La más reciente Encuesta Criteria, dada a conocer este domingo, confirmó que la agenda de seguridad del Gobierno del Presidente José Antonio Kast cuenta con un respaldo ciudadano mayoritario: un 62% de los encuestados se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo con realizar cambios a la Constitución para dotar al Estado de nuevas herramientas en materia de seguridad, frente a un 29% que se declaró en desacuerdo y un 9% sin una posición clara.
Una reforma ampliamente conocida
El sondeo reveló además un altísimo nivel de conocimiento de la iniciativa. Un 89% de los consultados afirmó haber visto, leído o escuchado información sobre la reforma constitucional en seguridad presentada recientemente por el Ejecutivo. Se trata de un nivel de exposición pública poco habitual para una discusión de carácter constitucional, lo que sugiere que el debate ha logrado instalarse con fuerza en la agenda pública más allá del círculo especializado.
Respaldo mayoritario al núcleo de la propuesta
El corazón de la reforma —la posibilidad de crear un nuevo estado de excepción constitucional que permita al Gobierno de turno, actual o futuro, adoptar medidas extraordinarias por un máximo de 240 días ante amenazas graves a la seguridad— también obtiene un respaldo mayoritario, aunque más moderado: 55% se manifestó a favor, frente a un 33% en desacuerdo. Una de las atribuciones específicas asociadas a este mecanismo, permitir que las Fuerzas Armadas colaboren con Carabineros y la Policía de Investigaciones en labores de seguridad, alcanza un respaldo aún mayor: 69% de aprobación.
Donde el consenso se quiebra
Sin embargo, la encuesta también deja en evidencia que el respaldo ciudadano no es uniforme cuando se pregunta por atribuciones más intrusivas. La posibilidad de que la autoridad pueda interceptar o registrar comunicaciones privadas divide al país exactamente por la mitad: 44% a favor y 44% en contra. El resto de las medidas específicas consultadas concitan mayoritariamente rechazo: un 49% se opone a que se pueda requisar bienes, un 54% rechaza restringir la libertad de desplazamiento de las personas, y un 56% se manifiesta en contra de limitar el derecho de reunión.
Este contraste —amplio respaldo a la idea general de reformar la Constitución en seguridad, pero resistencia a herramientas puntuales más invasivas— es, según ha destacado la propia Criteria, uno de los hallazgos más relevantes de la medición. La ciudadanía distingue con claridad entre el objetivo declarado de la reforma y el detalle de las facultades que esta podría otorgar.
La seguridad, el terreno más favorable para el Ejecutivo
El resultado confirma una tendencia que Criteria ya había registrado en su medición del 16 de agosto, difundida tras el inicio de la Operación Cancerbero. La seguridad ciudadana se consolidó como la principal prioridad nacional, con un 28% de las menciones como primera urgencia, por delante de la salud pública (16%), el empleo (15%) y la reactivación económica (12%). En esa misma medición, al ser forzados a elegir entre seguridad y libertad, un 73% de los encuestados optó por priorizar la primera, incluso si ello implicaba ceder ciertas libertades individuales.
Medidas concretas de la agenda de seguridad del Gobierno también concitan un respaldo muy amplio. El despliegue policial permanente en 50 barrios considerados críticos cuenta con 90% de aprobación, un régimen penitenciario especial para narcotraficantes alcanza 84%, el reforzamiento de fronteras con tecnología y monitoreo llega a 82%, y una mayor protección legal para policías y militares en situaciones de legítima defensa suma 75% de respaldo.
En conjunto, el sondeo retrata a un Gobierno que, pese a mantener una aprobación estancada y enfrentar una evaluación negativa en materia económica, encuentra en la agenda de seguridad —y particularmente en la propuesta de reforma constitucional— uno de sus principales activos frente a la opinión pública.
