mayor proyección del Frente Amplio, ya había planteado en junio, en entrevista con El Mercurio, una idea que choca con la posición más dura de su sector: «la idea de orden tiene que estar presente en un proyecto progresista».
Lo que viene
Con la reforma ya en el Senado y el resto del paquete de proyectos de la ACOT comenzando su tramitación, las próximas semanas serán determinantes tanto para el Gobierno como para la oposición. Para La Moneda, el desafío es sostener el mismo ritmo de negociación que le permitió despachar la megarreforma económica. Para el PS, el plazo es aún más acotado: el partido espera cerrar la primera etapa de su discusión ideológica interna a fines de este mismo mes de agosto, justo cuando el debate legislativo sobre seguridad recién comienza a tomar forma en el Congreso.
