El Congreso despachó este martes la ley que amplía de 12 a 24 horas el plazo de flagrancia para la detención de sospechosos de un delito, convirtiéndose en la primera iniciativa de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno de José Antonio Kast en completar su tramitación legislativa. El propio Mandatario celebró el hito: «Esto permitirá a nuestras policías contar con más tiempo para investigar, actuar y poner a disposición de la justicia a quienes cometen delitos. Cuando se trata de seguridad, los acuerdos importan (…) La seguridad de los chilenos no puede esperar».
Una ley respaldada con unanimidad
La votación en la Cámara de Diputados reunió el respaldo de los 125 diputados presentes, tras la aprobación del informe de la comisión mixta que resolvió las diferencias con el Senado. Esta unanimidad transversal confirma lo que el Presidente destacó en su mensaje: que en materia de seguridad, cuando el Gobierno pone la agenda y la voluntad política, los acuerdos son posibles y rápidos. La iniciativa se tramitó con urgencia asignada directamente por el Ejecutivo, lo que permitió acelerar su paso final por el Congreso.
El sello de Renovación Nacional en la agenda de seguridad
Un dato que refleja la coherencia y la trayectoria del actual Gobierno en esta materia es que el proyecto se originó en una moción presentada en diciembre de 2023 por un grupo de senadores de Renovación Nacional, entre los que se encontraba el actual ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot. Es decir, el mismo sector que hoy conduce el Ejecutivo ya venía impulsando esta herramienta concreta contra la delincuencia desde hace más de dos años, y fue precisamente bajo el Gobierno de Kast que la iniciativa logró, finalmente, convertirse en ley.
En la recta final de la negociación, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tuvo un rol determinante para destrabar las diferencias entre ambas cámaras, gestión que fue reconocida de manera transversal durante la votación.
Qué cambia con la nueva ley
La normativa modifica el artículo 130 del Código Procesal Penal y establece que, en determinadas hipótesis de flagrancia, los agentes policiales —Carabineros, PDI y Gendarmería— podrán detener hasta un máximo de 24 horas desde la comisión del hecho, mientras que para la Autoridad Marítima el plazo se extiende a 48 horas, considerando los mayores tiempos de traslado que enfrentan las unidades navales.
La ampliación se aplicará específicamente cuando una persona sea encontrada con objetos, señales o instrumentos vinculados al delito; cuando sea señalada por víctimas o testigos presenciales; o cuando aparezca registrada en sistemas de televigilancia. Además, la ley entrega a las policías facultades autónomas para desarrollar diligencias investigativas —como la recopilación de pruebas y la toma de declaraciones— sin necesidad de esperar autorización previa de un fiscal, y las habilita para requerir directamente a dueños de sistemas de televigilancia la entrega voluntaria de sus registros, así como para coordinarse con entidades públicas o privadas cuando ello sea útil para asegurar una detención.
El respaldo del Fiscal Nacional
El fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró en duros términos la necesidad de esta herramienta: «Esas 24 horas son especialmente claves cuando se trata de delitos de alta connotación social y de menor complejidad. Estoy pensando en los robos, los portonazos y los abordazos». Y fue enfático respecto de las limitaciones que enfrentaban hasta ahora las policías: «Las policías necesitan tener mayores facultades de actuación autónoma. No puede ser que nuestro Código les exija estar pidiéndole una autorización al fiscal para la realización de un conjunto de diligencias que son casi obvias».
Más herramientas, misma exigencia de justicia
Desde Renovación Nacional remarcaron que esta ampliación de plazos no debilita ninguna garantía procesal: «esto no significa ampliar arbitrariamente la privación de libertad ni eliminar el control judicial». Lo que la ley entrega es, simplemente, más tiempo real de acción para las policías en el momento más crítico de cualquier investigación: las primeras horas tras cometido un delito, cuando la evidencia es más frágil y las posibilidades de identificar y detener a los responsables son más altas. Como resumieron parlamentarios de la bancada oficialista: «la delincuencia no puede tener más ventajas que quienes la combaten».
El primer paso de una agenda que sigue avanzando
Con esta ley ya despachada, la ACOT del Gobierno de Kast suma su primer resultado concreto en el Congreso, en momentos en que el Ejecutivo mantiene activas otras 22 iniciativas de la misma agenda, varias de ellas con discusión inmediata. El despacho de la ley de flagrancia confirma que, cuando existe decisión política y una hoja de ruta clara, la agenda de seguridad del Gobierno logra avanzar y transformarse en herramientas reales para las policías y en mayor protección para las familias chilenas.
